“Terminar con la impunidad es una demanda social”
El Grupo Parlamentario Izquierda Plural ha invitado a Miguel Ongil como experto en financiación de partidos a la Comisión Constitucional del Congreso que estudia iniciativas sobre la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. A lo largo del día de hoy se puede participar en el trabajo previo a dicha comparecencia.
¿Cómo te ha llegado la invitación del Congreso?
Hay que recordar que el año pasado, a partir del debate sobre el estado de la nación, el PP fue presentando 40 medidas anticorrupción. Son medidas de maquillaje, que se aprobaron en el último Consejo de Ministros de diciembre. El resto de partidos no ha querido darle el gusto al PP de que se anote el tanto y entonces han desarrollado esta comisión, en la que se recoge la visión de muchos expertos para saber qué tipo de cambios son necesarios.
¿Cómo plantearás la intervención ante la Comisión?
En Semana Santa hemos estado preparando la propuesta. Hemos hecho un guion que se divide en cinco puntos. Estas áreas tratan sobre la impunidad, la transparencia, la necesidad de independencia de la justicia y de los órganos de control, la reforma del sistema de partidos y la participación y control público. A la hora de exponerlo en la comparecencia me centraré en la financiación de partidos.
¿Qué medidas proponéis desde Cuentas Claras?
Lo principal es la reforma del sistema de partidos. Por otro lado, creo que es una demanda social necesaria terminar con la impunidad, para lo que planteamos tres puntos fundamentales: una reforma del sistema de indultos y de prescripciones, y la tipificación del delito de financiación de partidos, que ni siquiera se ha incluido en la reforma del Código Penal. Esto tiene dos caras, por un lado contra los corruptos y por otro contra los corruptores, a los que hay que corresponsabilizar. La transparencia es una condición imprescindible como base para la participación ciudadana. Por último, es necesario cambiar el paradigma de la supervisión, que está muy controlada y sólo restringida al Tribunal de Cuentas, que acaba siendo un escudo institucional. Hay que abrirla al control público, a las auditorías ciudadanas y a la participación.
¿Cuál es el coste político de la corrupción? ¿A qué crees que se debe que genere menos movilización que otras protestas?
No sé cuál es el coste electoral, habrá que verlo en las elecciones europeas. Pero también creo que hay mucha tarea en cuanto a madurez democrática por parte de la sociedad. Comparándolo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, observamos que hay menos mecanismos para la confrontación con las instituciones. Por ejemplo, no hay posibilidad de hacer una Iniciativa Legislativa Popular, y, aunque es cierto que hay una comisión de peticiones, ésta es prácticamente inoperativa. Además, las movilizaciones no tienen garantía de éxito, al final del día, si el corrupto se quiere quedar en su butaca no hay forma de moverlo. Por ejemplo, no sabemos por qué hace falta tener el beneplácito de un partido para interponer un recurso en el Constitucional.
Ante esto, nos planteamos tres objetivos: uno es incidir en la legislación que está por venir, como es la propuesta de la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, que cambiará tres leyes –la de financiación, la de partidos y la que regula el Tribunal de Cuentas– y explicar que esta propuesta permitirá nuevos pufos. El segundo objetivo es arañar espacios de participación y buscar formas de consulta pública y el tercero es participar con más fuerzas en un horizonte constituyente. Ahora, con lo del congreso, hemos cumplido el segundo en poco tiempo.
¿Cuáles son las vías de desobediencia civil contra la estructura que blinda este tipo de acciones?
Las vías que vemos son la movilización ciudadana, seguir con las protestas. La segunda vía es participar en todo tipo de plataformas de control ciudadano sobre el poder político y económico, como por ejemplo GrabaTuPleno, OpenKratio y Auditoría Ciudadana de la Deuda, colectivos muy cercanos a Cuentas Claras. Y por último, queda la vía judicial, que se ha ensayado con éxito con la querella Bárcenas pero nuestro modelo de acción sigue siendo 15Mpa Rato, que no tiene ese componente partidista.