Juan Carlos Rojas

“Queremos expresar nuestro rechazo
directo y específico a la candidatura
del Sr. Baltasar Garzón Real como
miembro del Comité para la Prevención
de la Tortura del Consejo de
Europa”. Así de contundentes se posicionaban
en un manifiesto 23 asociaciones
de defensa de los derechos
humanos ante la pretensión del
Gobierno español de que el polémico
magistrado sea el representante
en este organismo europeo de protección
de los derechos humanos.

El Consejo de Europa (que no debe
ser confundido con la Unión Europea)
es un organismo internacional
con sede en Estrasburgo. Actualmente,
agrupa a 47 Estados (la mayor
parte del continente europeo) y
fue creado en 1949 para promover la
democracia y los derechos humanos
en Europa. En 1989, para mejorar la
protección de las personas privadas
de libertad, el Consejo estableció el
Comité para la Prevención de la Tortura
(CPT), un mecanismo no judicial
de carácter preventivo con
capacidad para inspeccionar sin restricciones
las cárceles y centros de
detención de los estados miembros.

Aunque los informes que realiza el
CPT, tras las regulares visitas de sus
delegaciones a los diferentes países,
no son vinculantes, sus críticas y recomendaciones
tienen gran peso.
Sus miembros son expertos independientes
provenientes de distintos ámbitos
(juristas, médicos o especialistas
en temas penitenciarios o policiales)
elegidos, a título individual (no
representan al país que los propone)
por el Consejo de Europa a propuesta
de cada Estado, pero teniendo en
cuenta la opinión del CPT. A día de
hoy los asientos correspondientes a
Moldavia, Bosnia-Herzegovina y al
Estado español están vacantes.

“La delegación española en el Consejo
de Europa, presentó una terna
de candidatos: Garzón, en el primer
puesto; después se encuentra Miriam
Cugat, profesora de Derecho Penal
de la Universidad Autónoma de Barcelona;
y Carlos Fernández Liesa, catedrático
y secretario general de la
madrileña Carlos III”, explica Jorge
del Cura, del Centro de Documentación
contra la Tortura de Madrid. “La
falta de transparencia en su elección
me hace temer lo peor”.

Proceso de selección viciado

Un recelo que comparte Carlos Hernández,
de la asociación de apoyo a
las personas presas SalHaketa Bizkaia
y uno de los impulsores del manifiesto:
“Sólo falta que el Consejo de
Europa haga su elección. Dada la falta
de información oficial, lo único
que sabemos es que la delegación española
aseguró que Garzón era el
candidato favorito del Gobierno y
que, por su parte, el portavoz del CPT
relegó la candidatura de Garzón al
último puesto, priorizando la de Miriam
Gugat. No queremos opinar sobre
los otros dos candidatos porque
el problema no son los nombres sino
el proceso de selección, que incumple
los criterios de publicidad y transparencia
–los llamados Principios de
París–. Esto les resta credibilidad con
independencia de sus méritos o deméritos
personales”.

Según el manifiesto, difundido a
primeros de mayo, Garzón “no es
apto, moralmente hablando, para
participar en una institución de prevención
de la tortura” ya que “durante
las etapas en que ha sido magistrado-
juez del Juzgado Central
de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional –entre 1988 y 2010– ha ordenado
la detención incomunicada
de cientos de personas. Una forma de
detención denunciada como un espacio
de impunidad que permite la
existencia de las torturas y restringe
derechos fundamentales”.

Según explica del Cura, “en todos
sus informes, una y otra vez, el CPT
ha criticado la detención incomunicada
(ya sea pidiendo su abolición o
su modificación) y la falta de investigación
de las denuncias por tortura.
Ahora, el Comité podría encontrarse
que uno de sus miembros, es uno de
los magistrados que, por una parte,
mayor uso han hecho de la práctica
de detención incomunicada y, por
otra parte, menos interés ha tenido
en investigar la veracidad de las denuncias
y relatos de los detenidos
cuando pasaban ante él”.

Para Hernández “la presencia de
Garzón en el CPT tendría un efecto
negativo. Oficialmente no podrá participar
de ninguna visita a España, ni
valorar los informes que resulten de
ellas. Eso sí, es evidente que podrá
influir extraoficialmente en los mismos.
Pero con independencia de
estas cuestiones, la oposición a su
candidatura es ética. Una persona
que como Garzón ha recibido condenas
y críticas tanto del Tribunal de
Estrasburgo, del Tribunal Supremo,
como del propio CPT por no haber
investigado suficientemente denuncias
de torturas no puede participar
de una institución de prevención de
los malos tratos. Creo que esta maniobra
es un intento de proporcionar
a Garzón una salida honrosa a su actual
situación procesal”.
Una posible salida honrosa que
haría olvidar su papel más oscuro.

“Es difícil contrarrestar la imagen
impoluta de este juez en determinados
ámbitos. En algunos casos se
puede llegar a entender (Argentina y
Chile), e, incluso, se puede denunciar
la persecución que sufre por parte
de algunos sectores interesados en
ocultar los crímenes del Franquismo.
Pero lo que no se puede hacer es
ocultar su pasado y su complicidad
en los casos de tortura de centenares
de personas”, afirma Ramón Piqué
de la catalana Asociación Memoria
Contra la Tortura. Y remacha “creo
que muchas de las personas que le
defienden, conocen o han oído hablar
de esta otra cara de Garzón, pero
es más fácil mirar hacia otro lado.
Para erradicar la tortura es necesario
superar esta visión maniquea”.

“GARZÓN INTENTÓ QUITARSE CULPA EN VEZ DE DAR LA CARA”

El manifiesto cita varias sentencias
en las que tribunales superiores
reprochan al magistrado
no haber investigado adecuadamente
las denuncias de malos
tratos por parte de personas
detenidas e incomunicadas por
orden suya. Es el caso de los
cerca de 40 independentistas
catalanes detenidos en 1992,
por orden de este juez. Muchos
de ellos denunciaron ante Garzón
haber sido torturados. La no investigación
de estas denuncias,
supuso la primera condena al
Estado español por violación de
derechos humanos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo (TEDH).

“Cuando
en julio de 1992 pasé ante el
juez Garzón, entre otras lesiones
visibles, tenía un moratón enorme,
causado por una fisura del
pómulo –producto de los golpes
recibidos por la Guardia Civil. Era
muy visible, y cuando Garzón me
preguntó por esta lesión, le expliqué
con detalle cual había sido
el trato. Ni se inmutó, y no preguntó
más”, recuerda Ramón
Piqué, de la Asociación Memoria
Contra la Tortura, una de las
organizaciones firmantes del
manifiesto. “Limitó su ‘investigación’
a pedir un informe a la
médico forense y al agente instructor
del caso. En ese informe,
ambos concluían que todas las
agresiones eran por autolesiones,
tanto las mías como las de
los otros detenidos. Cuando en
2004, el TEDH condenó al Estado
español, Garzón respondió
que la condena no invalidaba su
instrucción porque no decía que
las torturas se habían producido.
En la sentencia se recoge que
dado el tiempo pasado era ya
imposible pronunciarse al respecto.
Garzón intentó quitarse culpa en vez de dar la cara".