No da trabajo a tantas personas ni sus beneficios son tan inmediatos como los de la sanidad y la educación, pero la ciencia es también un servicio público, lleva años sufriendo los recortes y quiere tener su propia marea: roja, como las camisetas de sus últimas movilizaciones.

La fecha elegida para su estreno es el viernes 27 de septiembre, cuando una manifestación recorrerá las calles de Madrid en un día doblemente significativo para la comunidad científica. Si por la mañana el Gobierno presenta a las Cortes el borrador de los Presupuestos Gene­rales del Estado (PGE) para 2014, en los que la I+D se juega mucho, al término de la jornada se celebra la Noche de los Investigadores, un evento de divulgación que pretende dar a conocer los beneficios sociales que reporta la actividad científica.

Convocada por la Asamblea Gene­ral de Ciencia, que surgió en julio en el Consejo Superior de Investi­gaciones Científicas (CSIC) después del ‘corralito’ impuesto por la dirección a los ahorros de los centros y grupos de investigación, la protesta ha hecho suyas las reivindicaciones del colectivo Carta por la Ciencia. Este grupo ha planteado a los partidos políticos una serie de puntos de cara a la negociación de los PGE. El primero y más urgente es la recuperación de los niveles de 2009 en la inversión pública en I+D a lo largo de los próximos tres años, lo que en 2014 supondría incrementar 636 millones de euros el gasto en ciencia.

Cuatro años de recortes

La cantidad que el Estado destina al sector ha pasado de 4.276 millones de euros en 2009 a 2.267 en 2013, “una caída del 47% que ningún sistema puede afrontar sin romperse”, denuncia Alicia Durán, investigadora del CSIC del área de materiales. In­tegrante de CC OO, uno de los grupos que impulsan la Carta por la Ciencia, Durán explica que lo que se exige al Gobierno es un incremento del gasto real (personal, inversiones, proyectos, etc.) y no de los créditos contemplados en la sección de los PGE dedicada a la I+D. A su juicio, estos créditos, que desde 1999 superan al gasto real, “se utilizan para maquillar la inversión, porque durante años se han dedicado a financiar fabricación de armamento, telecomunicaciones e infraestructuras de la sociedad de la información y porque en muchos ejercicios un porcentaje elevado no llega a ser ejecutado”. Y añade: “En los años de bonanza, el grueso del aumento de los fondos en I+D se ha basado en los activos financieros pero cuando ha llegado la crisis el ajuste ha sido mayor en el gasto real”.

¿Gastar más en ciencia en tiempos de crisis? José Manuel Fernández, químico agrícola e investigador posdoctoral en el CSIC, tiene claro el sí: “Los pueblos más informados y de mayor nivel cultural son los más difíciles de manipular y con menor nivel de corrupción. Además, existe otro aspecto más tangible de la I+D: conduce a invenciones útiles para la sociedad. La medicina cura cada vez más enfermedades, los rendimientos agrarios, ganaderos y de piscicultura crecen, existen diferentes métodos para obtener energía, se producen productos de manera más respetuosa con el medioambiente, etc”, resume Fernández. “Hay varios estudios que muestran que cada euro invertido en ciencia se multiplica por un mínimo de cinco, es por ello que no me gusta hablar de subvención en I+D sino de inversión, porque al final ese dinero se recoge como beneficio social”.

Este miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI/Precarios), otro de los colectivos que forma parte de la Carta por la Ciencia, señala que actualmente “la inversión en I+D oscila en torno al 0,5% del PIB, mientras que países como Francia o Alemania dedican alrededor del 2%. Si nuestro país hubiese dedicado esa cantidad durante años en vez de basar nuestra economía en aspectos tan etéreos como el turismo, los servicios o la construcción habríamos sido capaces de soslayar mucho mejor la crisis”.En 2011 el sector privado redujo en un 5,4% su inversión en ciencia, disminuyendo aun más su contribución al gasto total en I+D, que en 2010 se había situado en un escaso 43%. El hecho de que la contribución empresarial al sector esté tan lejos del 66,7% fijado entre los objetivos de la Unión Europea supone que los efectos en la reducción del gasto público sean enormes. “Los continuos recortes están llevando al sistema a estar cada vez más cerca de un punto de no retorno en el que habremos perdido, no sólo investigaciones de gran valor, sino también a una de las generaciones mejor preparadas de la historia de este país”, afirma Fernández.

