Carlos Slepoy, abogado experto en derechos humanos, lleva años luchando
para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad. Al inicio de la dictadura argentina, en marzo de 1976, fue secuestrado y torturado, y estuvo preso más de un año. Tras su liberación se exilió a España y ha ejercido como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra
el dictador argentino Rafael Videla y otros miembros de la dictadura. Consiguió que se juzgara al militar Adolfo Scilingo en el Estado español, condenado por el Tribunal Supremo en 2007 a 1.084 años de prisión.

En 2010, Carlos Slepoy fue el promotor de la apertura de una querella para juzgar los crímenes del Franquismo en Argentina. Dos años después, un grupo de abogados españoles y argentinos, coordinan la causa que instruye la jueza María Romilda Servini, que vendrá a España en unos meses para tomar declaración a familiares y víctimas del Franquismo. Represaliados de La Comuna, ya han viajado a Argentina para aportar documentos y testimonios.

DIAGONAL: ¿En qué momento
está el movimiento de recuperación
de la memoria histórica?

CARLOS SLEPOY: Creo que en
España se ha producido algo magnífico.
En estos últimos años se empieza
a abrir las primeras fosas, se crea
la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica, el Foros por
la Memoria y diversas organizaciones.

A partir de ese momento, la lucha
por la memoria histórica adquiere
unas dimensiones cada vez mayores.
Lo que parecía que estaba olvidado
y que no había ninguna posibilidad
de ser recuperado tiene una
pujanza social muy grande. Se inicia
un fenómeno parecido al de
Uruguay, Argentina o Chile: homenajes
a desaparecidos, apertura de
fosas y movilización de la sociedad
civil, sin apoyo institucional. Esto
es atribuible a las víctimas, a sus
familias y a las personas que se solidarizan
con ellas. Pero, aunque la
independencia es importante, es el
Estado quien tiene la obligación
de reparar a las víctimas, asegurar
la memoria y enjuiciar a los responsables.

D.: ¿Cómo valora que se haya apartado
al juez que quiso investigar los
crímenes del Franquismo?

C.S.: Es bochornoso, llena de descrédito
a lamagistratura española. Está
muy claro que todo comienza cuando
Garzón intenta investigar los
crímenes del Franquismo. Además,
es condenado en la trama de corrupción
del PP, ahora en el Gobierno, y
lo es por unas escuchas, una medida
de prueba que ordenan muchos jueces
sin que ninguno se haya visto jamás
sometido por eso.

Garzón al intentar
investigar los crímenes del
Franquismo traspasó una línea roja y
en ese mismo momento fue condenado.
Luego el estrategia de absolverlo
en la causa del Franquismo, pero a
la vez aprovechar esa sentencia para
decir que fue un error y que los hechos
de la dictadura no pueden ser
investigados... Eso vulnera el derecho
internacional y el español, es dictar
una resolución contraria a la doctrina
del Tribunal Supremo. No olvidemos
que el Supremo condenó al
militar Adolfo Scilingo a más de 1.000
años de prisión por crímenes de la
misma naturaleza cometidos a
12.000 km de distancia y no había
españoles implicados. Además, en la
sentencia se dice que no se puede investigar
los crímenes por la Ley de
Amnistía, la prescripción de delitos...

Los recursos que se van a interponer
en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos terminarán diciendo que
el Supremo vulnera el Derecho
Internacional. También tenemos
confianza en la causa argentina.

D.: ¿Cuál ha sido su papel en la querella
abierta en Argentina?

C.S.: Soy uno de los redactores e impulsores
de la misma. La idea de la
querella surgió en un viaje a Argentina;
en ese momento se iniciaban las
actuaciones contra el juez Garzón,
en marzo de 2010. Planteé en una entrevista
que sería muy importante
que Argentina devolviera el favor que
hizo la Justicia española para que se
pudiera terminar con la impunidad
en Argentina y Chile. Hechos como
la detención de Pinochet, el juicio y
condena a Scilingo, la detención y
extradición de Cavallo... La propuesta
tuvo un efecto inmediato y me empezaron
a llamar abogados. Ahora
somos un equipo y hay muchos denunciantes.

Al principio el fiscal dijo
que estimaba que se estaban investigando
estos delitos en España y como
no impulsaba la causa, la jueza
la archivó. Lo recurrimos ante el
Tribunal Superior y la Cámara de
Buenos Aires y la Cámara Federal ordenó que
se iniciaran las investigaciones y se
requirió a las autoridades españolas
que informaran si se estaban investigando
los crímenes.

Después de enviar
un exhorto al Gobierno español,
el fiscal general del Estado, entonces
Cándido Gómez Pumpido, dijo que
había muchos procedimientos en
marcha. Contestamos diciendo que
eso era una falacia y pedimos al
Estado nombres de torturadores,
empresas que utilizaron a presos políticos
como esclavos, etc. Aún no
han respondido. Los crímenes del
Franquismo se van a juzgar. Igual
pasó en Argentina: se pensaba que
era imposible, surgió un juez que
empezó y el proceso fue irreversible.
Hay razones para ser optimistas.