Las reacciones al Anteproyecto de
Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva
aprobado por el Consejo de
Ministros han sido rápidas y contundentes.
Las organizaciones feministas
consideran insuficiente y
regresivo el actual texto y han advertido
al Gobierno de que habrá
movilizaciones si no se reconoce
“verdaderamente” el derecho de las
mujeres a decidir. Por su parte, la
Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (ACAI), que representa a
los y las profesionales del sector, pese
a hacer “en términos generales
una valoración positiva del proyecto”,
confía que en el trámite parlamentario
se puedan superar “algunas
deficiencias importantes”.

Una amplia plataforma de más de
60 organizaciones feministas y colectivos
sociales, agrupadas en torno
al manifiesto Mujeres ante el Congreso, ha anunciado que si el
Gobierno no rectifica, llamarán a la
movilización social. El lema de su comunicado
no puede ser más claro:
“Damos al Gobierno tres días para
reflexionar. Reforma sí, pero no así”.

Abortar fuera de plazo

El punto más polémico del proyecto,
que genera debate incluso dentro del
movimiento feminista, es el límite de
la libre decisión para la interrupción
del embarazo fijado en 14 semanas.
Empar Pineda, del grupo Otras Voces
Feministas, propone que exista
un período de libre decisión de 22 semanas,
alegando que a partir de este
momento el feto podría vivir de forma
autónoma, pero no acepta el límite
legal de las 14 semanas que
plantea el Gobierno, porque a su juicio
“se queda corta” y alienta la inseguridad
jurídica. Por su parte, Justa
Montero, de la Asamblea Feminista
de Madrid, lo califica de “restrictivo”
y asegura que establecer plazos es
una forma de limitar “el derecho legítimo
de las mujeres a decidir sobre
su cuerpo y su maternidad”. Añade
que la propuesta es “claramente insuficiente”
porque “miles de embarazos
no deseados” tardan más tiempo
en detectarse, sobre todo los que
se producen “en situaciones especialmente
sensibles”, como en casos
de marginación social o de embarazos
en adolescentes. En ello coinciden
otras organizaciones, como Mujeres
Jóvenes, que interpretan que
los plazos tratan de mantener “una
de las bases sobre las que siempre se
ha sustentado el patriarcado”, que es
considerar a la población femenina
como menor de edad, según su portavoz,
Mayka Cuadrado.

Las feministas denuncian que esta
concepción está detrás de otro de los
apartados más criticados del anteproyecto,
el que establece que las
mujeres deberán ser informadas por
escrito de las ayudas públicas de apoyo
a la maternidad, y pasar después
por un período obligatorio de tres
días de reflexión antes de solicitar la
intervención. En este sentido, el presidente
de la asociación de clínicas
ACAI, Santiago Barambio, sostiene
que es innecesario porque “cuando
una mujer solicita un aborto, ya ha
reflexionado sobre ello”. En el fondo
del debate planea la reivindicación,
tanto de feministas como de profesionales,
de despenalizar el aborto
de forma total. Para el movimiento
feminista, el anteproyecto no satisface
esta exigencia, sino que mantiene
la inseguridad jurídica y amenaza la
intimidad, pues las mujeres que interrumpan
su embarazo después de las
14 semanas podrían ser denunciadas
y terminar en los juzgados. Además,
agrega Barambio, “según como se midan
[los plazos] se pueden generar
retrasos”. Y remacha: “Nos podemos
quedar atrás” como otros países europeos
cuyas ciudadanas se ven obligadas
a salir a abortar a otros países.
El anteproyecto de ley prevé permitir
el aborto en algunos supuestos,
como cuando en las 22 primeras semanas
de gestación exista un grave
riesgo para la vida de la mujer o graves
anomalías en el feto. Tras este
período, sólo se permitiría la interrupción
cuando las malformaciones
sean incompatibles con la vida. ACAI
está de acuerdo con este punto, pero
no entiende por qué el comité clínico
que debe valorar estos supuestos tiene
que contar con dos médicos, en
lugar de uno. “Tenemos experiencia
en ello, introduce retrasos y genera
más angustia en la mujer”, declara
Barambio. Por el contrario, sí valoran
como positivo que sea la mujer
quien elija a uno de sus miembros y
que se cierren las puertas al comité a
los profesionales que se hayan manifestado
en contra del aborto.

Otra de las críticas es que la reforma
no dice nada de la objeción de
conciencia, un asunto que debería
delimitarse para que “ningún médico
de la sanidad pública se pueda negar
a practicar un aborto”, explica
Lucía Mazarrasa, del Fórum de
Política Feminista. Santiago Barambio
también cree que la objeción debe
regularse aunque matiza que es
un asunto complicado en el que entran
en juego otros actores, como los
colegios de médicos.

El anteproyecto de ley, que está
ahora en manos del Consejo Fiscal,
tendrá que pasar por el Consejo General
del Poder Judicial y por las dos
Cámaras, para convertirse en ley.
Mientras, PP y PSOE eclipsan todos
estos temas centrándose en la
disputa sobre si se debe permitir a
las mujeres de 16 años abortar sin
consentimiento paterno. Para las
feministas esto no genera discusión;
puesto que la ley permite tener
relaciones sexuales a esa edad,
les parece obvio que también se
pueda decidir sobre si se aborta.
Santiago Barambio, añade que las
chicas de 16 años que acuden a las
clínicas por un embarazo no deseado
tienen la misma madurez que las
de 22 años, salvo en casos de marginación
social.