Grietas en el modelo de gestión cultural vs modelos sostenibles
EL ACTA INSTAURARÁ LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD
Empezó a negociarse en 2007, ahora llega a los parlamentos europeos
REDACCIÓN
Ahora que el ACTA es público, las
posibilidades de que no llegue a
aplicarse son mayores. El parlamento
mexicano ha sido el primero
en debatirlo y después en denegarlo.
Este acuerdo transnacional ha
sido negociado de forma secreta
desde 2007 por EE UU, Japón, la
UE, México, Canadá, Nueva
Zelanda, Australia, Suiza y Corea
del Sur. Para la Quadrature du Net,
organización francesa en defensa
de los derechos fundamentales en
la red, este pacto supone una estratagema
política para eludir los debates
a nivel nacional o europeo, y
adopta decisiones que los
Parlamentos sólo podrán rechazar
o adoptar en su conjunto.
Por su parte, Michael Geist, profesor
de Derecho y Comercio
Electrónico, ha alertado de que este
acuerdo será la nueva fuente
principal de derecho internacional
sobre propiedad intelectual. ¿Qué
implica este acuerdo? Gracias al
ACTA se podrá controlar y espiar
los archivos intercambiados por internet
sin orden judicial, puesto que
su principal objetivo es la lucha
contra las falsificaciones. Sin embargo,
bajo este declaración de intenciones
se esconden otros objetivos:
ACTA implementa un marco
legal en el que garantías como la
separación de los poderes se derrumbarían,
y competencias de la
policía propias de los Estados serían
concedidas a las empresas privadas,
tales como los proveedores
de internet.
Otra de las disposiciones serán
las “medidas provisionales” a petición
del demandante sin autorización
judicial y sin notificar al acusado.
Incluso utilizar sin saberlo material
copiado ilegalmente resultará
también sujeto de responsabilidad
civil. En resumen, según el profesor
de informática Simone Santini,
“el ACTA implementa un marco legal
que abandona la presunción de
inocencia a favor de la presunción
de culpabilidad”.
- Eyeliam
¿HA FINANCIADO ILEGALMENTE LA SGAE A LOS PARTIDOS?
El tribunal de cuentas investiga descuentos sospechosos de la SGAE
H.R.L.
La presencia de Teddy Bautista en
varias fundaciones afines al PSOE
ha despertado varias suspicacias
sobre las relaciones entre la Sociedad
y este partido. No se trata sólo
de que muchos de los más afines a
Bautista hayan mostrado en numerosas
ocasiones su apoyo al presidente
“de la ceja”. El director de cine
Achero Mañas ha denunciado
que el dinero que acusan a Bautista
de apropiarse se “ha desviado desde
hace años a una conocida formación
política, experta, como todas,
en las mañas de la corrupción”.
Al margen de estas acusaciones,
desde 2008 hay una denuncia en el
Tribunal de Cuentas por “realizar
descuentos en los derechos de autoría
en los mítines de partidos como
PSOE o CiU o permitir que estos
partidos estén exentos de pagar
el canon”, explica el abogado Jover.
Además, la SGAE ha financiado durante
años cursos de fundaciones
afines a PP o PSOE. Por ejemplo, a
Alternativas, de la que Bautista era
patrono, le financió cursos como
Culturas emergentes en el mundo
hispano de EE UU y Prácticas
emergentes y nuevas tecnologías:
la música digital en España.
PERSONAJE HORRIBLE
MIGUEL SATRÚSTEGUI HA DURADO UNA SEMANA COMO PRESIDENTE LA COMISIÓN GESTORA DE LA SGAE.
Satrústegui, el apagafuegos que se quemó en una semana
P.E.
Eran otros tiempos y otras eran las
amenazas; la industria del cine pedía
una legislación urgente contra
el vídeo comunitario y una reportera
de El País se preguntaba cómo
se podían “evitar las copias caseras,
ya sea de un disco, de una película
o de un programa de TV”. Era
1987 y la respuesta a esas preguntas
fue la Ley de Propiedad Intelectual
(LPI) que hoy sigue vigente.
