EL AAIÚN. Imágenes de la ocupación militar en la capital de la antigua provincia española. Foto: Alejandro Zapico.

“Maltrataron y pegaron a mi madre.
Le rompieron las dos piernas.
Después desnudaron a mi hermana
delante de mí, la violaron delante
de mis propios ojos. Fue algo
horrible” recuerda Mohamed Salem
Boamud a sus 32 años sobre
su detención tras las manifestaciones
de mayo de 2005. Cientos de
saharauis reclamaron entonces,
como hoy, con medios pacíficos, la
autodeterminación del Sáhara. En
estas marchas estaba acompañado
de Aminatu Haidar y muchos
otros, acusados también de pertenencia
a banda armada y traición a
la patria, por lo que acabaron en la
cárcel negra de El Aaiún.

Sus casos no son los únicos, ni los
últimos, ya que Marruecos impone
su legislación sobre un territorio y
unas personas sobre las que no tiene
ninguna autoridad, según la legalidad
internacional. “En estas cárceles,
hombres y mujeres saharauis
sufren abusos sexuales y otros agravios”,
afirma Boamud. Desde hace
unos meses recupera fuerzas en los
campamentos de refugiados de
Tindouf (Argelia) antes de poder pasar
por el quirófano. Convive en la
sede de la Asociación de Familiares
de Presos y Desaparecidos del
Sáhara Occidental (AFAPREDESA)
con otros jóvenes saharauis que
también sufren secuelas. Hasta allí
han llegado tras atravesar el kilométrico
muro de arena y minas
construido por el reino alauí para
dividir el territorio saharaui.

A la espera de juicio militar

Degja Lachgar, Ali Salem Tamek,
Brahim Dahan, Rachid Sghair,
Nassiri Hamadi, Yahdih Tarruzi y
Saleh Lubaihi conforman el ya conocido
como grupo de “Los 7”, detenidos
tras visitar los campamentos
de refugiados en su regreso al
Sáhara Occidental. Todos podrían
contar testimonios similares al de
Mohamed Salem, como Degja, del
Colectivo de Defensores Saharauis
de Derechos Humanos (CODESA)
presidido por Haidar, que estuvo
durante 11 años desaparecida en la
cárcel secreta de Kalat Maguna. De
nuevo, junto al resto de “Los 7”, permanece
en una prisión marroquí,
con la amenaza de un juicio militar
que los podría condenar a muerte
[ver DIAGONAL nº112].

A finales de diciembre, cuando
estaban a punto de cumplirse los
tres meses de su encarcelamiento,
salieron unas horas de la incomunicación
y el aislamiento para realizar
una primera declaración de trámite.
Actualmente, campañas internacionales
piden su liberación sin condiciones,
entre otras las impulsadas
por el escritor Eduardo Galeano o
Amnistía Internacional (AI).

AI ha denunciado en su Informe
Anual que en 2009 “se siguió sometiendo
a activistas de derechos humanos
saharauis a actos de hostigamiento,
como presentar cargos contra
ellos por motivos políticos, imponer
restricciones a su libertad de
circulación y obstaculizar la inscripción
legal de sus organizaciones con
impedimentos administrativos”.

La lista de violaciones sigue

El 13 de enero le confiscaban también
el pasaporte al activista Hmad
Hamad, vicepresidente de la Comisión
para la Defensa del Derecho a
la Autodeterminación del Pueblo
del Sáhara Occidental (CODAPSO).
En la biografía de Hmad aparece como
víctima de la Tayara, por la que
se ata al torturado para suspenderlo
en el aire en forma de avión.

Según el último informe de Human
Rights Watch: “Desde el 19 de
octubre, la policía ha interrumpido
al menos en siete ocasiones las visitas
de delegaciones de derechos humanos
y periodistas extranjeros a
los hogares de conocidos activistas
saharauis, a los que ha informado
que, a partir de ahora, todas estas
visitas requieren autorización previa”.
Según la Dirección para Oriente
Medio y Norte de África de esta
organización, “se trata de una restricción
inaceptable del derecho a la
libertad de asociación y el derecho a
la intimidad”. Su responsable, Sarah
Leah Whitson, declaró el 19 de
noviembre que “cuando se trata de
la libertad de asociación, como con
otras muchas cuestiones de derechos
humanos, Marruecos promulga
leyes progresivas pero el Gobierno
hace lo que le place”.

Mientras Aminatu Haidar sigue
sitiada en su casa de El Aaiún, sus
hijos viven en estrecha vigilancia y
se impide a los activistas visitarla,
según denuncia desde su entorno.
Noticias como éstas sólo aparecen
en internet –único canal para contar
al exterior lo que ocurre en el
Sáhara Occidental ocupado–. Así
hemos conocido nuevos casos.
Embarek Mahyoub Amidane, un
saharaui de 60 años, moría el 6 de
enero tras volcar su coche en un
control de la gendarmería marroquí.
Dleimi Uld Kamal fue condenado
el 7 de enero a seis meses de
cárcel por participar en manifestaciones
pacíficas a favor de la
autodeterminación saharaui. La
familia del activista Hadi Ahmed
Mahmoud El Kainan denunció en
diciembre su secuestro por parte
de los servicios militares marroquíes
y su aparición posterior en
la cárcel de Akusha (Casablanca),
donde –afirman– se encuentra aislado
tras haber sido torturado.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE MOHAMED VI TRAS LA HUELGA DE HAIDAR

Los seis meses que durará la
presidencia de turno de la UE
del Gobierno de Zapatero es el
tiempo que, el 3 de enero,
anunciaba Mohamed VI que
durará la Comisión Consultiva
para la Regionalización de
Marruecos. Estará presidida
por el embajador alauí en el
reino español.

En su presentación, Mohamed
VI afirmó sus deseos para que
“nuestras recuperadas provincias
del Sur [Sáhara Occidental]
encabecen la regionalización
avanzada”, una apuesta
que no es nueva y ya intentó
en 1997. Ante la imposibilidad
de conseguir la integración
autonómica del Sáhara,
esto es “una huida hacia
delante, una forma más de
ganar tiempo ante la comunidad
internacional”, según
Salek Bazid, representante del
Colectivo de Presos Políticos
Saharauis (CPPS).

Tras la huelga de hambre de
Haidar, Mohamed VI destituyó
a cinco ministros, entre ellos
el de Interior (responsable de
lo que ocurre en los territorios
ocupados) y el de Justicia. El
hasta ahora responsable de
Justicia, Abdelouahed Radi,
declaró en 2008 en la sede
de la ONU durante la sesión
que impidió la ampliación del
mandato de la MINURSO a la
protección de los DD HH en el
Sáhara Occidental ocupado:
“El compromiso de Marruecos
con la democracia es una
elección irreversible”.

Ahora se
perderá la primera cumbre de
la UE y Marruecos, tras la concesión
del estatuto avanzado
que exige al reino alauita el
respeto a los DD HH. El nuevo
comisario de Ampliación y
Política de Vecindad, Stefan
Füle, aseguró durante su
audiencia de confirmación
ante el Parlamento Europeo,
estar “preocupado” por “la violación
de los derechos humanos
en el Sáhara Occidental”.
Incluso, el juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón
acaba de anunciar su visita a
los campamentos para tomar
testimonio a supervivientes de
torturas hasta el año 1987.