Con este texto, Serrano comienza una serie de introspecciones en los
grandes grupos mediáticos regionales que publicará en DIAGONAL.
En el grupo de información
regional Promecal confluyen
toda una gama de
corrupciones urbanísticas y
escándalos políticos. Implantado en
la prensa regional de Castilla y León
y Castilla-La Mancha, y en el sector
televisivo local de Navarra y de Castilla
y León, Promecal es mayoritariamente
propiedad del constructor
Antonio Miguel Méndez Pozo y su
familia. En 1992, la Audiencia de
Burgos lo condenó –junto a ediles
del PP– a siete años y tres meses de
cárcel por falsedad en documentos
públicos y privados, estafa y desacato.
No obstante, Méndez Pozo cumplió
nueve meses de prisión y desde
entonces su carrera ha sido un éxito
hasta contar con los príncipes en la
inauguración de la nueva sede de su
empresa. Propietario de varias inmobiliarias
y constructoras, tiene buenas
relaciones con el Gobierno de
José María Barreda tras su inversión
en el aeropuerto de Ciudad Real,
que le permitió contar con el respaldo
financiero de la intervenida Caja
Castilla-La Mancha. Su hijo, Miguel
Méndez Ordóñez, también empresario,
reconoció en 2006 haber invitado
a altos funcionarios municipales
y a un concejal del PP de Burgos a
un viaje con todos los gastos pagados
a la Costa Azul, y añadió que
está dispuesto a hacerlo con quien
colabore con sus empresas.
Y como Dios los cría y ellos se juntan,
Méndez Pozo es socio de José
Luis Ulibarri
en la explotación de la licencia de
Radio Televisión de Castilla y León en
esta comunidad. Ulibarri tiene varias
empresas de construcción y ha estado
implicado en diversos escándalos,
como la trama Gürtel. También está
vinculado a medios audiovisuales
valencianos y al grupo empresarial
Begar, y está bien relacionado tanto
con José Bono como con el PP.
Resultó adjudicatario de numerosas
obras públicas, parcelas, infraestructuras,
servicios y contratas cuando
estaba legalmente inhabilitado para
ello y carecía de capacidad para
contratar con administraciones
públicas. En otra ocasión, una
empresa suya adjudicataria de
obras en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, resultó fantasma, no
estaba registrada en la Seguridad
Social ni tenía trabajadores.
comentarios
1