La tarjeta de presentación de los dos últimos directivos externos contratados en la corporación Radio Tele­visión Española (RTVE) incluía el despido de 390 personas de otra empresa. Juan Guía y María José Bultó entraban en “la casa” con idéntico puesto que el desempeñado en Ineco, la empresa pública que abandonaban: respectivamente director económico-financiero y directora de recursos humanos. Todo esto en medio de la negociación del convenio colectivo que afecta a una plantilla de 6.000 personas y que finalmente ha supuesto una reducción de 28 millones de euros en gastos de personal.

Contratos a dedo

El diputado Joan Baldoví i Roda, de Compromìs-Equo, soltaría la acusación en sede parlamentaria el 18 de diciembre durante la comparecencia de Echenique en la comisión de control de RTVE. Apenas un día antes, la dirección había destituido al director de desarrollo de negocio del área de medios interactivos, Francisco José Asensi Viana, por incumplimiento de la ley de incompatibilidades que afecta a los cargos públicos. La respuesta de Echenique: “Usted no puede verter aquí insinuaciones insidiosas, es falso que esos contratos se hagan a dedo”. Y añadía: “En todo caso la gran mayoría de esas contrataciones se efectuaron antes de mi mandato”.

“Claro que hay contrataciones a dedo”, señala tajante Mario Vallejo, redactor en la web de RTVE y miembro de CGT. Este sindicato fue el encargado de destapar las incompatibilidades que llevaron a la destitución de Asensi. Con datos del registro mercantil, la central demostró que, durante parte de su mandato en RTVE, Asensi fue también consejero de dos empresas cuyo objeto social chocaba con su propio desempeño como directivo según la ley 53/1984: una gestora de derechos audiovisuales llamada Bosque de Nottingham y Recotech, una empresa de programación de videojuegos para contenidos televisivos. Asensi declaró a DIAGONAL que él no contrató a estas empresas por no disponer ni siquiera de firma autorizada en RTVE para hacerlo, algo que repetiría Eche­nique ante la comisión parlamentaria de control. El director de RTVE señaló que la falta de Asensi, y supuesto motivo último de su cese, fue “más formal que sustantiva”al no haber hecho la declaración de compatibilidad a la que le obligaba la ley.

Transparencia cero

“Es sintomático que de algunos nombramientos no haya ni nota interna ni nota de prensa. No se entiende cómo en un organismo público tan importante se nombren responsables sin ni siquiera informar a la opinión pública”, insiste Vallejo, de CGT. De hecho, la única explicación pública sobre la destitución de Asensi obedeció a la pregunta parlamentaria.

Sólo en la etapa de Echenique han entrado 10 puestos directivos externos. “Hubo unas cuantas contrataciones más de importantes responsables editoriales sin cargo directivo que actúan como censores políticos”, denuncia Vallejo, que destaca el hecho de que la empresa cuenta al mismo tiempo con más de mil periodistas en plantilla, “la mayoría han entrado tras haber superado un concurso público”. De ninguno de ellos, sean internos o externos, se conoce un dato tan básico como su sueldo.

La exigencia de una auditoría ciudadana sobre los criterios de contratación, los presupuestos o la política de subcontrataciones va tomando cuerpo entre algunos sectores de la plantilla con apoyo desde fuera. El economista Lluis Rodríguez, del sindicato CNT, es uno de estos apoyos externos. Como parte de un grupo de trabajo que ya bucea entre la información disponible, Rodríguez certifica que la gestión de RTVE no es transparente. “La BBC, por ejemplo, publica en detalle cuánto paga a sus directivos y por qué conceptos”, destaca.

Ni siquiera la comisión parlamentaria de control tiene claro cuánto cobran los directivos de RTVE. En la misma sesión de control, la diputada de UPyD Irene Lozano afirmaba que su grupo tenía noticia de dos irregularidades: la subida de un 10% en los pluses cobrados por los directivos de RTVE una semana antes de la firma del nuevo convenio y el hecho de que “ciertos ejecutivos podrían estar triplicando el límite de 105.000 euros anuales de sueldo” marcado por el Real Decreto que desde 2012 fija ese máximo para los directivos de empresas públicas de gran tamaño. Echenique negaba tajantemente ambas afirmaciones, si bien con la matización poco tranquilizadora de que el Real Decreto es “muy preciso” en su terminología y no habla de sueldos sino de “salario base”.

La diputada había comenzado su intervención precisamente denunciando que ni siquiera como aforada tenía acceso a esa información exacta. Echenique se limitó a destacar que el número de directivos de la corporación se había reducido de 244 a 182, y que el importe total de sus retribuciones se ha reducido en un 20% durante su mandato.