Catalunya: divergencia y unión
Tras una semana de absoluto silencio, el pasado 8 de octubre seis diputados de la CUP (Anna Gabriel, Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Antonio Baños, Albert Botran y Josep Manel Busqueta) hacían acto de presencia ante los medios en un abarrotado auditorio de la Universidad Pompeu Fabra para exponer sus condiciones indispensables de negociación con JxSí. En la conferencia fueron invitados diputados de la formación de Artur Mas como Jordi Turull de CDC o Raül Romeva –responsable directo en las negociaciones con la CUP– vitoreado con algún espontáneo grito de "president", y que después de la conferencia se mostró totalmente de acuerdo con las peticiones referidas por el grupo independentista.
Las demandas de la CUP se formalizaron en tres frentes bien concretos: desobediencia, plan de emergencia social y proceso constituyente, conceptos que aún no se habían presentado de forma categórica en las instituciones políticas, y que chocan directamente con las políticas liberales de los nacionalistas catalanes.
La estrategia de la fuerza anticapitalista exhibida ante la expectativa mediática no se ha concentrado en la investidura de Artur Mas como se esperaba desde los medios, sino que se ha planteado desde una ruptura democrática que debe materializarse con un proceso constituyente que termine con el autoritarismo del Estado Español, empezando por desacatar institucionalmente al politizado Tribunal Constitucional, y desobedeciendo diez leyes impuestas por el PP como la LOMCE o Ley Wert y la Ley Mordaza.
Ante la falta de concreción del programa de JxS hasta el día de hoy, la CUP ha sabido mover ficha primero centrándose en treinta y nueve medidas inmediatas de "igualdad, justicia e inclusión social para hacer frente a la precariedad vital" como la implementación de la moratoria de los desahucios y un "plan de revisión de diez privatizaciones", que el gobierno de CiU impuso en sus últimas legislaturas, y que se "aproximan a un modelo elitista, especulativo y agresivo con los derechos sociales", según afirmaba Eulàlia Reguant, la número seis de la lista.
Tan lejos, tan cerca
La realidad entre JxSí y la CUP para llegar a posibles puntos de entendimiento se tambalean en prácticamente todos los aspectos, aunque, como ha indicado Antonio Baños en varias ocasiones, ellos no provocarán un descarrilamiento del proceso.
Las demandas de la CUP, que parecen catalogadas como radicales dentro del discurso del statu quo cuando, en realidad, se acercan sin paliativos a la defensa de los intereses sociales, pugnan abiertamente con unas estructuras de poder diseñadas desde y para las élites económicas e instituciones que siempre han sido consideradas como fin último inquebrantable encarnadas en Cataluña por el liderazgo de Artur Mas que ha conseguido el apoyo incondicional de ERC.
La maniobra de la CUP no se ha limitado en quién debería capitanear el proceso, sino que mencionando una sola vez el nombre de Artur Mas en toda la comparecencia, llevaron el discurso a su terreno reiterando que el gobierno autonómico en Cataluña ha acabado y avanza hacia una república construida con la participación de las clases populares, es decir, sigue manteniendo una equidistancia con JxSí en el tema independentista, pero advierte que sus postulados nunca se doblegarán ante el cesarismo que ha aniquilado a la clase trabajadora durante los últimos veinte años con el pujolismo y ahora el Masianismo.
Según la CUP, Convergència i Unió han sido los responsables de casos como el de Ester Quintana, que durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma cuando Felip Puig era Consejero de Interior, o en múltiples ocasiones se han personado como acusadores, en su mayor parte contra manifestantes, en el caso Aturem el Parlament que llegó hasta la Audiencia Nacional, el caso Can Víes con el alcalde de CiU Xavier Trias a la cabeza, o en el marco de la huelga general del 29 de marzo, con el propio alcalde como acusador particular, donde cuatro piquetes del barrio de Poblenou fueron acusados sin pruebas de desórdenes públicos y dos sindicalistas de la CGT afrontaban peticiones de dos años y medio de cárcel por quemar dinero falso en la bolsa de Barcelona. Recientemente, las seis personas imputadas fueron absueltas.
Sin embargo, la CUP tiene una fuerza relativa dentro de las decisiones para la formación de gobierno ya que representan la última fuerza en la Generalitat con 336.375 votos que equivalen al 8,2%. De modo que la única formación que puede gobernar y tiene la última palabra para formar gobierno es JxSí.
En este sentido, la candidatura coral de Antonio Baños y Anna Gabriel prefirió desmarcarse acerca de la investidura para el futuro president y estableció las bases con las que hay que gobernar durante los próximos 18 meses, una estrategia indispensable para seguir ganándose la complicidad entre los catalanes que no votaron por la independencia y así empezar a consensuar un debate en que la independencia no se reduzca solamente a un carácter identitario e histórico como presenta CDC y ERC, sino que se amplíe hacia un carácter de instrumentalización que favorezca, con un nuevo comienzo, a las clases populares que, como declara la CUP, son los verdaderos vertebradores del proceso soberanista.
La declaración de intenciones de Mas
Artur Mas ha anunciado ya que en los días posteriores presentará una "declaración de intenciones independentistas en el Parlament" pero sin esclarecer las medidas que llevará a cabo en el futuro inmediato, y que parecen, por su naturaleza, muy alejadas de las propuestas de la CUP. No obstante, de su entendimiento depende que el independentismo gobierne con mayoría absoluta. Por el otro lado, C's, PP y PSC que antes se habían dedicado a presionar a la CUP para que no invistieran a Mas, ahora acusan a la candidatura de izquierdas de "desafiar el orden democrático" y le piden a JxSí que hagan caso omiso a las "imposiciones de la CUP".
Esta semana, todas las miradas se centran en la imputación del líder de Convergéncia que tiene que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a causa de la consulta del 9 de noviembre de 2014 el próximo 15 de octubre, día que se conmemora el 75 aniversario del fusilamiento del expresidente de Cataluña Lluís Companys por la dictadura franquista, a causa de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Ayer testificaron las otras dos imputadas Joana Ortega e Irene Rigau. La asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asamblea de Municipios por la Independencia han lanzado una iniciativa de apoyo a Artur Mas para acompañarle en la sede del TSJC cerca de la Generalitat de Cataluña en el Arco de Triunfo. Sin embargo, hay que destacar, según avanza el periódico catalán La Directa, que dos de los magistrados que van a juzgar a Artur Mas son Miguel Ángel Gimeno y Maria Eugènia Alegret que mantienen buena relación con el actual presidente en funciones.