Nambija espera al presidente Correa
Fotos y texto de Patricia Rialpe
Los mineros de Nambija esperan conversar con el presidente de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, pero no llega. Ángel Maya, uno de ellos, cree que no llegará, que irán los policías y militares a desalojarlos “como sucedió ya en Conguime o en Esmeradas”. Maya teme que les quiten lo que les pertenece “por derecho”, lo que trabajan desde hace 30 años. “No somos criminales, somos mineros que hemos aportado con trabajo, muerte y oro al Estado ecuatoriano”, concluye este minero.
Al ver su forma de vida, que no ha cambiado, se aprecia que los sucesivos gobiernos los han olvidado. La Nambija que conocí en los ‘90 sigue igual, con gente buena, con jóvenes que llegan cargados de esperanza de encontrar una salida a su desempleo. Los mayores nos reclaman que no les criminalicemos y esperan que vuelva con sus fotos, con su historia contada y no con lamía.
Pasadizos de Mordor
Ellos no entienden de revoluciones ciudadanas, sólo viven. Ahí se construyen historias de gente del pueblo, no de burócratas que ven cifras tras un escritorio y que nunca caminarán por este laberinto que recuerda a esos pueblos descritos por Tolkien en El Señor de los Anillos. Aquí, en Nambija, lo que se busca y encuentra es la pepita de oro, de ese oro que sirve para los anillos y joyas que se venden en la tiendas de New York, Londres, París o que sirve para adornar las salas de algún dictadorzuelo o pseudorrevolucionario del siglo XXI.
Estos últimos mineros artesanales del Ecuador, saben que sus días se acaban, que viene la gran minería, esa que abre grandes huecos o perfora hasta dos kilómetros de profundidad. Son empresas canadienses y chinas a las que Correa ha autorizado perforar, sin la consulta previa a las comunidades y pueblos ancestrales afectados que consagra la Constitución del Estado y el artículo 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Constitución de Ecuador, de conformidad explícita “con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”, también reconoce cumplidamente en el artículo 57.7, los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la “consulta previa, libre y razonada” respecto a la “prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.
Esas compañías han construido un Estado dentro del Estado Ecuatoriano. Para recorrer la zona hay que pedir autorización –una especie de visa–, ya que en estas zonas concesionadas existen pueblos ancestrales y comunidades que cualquier ciudadano debería poder visitar sin esa visa de las mineras transnacionales. En ese punto calla o se vuelve ciega la revolución ciudadana del presidente Correa.