Imagen: Markel Redondo

Abordar “las consecuencias del
conflicto”. Esta frase se encuentra
tanto en la declaración emitida el
17 de octubre por los líderes internacionales
que participaron en la
Conferencia de Donostia, como en
el comunicado de ETA en el que tres días después
anunciaba el cese de
su actividad armada. Desde entonces
numerosas voces han reclamado
que entre estas “consecuencias”
es urgente que el Gobierno aborde
la política penitenciaria. Pero, por
su parte, ¿a qué se refiere la izquierda
abertzale cuando habla de la situación
de los presos y presas políticos
vascos?

“El Colectivo de Presas y Presos
Políticos Vascos (EPPK según sus
siglas en euskera) estaba formado,
a primeros de octubre, por 688 personas.
Entre ellas hay personas que
han pertenecido a ETA pero también
hay responsables de organizaciones
políticas como Batasuna,
personas que trabajaban en el ámbito
político, el movimiento proamnistía,
el movimiento juvenil, periodistas
de Egin o personas relacionadas
con diferentes sabotajes.
Se encuentra dispersado en cerca
de 90 prisiones en los Estados español
y francés, Inglaterra, Irlanda,
México y Portugal” explica Martín
Troitiño, portavoz de Etxerat, la
asociación de los familiares de los
presos vascos.

“En la cárcel hay mucha gente
que no está dentro de ETA, como,
por poner un ejemplo muy
conocido, Arnaldo Otegi. La política
antiterrorista no sólo persigue a
ETA, su lucha armada, sino a un espectro
más amplio porque en realidad
es una política ‘anti’ un proyecto
político” sostiene Mitxel
Sarasketa, un ex reo vasco que ha
pasado 20 años en la cárcel.

“Aunque no se les reconozca oficialmente
el estatus de preso político,
se les aplica una política penitenciaria
diferenciada y específica.
El trato general no depende de cada
cárcel, sino que es diseñado
expresamente por Instituciones
Penitenciarias, aunque cada prisión,
según las directrices de
Madrid, puede adecuar o endurecer
las medidas” sostiene Troitiño.
“Generalmente a los presos vascos
se les aplica un régimen de primer
grado. El más restrictivo y severo
de la ley penitenciaria vigente”.

20 horas en la celda

Aunque la situación puede variar de
una cárcel a otra, la vida para una
persona presa clasificada en primer
grado suele consistir en estar entre
20 o 21 horas aislada en la celda; sufrir
cacheos con una frecuencia que
oscila entre varias veces al día y una
vez a la semana; registros en las celdas
con igual frecuencia; varios recuentos
al día y uno de madrugada;
el traslado con grilletes dentro de la
prisión; ausencia de actividades de
tratamiento; y unas dos o tres horas
fuera de la celda en un patio pequeño
sin contacto con otras personas,
salvo con algún preso con quien se
comparte patio.

“El estar organizados en un medio
tan hostil es fundamental, si no
cómo pueden defenderse de un régimen
que está diseñado para deshumanizar
a la persona”, se pregunta
Iñaki Usandizaga, familiar
de un preso político vasco que cumple
condena en la cárcel de Jaen II.
“La ley contempla que el objetivo
de la pena es reinsertar en la sociedad,
la realidad nos demuestra lo
contrario”, remacha este familiar.

Según Troitiño, entre los presos
vascos, el porcentaje de los que se
encuentran en aislamiento es muchísimo
más elevado que entre toda
la población reclusa. Pero si hay
una medida que ha sido denunciada
por los presos políticos vascos y
a sus familiares, ésta ha sido la dispersión.
Diseñada por el entonces
ministro de Justicia Enrique
Múgica Herzog, ha sido aplicada
de manera masiva desde 1989 para
aislar social y afectivamente a los
presos.