La Ley fue aprobada unos días
después del nombramiento de
Miguel Satrústegui como subsecretario
del Ministerio de Cultura.
Entre sus aspectos más polémicos,
la normativa, que sustituyó a un
texto de 1879, estableció la reforma
del Código Penal en materia de delitos
contra la propiedad intelectual
e industrial; en concreto, la modificación
del artículo 534 que, a partir
de 1987, establecía penas de prisión
para quien con ánimo de lucro
“reprodujere, distribuyere o comunicare
públicamente, en todo o en
parte, una obra literaria, artística o
científica”. Además, la ley posibilitaba
la creación de sociedades de
gestión y la exención del IVA para
los creadores. Un par de años después
de la aprobación de la LPI,
Satrústegui, al que en otro artículo
de la época se califica como “responsable
de completar los planteamientos
culturales del Gobierno socialista”,
tuvo que cesar de su cargo
por problemas con CiU, desde donde
se le consideraba “un obstáculo
a la cooperación cultural”.
Desde entonces, Satrústegui ha
proseguido su carrera en el ámbito
de la gestión cultural (ha dirigido el
Centro de Arte Reina Sofía) y la ha
combinado con su carrera en la órbita
del grupo Prisa. Así, ha sido director
general de coordinación del
grupo que dirige la Cadena Ser,
presidente de Sogecable y, hasta
2009, secretario del consejo de administración
de Prisa.
Satrústegui fue elegido para gestionar
la crisis de la SGAE en contra
de la opinión de Teddy Bautista,
que prefería al presidente de la
Coalición de Creadores e Industrias
de Contenidos, Aldo Olcese, para
ese puesto. Sin embargo, una semana
después de su nombramiento,
las presiones de la anterior directiva
han bastado para que Satrústegui
desaparezca una vez más
de la primera línea política. A cambio,
Tomás Marco gana enteros para
gestionar la crisis de la SGAE.
Marco, que estaba en la directiva
saliente, ha trabajado con los
Gobiernos del PSOE y el PP.
MODELOS SOSTENIBLES: PROPUESTAS DESDE EL FREE CULTURE FORUM
Pagar por lo que se recibe
Debe ser fácil, accesible y asequible en
vez de obligatorio. Hacedlo opcional y
ofreced distintas opciones. Pagad salarios
justos cuando contratáis a profesionales.
Publicidad
Entre bombardear y la ausencia total de
anuncios hay opciones intermedias y éticas,
como anuncios selectivos o dar a los
usuarios control sobre el consumo.
Pagar por un valor añadido
Compartir copias sirve para construir una reputación,
que es la base para cobrar por servicios
como conciertos, trabajo especializado, complementos
llamativos, copias más atractivas...
Freemium
Es un modelo de negocio consistente en ofrecer
de forma gratuita servicios básicos o productos
digitales descargables mientras se cobra por las
características avanzadas o especiales.
Contribuciones
Los usuarios contribuyen con sumas de dinero a
mantener un determinado proyecto o empresa.
Cuanto más involucrados y respetados se sientan,
mejor funcionará este sistema.
‘Crowdfunding’
Los ciudadanos o entidades invierten en una
empresa cultural. Esta contribución puede ser
una inversión previa a la creación del trabajo o
micro o macro donaciones a obras existentes.
Los bienes comunes
Los proveedores de plataformas deben
compartir los ingresos con los creadores,
mientras que los “comuneros” pueden
compartir y explotar libremente los bienes.
Financiación colectiva
La tarifa plana debe implicar la creación
de un fondo común de recursos equitativo
y democrático y reconocer el derecho
a compartir y reutilizar las obras.
Renta básica
Se puede plantear sostener la sociedad como
cuerpo productivo y una renta básica garantizada
sería una manera de evitar la precariedad y
redistribuir la riqueza.
Financiación pública
La financiación social no debe verse como un
sustituto de las responsabilidades públicas en
relación con la financiación de la cultura y la
cultura libre no debe constituir una anomalía.
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