La ciencia no se desprende de los jóvenes becarios
Cinco años después de que el Parlamento
de Andalucía, a iniciativa
de Izquierda Unida, lanzará por
unanimidad una propuesta de ley
(PL-A) que modifique “la Ley General
de la Seguridad Social, de forma
que se posibilite la protección
social y la contratación laboral de
los investigadores”, según explica
la Federación de Jóvenes Investigadores
(FJI-Precarios), el Congreso
de los Diputados acaba de tomar
en consideración esta propuesta
sin ningún voto en contra.
Una situación que se alarga desde
el año 2000, cuando el Instituto
Nacional de Estadística (INE) empezó
a contabilizar a los becarios
como personal investigador. Incluso,
en marzo de 2005, los becarios
ya superaban a los científicos funcionarios
en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas. Este organismo
contaba con un total de
2.532 becarios y 2.376 científicos
funcionarios. Unos becarios que
deben ser “uno de los motores de la
economía”, según define Cristina
Garmendia, la ministra de Ciencia
e Innovación, a su propia cartera.
A pesar de que la PL-A ha llegado
por fin al Congreso, FJI-Precarios
no muestra una gran confianza
en este debate parlamentario.
Si la PL-A se transformará en una
nueva ley estatal, supondría la
consecución de una de las grandes
reclamaciones que realizan
desde el año 2000.
Pero los Jóvenes Investigadores
destacan “el preocupante
discurso realizado por el portavoz
del PSOE, que afirmó, ante
nuestra perplejidad, que el contrato
por obra y servicio ‘gusta
muy poco a los jóvenes investigadores’
o que en ningún caso el
apoyo a la tramitación de la PL-A
supone que el grupo socialista
‘suscriba la integridad del texto
propositivo’; se intuye en estas
palabras la trampa que esconde
el voto positivo del PSOE, que llevaría
a modificar sustancialmente
el texto actual de la PL-A, con
cambios también sugeridos en el
discurso de CiU”. Mientras el resto
de grupos han solicitado que,
como mínimo, se recojan las recomendaciones
de la Unión