Generación perdida

Los recortes se han llevado por delante el empleo temporal de la I+D, ocupado en su mayor parte por las generaciones más jóvenes. Durán calcula que, desde 2012 y hasta finales de 2013, el CSIC habrá perdido 2.300 puestos de trabajo de un total que rondaba los 15.000 al inicio del periodo. La cifra es consecuencia de la desaparición del programa de formación JAE, del retraso y la reducción del número de contratos en las convocatorias de FPI, FPU, Ramón y Cajal y otros contratos de doctores; de una tasa de reposición del 10% del personal científico (que no llega a respetarse) y la congelación del resto de personal en caso de jubilaciones; así como de la extinción de contratos por obra y servicio ligados a proyectos de investigación. “Lo que hemos hecho es regalar el dinero, el tiempo y el esfuerzo que hemos invertido en los jóvenes y ya no tan jóvenes, para que lo aprovechen en Alemania, Francia, Suecia o Noruega”, critica la representante de CC OO.

Es por eso que todas las voces consultadas por DIAGONAL coinciden en reclamar una carrera investigadora clara y definida, es decir, “que cuando una persona entre como becaria o con un contrato de formación tenga una carrera clara que seguir, que sepa cuánto tiene que pasar hasta tener un contrato fijo”, explica Durán. Para su sindicato también es necesario que el personal técnico y de gestión cuente con una carrera propia: “Con el personal de gestión disponible actualmente no es posible dar el mínimo soporte necesario a las actividades de investigación, en particular a la gestión de proyectos europeos; mientras que la disminución drástica de personal científico en formación ha dejado los laboratorios desiertos, lo que pone de manifiesto la falta de una plantilla estable de técnicos de laboratorio”.

La sangría de puestos de trabajo se ha visto acompañada por la incertidumbre y falta de recursos que han provocado las ausencias y continuos retrasos en las convocatorias del Plan Estatal de Investigación, un mecanismo para financiar los proyectos de investigación. El primer pago de la convocatoria de 2011 no ha llegado a los grupos de investigación hasta julio de 2013, mientras que las convocatorias de 2012 y 2013 ni siquiera se han publicado. “Dichos retrasos rompen por completo cualquier intento de planificación, tanto científica como laboral y personal”, critica el investigador del Centro de Investi­ga­ciones Biológicas del CSIC Manuel Carmona, de la plataforma InvestigAcción impulsora de la Asamblea General de Ciencia.

Para agravar la situación, en 2013 no ha habido convocatoria europea de proyectos de investigación por tratarse del último año del VII Programa Marco, y el presupuesto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha visto reducido en un 80% el capítulo 7 de subvenciones en sólo tres años; subvenciones que se utilizan prioritariamente para pagar los contratos de los centros de investigación con el sector privado. Además, muchas empresas han dejado de pagar los contratos directos con los centros: “Sólo el CSIC acumula nueve millones de impagados”, señala Durán.

Ciencia inestable

La inestabilidad a la que está sometido el sistema de I+D hacen que otra reivindicación unánime del colectivo científico sea el establecimiento de un marco político y económico a largo plazo para la I+D. En palabras de Carmona, esto supondría la “creación de una agencia independiente con presupuesto plurianual que se rija por criterios científicos y que permita que la actividad de la I+D esté libre de vaivenes políticos y orientada a los retos de la sociedad y el conocimiento”. A ello el miembro de InvestigAcción añade el “establecimiento de un calendario estable de convocatorias que se mantenga fijo anualmente y cuyos plazos, tanto de presentación como de resolución, se cumplan de manera estricta”. Contar con una financiación sostenida supondría un cambio sustancial en la política de I+D, cuyos presupuestos a lo largo de los últimos 25 años han crecido y se han contraído en tasas muy superiores al ciclo económico, al contrario de lo que ocurre en otros países, que aumentan o al menos mantienen la inversión en tiempos de crisis.

Fernández sintetiza la situación actual de la I+D de la siguiente forma: “Se había logrado un cierto crecimiento del sistema I+D español, que sin estar aún al nivel de otros países europeos, sí que mantenía una gran competitividad y producción científica. Todo ello se está viniendo abajo, los recortes destruyen rápidamente aquello que se tarda muchos años en construir”.

“Mi opinión personal es que este gobierno no tiene ninguna intención de apoyar ningún servicio público, incluida la I+D, y pretende dejarlos todos en manos privadas, para beneficio exclusivamente de unos pocos”, explica el investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa Javier Sánchez Perona. Para este miembro del colectivo andaluz Ciencia con Futuro, que ha recogido en internet más de 275.000 firmas para el manifiesto Salvar al CSIC, “la verdadera intención [del Gobierno] es que la ciencia española muera por inanición y que sus residuos (investigadores, centros, equipamientos, etc.) se empleen para servir al sector privado y fundamentalmente a grandes corporaciones”.

Evitar ese destino es lo que se propone la marea roja, que el 27 de septiembre a las 19 horas partirá de la Plaza de Murillo, frente a la entrada del Jardín Botánico de Madrid.