Madrid: de la deuda a un presupuesto de recortes
- Foto: Jose Alfonso.
Cuando las cifras oficiales
cuentan por encima de
los 4,6 millones el número
de personas desempleadas,
de ellas, más de 550.000 en la
Comunidad de Madrid, la estrategia
de las administraciones públicas
tendría que centrarse en la creación
de empleo y en el bienestar social.
Lejos de esto, el nuevo mantra de
los neoliberales de siempre se llama
consolidación fiscal, esto es,
reducción del gasto público e incremento
de determinados impuestos
o, dicho de otra manera,
doble afección al bolsillo de la clase
trabajadora en forma de desmantelamiento
del pacato Estado
de bienestar y presión sobre el
maltrecho poder adquisitivo.
Los proyectos de presupuestos
que nos están presentando las diferentes
administraciones responden,
salvando las distancias, al
mismo patrón. Tal es el caso del
que ha pergeñado el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Madrid.
Éste contempla, para 2011,
unos ingresos consolidados de
4.586 millones de euros, con un recorte
respecto a 2010 del 7,4%. El
citado importe se retrotrae a 2005.
El desglose de las entradas nos
permite subrayar tres notas características.
Suben los ingresos impositivos
directos, gracias a la subida
de un 6% del importe recaudado
por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). No es cierto, pues,
que se congelan los impuestos que
gravan a las familias en general.
Por otra parte, observamos una
acusada incidencia de la crisis del
ladrillo, ya que bajan los ingresos
asociados a la actividad inmobiliaria,
sea la venta de terrenos municipales,
sean el impuesto sobre las
construcciones (el ICIO) o sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos.
Por último, Gallardón este año
no podrá acudir a su política favorita,
el endeudamiento, toda vez que
el Gobierno central no ha autorizado
siquiera refinanciar parte de la
deuda que vence en 2011.
La estrategia grandilocuente de
las obras faraónicas financiadas con
el recurso continuado al endeudamiento
estaba condenada, como
mucha gente advirtió reiteradamente
en estos años, a romper el techo
de cristal de las finanzas del
Ayuntamiento. En 2010, la deuda
rebasó los 7.145 millones de euros,
cifra que supone la mitad de la deuda
total de los consistorios de las capitales
de provincia del Estado o
diez veces la del Ayuntamiento de
Barcelona. En siete años, Gallardón
quintuplicó la deuda, dando continuidad
a una estrategia que ya había
ensayado en el Gobierno regional.
Es así que, en 2011, alrededor
de un décimo del gasto municipal
se habrá de destinar a satisfacer los
intereses y la amortización de la
deuda o, para ser más precisos, si a
la carga del Ayuntamiento y los organismos
autónomos sumamos los
intereses y la amortización correspondientes
a las empresas municipales,
entonces la carga financiera
total asciende a 720 millones de euros,
que significan el 12,8% del gasto
consolidado. Más del 40% de este
pellizco pertenece a Madrid Calle
30 S. A. Ese es el precio desproporcionado
de una política fastuosa. La
rotura de los cristales causa víctimas,
ese es el problema, pues aquí
no se trata del cuento de la ilusa lechera
que rompe el cántaro.
La tijera va por barrios
Las víctimas son la inversión municipal
y las políticas sociales. El gasto
consolidado del Ayuntamiento
de Madrid presupuestado para 2011
asciende a 4.542 millones de euros.
Representa una reducción de más
de 400 millones de euros sobre
2010, un 8,3% menos. Se contraen
todos los capítulos de gasto, excepto
el de amortizaciones, que sube
un 14%. El de personal baja un
8,4%, gracias a la disminución del
sueldo de los empleados públicos y
al adelgazamiento de la plantilla.
Destaca el tijeretazo en la inversión
municipal: un 39% menos, que se
materializa en la casi suspensión de
la política de equipamientos de la
ciudad. En 2011 no se iniciarán nuevos
centros de mayores, ni nuevas
escuelas infantiles, ni nuevos parques,
etc. La política de reequilibrio
territorial a favor de los distritos del
sur y el este es, asimismo, paralizada.
La tijera apenas salva algunas
actuaciones. La mayoría sufre recortes
por encima del 5%. Valgan
algunos ejemplos a modo de ilustración
de un panorama generalizado:
bomberos (7,3%), vivienda
(29,6%), vías públicas (21,7%), infraestructuras
(29,9%), control y calidad
del agua (42,6%), dotación de
áreas urbanas (15,6%), cooperación
al desarrollo (89,7%), bibliotecas
(13,9%), inmigración (9,8%), actividades
culturales (13,8%), actividades
deportivas en los distritos
(18,9%), empleo y desarrollo empresarial
(18,3%), servicios sociales
(5,9%), etcétera.
Con unos presupuestos de este
cariz no se crea empleo, no se combate
el cambio climático, no se
apuesta por un nuevo modelo productivo,
no se avanza hacia una sociedad
más justa e igualitaria… Lo
mismo cabe decir de las cuentas
que nos proponen las administraciones
autonómica y central.
Por ello, en nuestro discurso y
en nuestra acción política, no nos
cabe sino abogar por una propuesta
radicalmente alternativa.
No es posible dibujarla aquí.
Valga, al menos, con enumerar
dos cuestiones trascendentes. Por
una parte, sin duda, la actual regulación
de las haciendas locales
es insostenible. Si queremos una
democracia participativa, hemos
de exigir que los ayuntamientos
capten más recursos y que éstos
provengan de una fiscalidad erigida
sobre los principios de la suficiencia
y la progresividad.
Por otra parte, demandamos más recursos
para producir un aumento
del gasto público en la dirección
del desarrollo de políticas de estímulo
de la actividad económica,
que tiren del empleo, la profundización
del Estado de bienestar y
la construcción de una ciudad sostenible
a escala humana.