La lucha por el ‘direito à habitação’
El derecho a la vivienda está recogido
en la Constitución portuguesa,
sin embargo la especulación, los alquileres,
que han aumentado en
más del 41%, la discriminación que
dificulta o niega el acceso al crédito
o al alquiler y, sobre todo, la falta
de inversiones por parte de la administración
en políticas públicas de
vivienda son las barreras principales
que empujan a muchas personas
a condiciones de infravivienda.
En el área metropolitana de Lisboa
son decenas los barrios de barracas,
estas zonas son objeto de un
Programa Especial de Realojamiento
(PER) creado en 1993 por el
Gobierno para acabar con estos
asentamientos y realojar a las personas
que viven allí. Las políticas
de demoliciones aplicadas con el
PER no han ido acompañadas por
realojos, como en el caso de
Azinhaga dos Besouros, barriada
popular en el norte de Lisboa elegido
por el Grupo Amorim para ubicar
el centro comercial Dolce Vita
Tejo [ver DIAGONAL nº 37]. Según
los datos de DAH existen más de
9.000 personas amenazadas de expulsión
y destrucción de sus casas,
sin alternativa de realojamiento.
Como en el caso de Azinhaga dos
Besouros, estas expulsiones ya han
comenzado y afectan a centenares
de personas. En marzo de 2005 se
creó Direito à Habitação, dentro de
la asociación Solidaridad Inmigrante,
para luchar contra la amenaza
de expulsión de las barracas
del área metropolitana de Lisboa.
Se constituyó como un grupo de denuncia
pública, de lucha y sensibilización
a través de acciones directas
en el terreno y de apoyo a la población
para garantizar que el derecho
a la vivienda para todos, independientemente
del origen, sea respetado.
Las reivindicaciones de DAH
tienen algunos paralelismos con las
luchas por la vivienda en el Estado
español. Por un lado exige la aplicación
del artículo 65 de la Constitución
de la República Portuguesa
que reconoce el derecho a la vivienda.
Por otro, el realojamiento
de las personas que viven en condiciones
infrahumanas.
También la construcción y promoción
de un mercado de vivienda
con precios adaptados a los rendimientos
de cada persona, como
está enunciado en el punto 3 del
artículo 65 de la Constitución, y la
rehabilitación de los edificios vacíos
de Lisboa para las personas necesitadas.
Un último objetivo es la
lucha contra la especulación inmobiliaria
y la discriminación (normalmente
por cuestión de género
y raza) en el acceso a la vivienda
de alquiler.
El manifiesto
Varios grupos de vecinos de los barrios
demolidos o “en la inminencia
de serlo” de Lisboa han elaborado
un manifiesto con el apoyo del DAH.
Lo firman vecinos de los barrios
Marianas, Azinhaga dos Besouros,
Estrada Militar, Quinta da Vitoria,
Fim do Mundo y Quinta da Serra.
Muchos vecinos de estos barrios se
instalaron antes de la ley de 1993 y
el censo que creó entonces el PER,
donde no fueron incluidos. “Nosotros,
por ejemplo, que somos trabajadores
de la construcción, fuimos
excluidos. Nuestro trabajo exige
desplazamientos frecuentes durante
varios días seguidos al lugar de
las obras. Ésta es la razón de nuestra
ausencia del barrio, lo que provocó
nuestra falta de información
durante el censo”, señalan en el manifiesto.
Además, añaden, en estos
barrios después de 1993 llegaron
cientos de personas en situaciones
económicas precarias, “por la discriminación
a la que se encuentran sujetas
en el acceso a una casa en el
mercado privado y por la falta de
una política real de vivienda que
pueda responder a sus necesidades
de vivienda, no tuvieron otra alternativa
que los barrios de chabolas”.
Muchos de los vecinos afectados por
el PER son ciudadanos inmigrantes,
a los que la política de demoliciones
deja en una situación extremadamente
precaria. “Considerando la
historia de la colonización y considerando
la de la emigración portuguesa,
no es justo el tratamiento recibido
por los inmigrantes en el territorio
portugués”, señala el texto.
Por eso el surgimiento de ‘Direito à
Habitação’ esta integrado dentro de
la asociación Solidaridad Inmigrante.
Las luchas por la vivienda en
Portugal están muy ligadas a las luchas
de los inmigrantes, la población
más afectada ante la dificultad
de acceso a una vivienda digna. La
denuncia más frecuente es que las
demoliciones contribuyen a la degradación
de los barrios, provocando
daños psicológicos, morales y
materiales. Las condiciones de habitabilidad
han empeorado sustancialmente,
además de aumentar la presencia
“violenta y abusiva de las
fuerzas policiales”, que expulsan de
forma brutal a la gente de sus casas.
Como parte de la lucha y el trabajo
del DAH junto con los habitantes de
los barrios amenazados por las demoliciones,
se han realizado actividades
diversas para la divulgación y
denuncia del problema de la vivienda.
Encuentros, debates, proyecciones
de documentales de luchas en
otros países. A partir de estas iniciativas
han aparecido otras asociaciones
interesadas en este tema, que
han creado, hace un año, la
Plataforma Artículo 65, una red de
asociaciones sin vínculos con partidos
políticos y cuyo interés en común
es la lucha por la “vivienda para
tod@s”, sobre la exigencia de políticas
estructurales que garanticen
un mercado de vivienda al alcance
de todos. La Plataforma quiere recoger
35.000 firmas para plantear al
Parlamento una nueva “Ley de
Vivienda” formulada desde la sociedad
civil y las organizaciones por la
vivienda. Para preparar la manifestación
del 25 (ver recuadro), se han
organizado las Primeras Jornadas
por la Vivienda, con exposiciones y
debates bajo el título de “Habitação:
un negócio ou um direito?”
La manifestación del 25-F
Con samba, batucada
y música se celebró
el pasado 25 de
febrero una manifestación
convocada por
la Plataforma Artigo
65. Más de 2.000
personas salieron de
la Plaça da Figueira
bajo el lema “Habitação
para todos”. La
plataforma, que agrupa
unas 15 asociaciones,
independientes
de partidos políticos,
se sentía muy
satisfecha con la convocatoria,
sobre todo
con la “cantidad de
gente de los barrios
que han venido a
manifestarse al centro
de Lisboa”. El acto
se cerró con la lectura
de varios comunicados
exigiendo al
parlamento que se
implique en políticas
de vivienda efectivas,
públicas y accesibles.
“Vamos a dar que
hablar”, afirmaba
Gela, una participante
en el acto.