El 1 de noviembre de 1988 llegó a la
playa de los Lances de Tarifa el primer
cadáver de un inmigrante ahogado.
En los días sucesivos, otros
diez cuerpos fueron recuperados.
Otros siete nunca fueron encontrados.
Era la primera patera que llegaba
a las costas españolas: 23 marroquíes
intentaban llegar a Europa por
el tramo más corto del Estrecho, tan
sólo 14 kilómetros de distancia. Por
aquel entonces, el fenómeno de los
desplazamientos en pateras todavía
no había llamado la atención de la
opinión pública y de los gobiernos
europeos, aunque con cierta regularidad
seguían llegando migrantes a
las costas andaluzas, sobre todos
provenientes de Marruecos. Fue a
partir de finales de los ‘90 cuando
los gobiernos europeos empezaron
a considerar las pateras como un
problema de seguridad para la naciente
‘Europa fortaleza’, poniendo
en marcha diferentes dispositivos
para el control de las costas con la
colaboración y la complicidad de los
gobiernos del otro lado del Estrecho.
Todo eso obligó a modificar las
rutas migratorias: las Islas Canarias
se convirtieron en el destino favorito
de embarcaciones que salían mayoritariamente
de países del África
subsahariana, un recorrido aún más
largo y peligroso que el anterior.
Han pasado 20 años y diferentes
asociaciones internacionales calculan
que han muerto más de 18.000
personas intentando llegar a
Europa. Sólo durante este último
año, ha sido comprobada la muerte
de 443 inmigrantes en el intento de
cruzar las fronteras, aunque, como
señalan varios informes, es muy difícil
hacer un cálculo exacto de las
víctimas. Para conmemorar esta fecha
y para recordar todas las muertes
que está provocando la política
de inmigración europea, organizaciones
como la red Andalucía Acoge
y la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, el pasado 1 de
noviembre convocaron concentraciones
en Tarifa, Huelva, Málaga,
Tánger y Larache. Los actos recordaron
a todas las personas que han
fallecido en el intento de buscar una
vida mas digna, para exigir a los gobiernos
la adopción de una política
europea respetuosa con los derechos
humanos y acciones concretas
para el desarrollo de políticas económicas
y sociales de atención a los
países empobrecidos y para “dejar
de mirar al otro lado”.