Madrid planea cerrar doce colegios públicos
Los recortes en el presupuesto de la Comunidad de Madrid para educación siguen levantando ampollas. Aunque desde la Consejería aseguran que se trata de un proceso de “fusión” de centros en siete localidades (Alcalá de Henares, Coslada, Madrid, Getafe, Móstoles, Aranjuez y Leganés) “para adecuar la capacidad de los centros a las necesidades de escolarización”, las asociaciones de madres y padres afectadas creen que llamarlo así es una forma de enmascarar el cierre de colegios. Para José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos, forma parte del “lenguaje hipócrita de la Comunidad de Madrid, que se llena la boca diciendo que la libertad de elección de centro de las familias es algo sagrado, pero cuando las familias eligen una escuela pública les da exactamente igual, pasan por encima y cierran el centro”.
Los centros afectados son seis colegios, tres institutos y tres escuelas infantiles de segundo ciclo, para alumnos de tres a seis años. Desde el AMPA de uno de los colegios afectados, el Agapito Marazuela de Coslada, califican como “descabellado” dejar su centro para instalarse en el colegio Hermanos Machado. "No entendemos por qué se ha tomado la decisión de realizar la fusión y elegir para ubicar a los niños el colegio más antiguo, desfasado, peor conservado y en peor estado a todos los niveles", denuncian.
Alguno de los centros que cerrarán, como es el caso del Nuñez de Balboa, tienen proyectos singulares para la escolarización de alumnado de etnia gitana, que desaparecerán “con independencia de que estén dando buenos resultados, al considerar la Consejería que no debe mantener dichos proyectos, continuando en la senda de eliminar todo atisbo de igualdad de oportunidades y volcando cada vez más los recursos en los que más tienen en lugar de en los que más los necesitan”, señala Pazos.
Pazos cree que cerrar los centros de Infantil y Primaria, que “pueden considerarse pequeños por su número de alumnos, aunque sus centros educativos tengan espacio para escolarizar a más”, se debe a que “sus instalaciones quieren usarse para otra cosa, quizás liberando espacios públicos para, en un futuro, cedérselos a la empresa privada”. Pazos funda esta sospecha en que hay centros que “han sido remodelados seriamente el año pasado y el anterior, habría que preguntarse para quién se ha remodelado ese centro que ahora se vacía, o si esa remodelación no fue un despilfarro”.
El representante de la Federación Giner de los Ríos cree que a estos centros públicos cerrados “se les llevará a la obsolescencia o forzará a un gasto de mantenimiento cuestionable para una instalación cerrada”. Sin embargo, algunos centros ya tienen uso previsto. Es el caso del CEIP Nicolás Salmerón, que al parecer espera ocupar Cruz Roja, “según se ha acordado teóricamente con la Consejería, y es de suponer que también goza del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid”, señala Pazos, que recuerda que pese a no tener ánimo de lucro, Cruz Roja es una organización privada.
Otra de las críticas a esta política que se hace desde las asociaciones de padres y madres es que se pretende separar las enseñanzas de ESO y Bachillerato de la Formación Profesional, al entender la Consejería que ambas no deben compartir espacios, algo que Pazos califica de “ideológico, al considerar a la FP una vía de segunda clase que no debe contaminar a la denominada académica y que, desde su óptica, es donde se puede generar la excelencia y obtener las élites”.
Protestas contra los cierres
Las diferentes AMPAS afectadas han emprendido movilizaciones y recogidas de firmas. El jueves 21 de febrero marcharon hacia la Asamblea de Madrid en el barrio de Entrevías para mostrar su rechazo.