josé antonio gonzález pacheco alias “Billy el niño”, y el ex escolta de franco y el rey, imputados
La justicia argentina persigue a los torturadores del último Franquismo

La jueza María Servini ha dictado órdenes de arresto contra cuatro ex miembros de las fuerzas de seguridad activos en los últimos años de la dictadura. Se esperan más imputaciones.

, Madrid
24/09/13 · 13:38
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Carlos Slepoy, abogado argentinmo impulsor del juicio a diversos genocidas como Pinochet. / Dani Gago

Han pasado casi tres años y medio desde que Darío Rivas, hijo del alcalde republicano de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Hol­gado, familiar de desaparecidos, interpusieran una querella contra los delitos de lesa de humanidad cometidos durante el Franquismo. Lo hicieron en un juzgado de Buenos Aires, acompañados por la Aso­ciación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y colectivos argentinos de derechos humanos, un mes antes de la apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. En aquel momento era ya evidente que en España cualquier iniciativa judicial sería torpedeada. La querella se presentó el 14 de abril de 2010 y la semana pasada el proceso judicial dio un paso sin precedentes: la jueza argentina encargada del caso, María Servini, ha dictado órdenes internacionales de arresto preventivo con fines de extradición contra cuatro torturadores del tardofranquismo. Se trata del ex inspector José Antonio González Pacheco, alias ‘Billy El Niño’, el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco, –acusado de la muerte del estudiante Enrique Ruano– Celso Galván Abascal y el ex comisario José Ignacio Giralte González. Se enfrentan a penas de entre ocho y 25 años de cárcel.

“La verdad es que no esperaba esta decisión; la jueza nos venía desilusionando, postergaba audiencias y no nos daba esperanzas”, admite Inés García Holgado. “Fue una hermosa sorpresa”, reconoce. “Nuestro objetivo es la extradición, juzgarlos y, si no, que no puedan salir del país; también queremos que se dicten órdenes de detención contra los que dictaron sentencias judiciales y las firmaron”, espera García Holgado.

A tenor de los impedimentos del Gobierno español en este proceso –el último provocó la cancelación de las videoconferencias previstas el pasado mayo– no parece previsible que vayan a acatar las órdenes de detención y extraditar a los imputados. La posibilidad jurídica existe gracias al tratado de extradición entre los dos países. Pero a pesar del contexto legal favorable, las expectativas son moderadas. La Audiencia Nacional es el organismo que marcará el criterio a seguir. La Fiscalía de este tribunal ha expresado su oposición a las detenciones, alegando que los hechos están prescritos y los sucesos que se les atribuyen a los cuatro imputados están archivados por la ley de Amnistía de 1977. No podrán salir nunca del territorio español, a expensas de ser detenidos por Interpol.

Mientras, el proceso continúa y se esperan las órdenes de detención contra los siguientes cinco responsables de la dictadura para los que se pidieron imputaciones. Entre ellos figura Rodolfo Martín Villa y el ex ministro y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, José Utrera Molina. Ahora, los abogados de la querella presentarán nuevos imputados y aportarán pruebas adicionales.

En el apartado testimonial, las víctimas prestarán declaración el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador. Lo harán en Argentina, acompañados por un grupo de parlamentarios y alcaldes españoles. Todavía no se ha determinado si, quienes no puedan realizar el viaje a Buenos Aires, prestarán declaración antes de esa fecha por videoconferencia, según ha explicado a DIAGONAL Ana Messuti, una de las abogadas. Actualmente, la causa cuenta con cerca de 170 querellas.

“En 2005, mi padre estaba muy mal de salud; en esa época comencé a averiguar datos del pasado y él comenzó a recuperarse; fue algo balsámico”Los querellantes –la mayoría integrados en la red de apoyo ciudadano Ceaqua– solicitaron el pasado marzo las primeras imputaciones. Mientras el proceso se ha ido dilatando, diferentes plataformas de apoyo han surgido por todo el territorio español. A través de las mismas se han captado apoyos y se han adherido a la querella partidos políticos, diputados, sindicatos, colectivos y particulares. Un centenar de ayuntamientos y demás instituciones han aprobado mociones de adhesión a la querella en los últimos meses. Con este respaldo, una comitiva viajó a Buenos Aires a principios de septiembre para reunirse con la jueza Servini. Volvieron con el apoyo de parlamentarios argentinos gracias a una resolución de condena a los crímenes de la dictadura y a su impunidad. Asimismo, Soledad Duque, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños compareció ante Servini en el marco de la causa de los bebés robados.

El auto de detención

El auto de la jueza argentina por el que se emiten las órdenes de detención es un extenso texto que recoge el itinerario seguido desde la presentación de la querella en 2010. Ahí se plasman las respuestas que el Gobierno español emitió ante los exhortos de Servini para esclarecer si los delitos denunciados estaban siendo investigados en España. “Con fecha 28 de junio de 2011, fue recibida en esta sede sin firma de funcionario alguno (…), junto con documentos procedentes del Ministerio español de Justicia, documentos en los que se concluye que España está tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la guerra civil española y la posterior dictadura”. Asimismo, el auto se nutre de la información contenida en el auto de Garzón de 2008 que abrió la causa en España.

El efecto en las víctimas

Con este proceso judicial en Argen­tina –el único que está investigando los crímenes franquistas– las víctimas han recuperado la esperanza. Muchas de ellas, por razones de edad, son cautas a la hora de ver en la justicia la satisfacción de sus derechos. Pero el proceso en sí mismo tiene un efecto reparador. “En 2005, mi padre estaba muy mal de salud; en esa época comencé a averiguar datos del pasado y él comenzó a recuperarse; fue algo balsámico”, confiesa José Luis Galán, hijo de Víctor, de 93 años, víctima de trabajo esclavo en los años 40. José Luis y su padre presentaron la querella por Tiburcio Galán, hermano de Víctor, que fue fusilado en las tapias del madrileño cementerio del Este y la familia no supo de su paradero hasta que hallaron su nombre en un listado de víctimas de ese camposanto en 2006.

Por su parte, Raúl Herrero, expreso político en 1970 que pasó siete meses en el hospital penitenciario de Yeserías tras una paliza recibida en la Dirección General de Seguridad, lanza un mensaje a los jueces españoles: “En Argentina están haciendo lo que aquí no han sido capaces de hacer; les debería dar vergüenza porque tienen una responsabilidad, y aún así se basan en una norma preconstitucional como es la ley de Amnistía de 1977”.

Sobre las órdenes de arresto, He­rrero intuía que “al final, íbamos a ganar, y que, al igual que se persigue a los nazis, también iba a pasar”. En el expediente que Herrero rescató del Archi­vo Histórico figuran los nombres de sus cuatro torturadores. Tres han fallecido. Y del cuarto aún no tiene la certeza de que siga vivo. “Si vive, abriré una denuncia explícita y directa hacia él”, asegura.

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