Según afirma Etxerat, cada
fin de semana, para ir a visitar al
conjunto de presos vascos, familiares
y allegados tienen que recorrer
miles de kilómetros, “tantos como
para dar 20 vueltas al mundo o hacer
hasta en dos ocasiones la distancia
que va de la tierra a la luna”.
“Cada fin de semana recorremos
1.494 km de ida y vuelta para visitar
a mi hermano, con un coste de
477,69 euros”, explica Usandizaga.

“Cada visita es una auténtica aventura.
Contamos con la inestimable
ayuda de gente anónima que voluntariamente
se presta a conducir el
vehículo o vehículos, ya que entre
los familiares hay mucha gente de
avanzada edad que no puede conducir”.
Tantos desplazamientos
han dado lugar a numerosos accidentes,
con 16 personas fallecidas
y numerosos heridos. El último, el
15 de octubre, cuando dos allegados
de un preso sufrieron un accidente
–heridas leves, pero el coche
quedó destrozado– a la una de la
madrugada cuando volvían de
Aranjuez de realizar una visita.

“La
rutina de las visitas es pesada y complicada,
desde que tengo que llamar
a la prisión por teléfono todas las semanas
para concertar la hora y día
de las visitas. Se da el caso que llamas
y no te cogen el teléfono, a veces
se tarda varios días, cuesta muchísimo
contactar con la prisión. Una vez
concertada la visita: preparar la bolsa,
ropa, libros, revistas; contactar con los
demás familiares, alojamiento, cuántos
somos, qué vehículos, horarios, inclemencias metereológicas,
etc.”, desgrana Usandizaga.

“Política de venganza”

Según Troitiño, “en los últimos 20
años desde que empezó la dispersión,
el gobierno español ha ido diseñando
una política de venganza que
nos ha afectado directamente a los
familiares”. A esto se suma que “el
Estado ha seguido dando nuevas
vueltas de tuerca, como la no liberación
de presos enfermos hasta producirse
situaciones límite, la puesta
en marcha de la doctrina 197/2006
–doctrina Parot– que permite la aplicación de facto de la cadena perpetua,
la puesta en marcha del juez único
de Vigilancia Penitenciaria en la
Audiencia Nacional, la restricción del
número de personas que pueden visitarles,
los cacheos que se generalizan
desde 2009, etcétera”.

Actualmente el control de las comunicaciones
es total. Únicamente
diez personas pueden visitar a cada
preso. Usandizaga lo explica así: “Mi
hermano tenía una lista de visitas de
125 amigos, que contaba con la aprobación
de Instituciones Penitenciarias,
pero desde hace varios años, el
Gobierno implantó una única lista de
diez amigos, que se modifica cada
seis meses. La lista previamente tiene
que tener el visto bueno de la administración.
El nuevo régimen de visitas
tiene un objetivo claro, aislar al
preso de sus familiares y amigos”.

Usandizaga tiene una larga lista de
agravios, “los familiares hemos pasado
situaciones especialmente duras y
vejatorias. En mi caso los registros
corporales o cacheos por palpación
comenzaron hace dos años. Antes no
había este tipo de cacheos y no
teníamos ningún problema en las visitas,
¿a qué venía eso entonces?
Optaron por los cacheos sin ninguna
necesidad y de forma arbitraria, con
el objetivo de humillar a los presos y
familiares y al mismo tiempo crear
discordia y división. A día de hoy seguimos
con los cacheos en Jaén II”.

Según resume Troitiño, “estas medidas
–que, de hecho, es reconocer
implícitamente el carácter político de
los presos vascos– se sitúan en una
política de venganza, que quiere seguir
con nuestro sufrimiento añadido
y que se aleja del respeto escrupuloso
de los derechos que nos corresponden
a todos y todas”.

No ha tenido mucha difusión pero
al día siguiente del anuncio de ETA,
la directora del Programa para Europa
de Amnistía Internacional, Nicola
Duckworth, reclamó que el Gobierno
español aprovechara la ocasión y
reformara todas las “prácticas antiterroristas”
que han causado la violación
de los derechos humanos,
y citaba expresamente la dispersión.