Guadalupe, de la autogestión de la salud popular a las alarmas vecinales
- UN LOGRO PARA EL BARRIO. La municipalidad financia el salario de una parte de los médicos, siendo otra parte trabajo voluntario de los implicados e implicadas. // Decio Machado
Bajo el reclamo de “¡Que se vayan
todos!”, en diciembre del 2001, se
constituía la Asamblea Barrial de
Guadalupe, en la ciudad de Santa
Fe, de 400.000 habitantes. Eddie
Barrionuevo, miembro de la organización,
recuerda los orígenes de la
asamblea: “Tras 20 años dolorosos
de una democracia vacía de contenido,
aprendimos que debemos exigir
y también hacer uso de nuestros derechos,
es decir ejercer nuestra ciudadanía,
y esto es mucho más que
poner un voto en una urna cada dos
años. Vimos que nuestros vecinos
sentían lo mismo que nosotros. Y
nos juntamos a debatir qué hacer, a
organizarnos, a proponer soluciones
concretas a nuestros problemas. Nos
propusimos construir una concepción
distinta del poder: desde abajo,
entre todos, pero con un horizonte
común: la transformación de nuestra
sociedad”.
Esta asamblea es la única que queda
de las nacidas durante el estallido
social de diciembre de 2001 en la ciudad
de Santa Fe. Desde el principio,
organizó y canalizó sus actividades
hacia la autogestión de las necesidades
del barrio de Guadalupe.
Entre otras actividades, tiene una
fuerte participación en los reclamos
de seguridad barrial, exigiendo respuestas
concretas a las autoridades
y promoviendo un exitoso sistema
de alarmas comunitarias instaladas
ya en varios sectores de Guadalupe
y otros barrios de la ciudad. Según
Barrionuevo, “las alarmas comunitarias
nacen por la inseguridad que genera
la marginalidad en la que se encuentra
gran parte de la población
argentina. Nosotros lo primero que
hicimos fue crear juntas vecinales
de seguridad autogestionadas, creamos
a partir de ahí las manzanas solidarias,
donde denunciamos la complicidad
de la Policía con las bandas
delincuentes que estaban saqueando
el barrio”. En Guadalupe, como
en muchos barrios populares de
Argentina, la propia Policía pasa la
información a los delincuentes de a
qué hora las casas no tienen gente o
cuándo alguien se va de viaje.
Barrionuevo habla de “todo un nudo
de complicidades entre Policía, jueces
corruptos y abogados con determinados
delincuentes” que situaba
en la más absoluta indefensión a los
vecinos del barrio. De ahí el sentido
de las alarmas comunitarias, un sistema
de timbres intercomunicado
en toda la manzana, con un costo de
60 pesos por vivienda, con lo cual cada
vez que suena una alarma, toda
la manzana sale a la calle en un ejercicio
de apoyo mutuo y autodefensa
del barrio por sus propios habitantes.
“Lo habitual es que el ladrón,
cuando oye 50 alarmas sonando al
mismo tiempo y el conjunto de vecinos
saliendo a la calle al mismo tiempo,
salga corriendo. La delincuencia
ha bajado un 40 % en el barrio”, asegura
Barrionuevo.
Autogestión de la seguridad,
seguridad de la autogestión
La Asamblea Barrial de Guadalupe
participó a su vez en el plebiscito que
impidió el aumento de tarifas de la
privatizada Aguas Provinciales, en
las protestas de la iglesia de Guadalupe
que culminaron con la expulsión
del arzobispo Storni por abusos
sexuales sobre seminaristas, y en la
fiscalización de las obras públicas
que se hacen en el entorno. Cuenta
también con una feria artesanal que
funciona en plazas y espacios públicos
de Guadalupe, emite un boletín
informativo mensual que se distribuye
a domicilio en el barrio y que,
además de opinar sobre temas de actualidad
de la política municipal, socializa
las cuentas de las actividades
de la asociación al conjunto de vecinos
del barrio. La asamblea ha creado
también una página web, emite
un programa de radio FM barrial, y
ha fundado una asociación civil sin
fines lucrativos llamada Asociación
Paz y Esperanza de Guadalupe.
A través de ella ha concretado uno
de los logros más transcendentes del
barrio: la construcción de un centro
comunitario de mediana complejidad
para Guadalupe. El Centro Comunitario
Padre Edgardo Trucco realiza
una verdadera actividad comunitaria
en todos los órdenes: asistencia
médica, con fuertes acciones en
promoción y prevención, biblioteca
popular, capacitación y organización
de micro-emprendimientos productivos,
y otras actividades culturales,
deportivas y de integración de
los vecinos, en defensa de la salud
comunitaria y del desarrollo humano
y social.
“Nuestro ámbito de actuación es
un área de 20.000 vecinos que pueblan
este distrito. La financiación
para la construcción del centro se
consiguió tras muchas movilizaciones
y acciones protagonizadas
por los vecinos de Guadalupe. En
la actualidad, la municipalidad financia
el salario de una parte de
los médicos que aquí actúan laboralmente,
siendo otra parte trabajo
voluntario de los implicados e implicadas.
Atendemos a unas 250
personas diarias, de manera gratuita
y con un horario de apertura
diaria de 12 horas consecutivas”,
indica Eddie, y prosigue: “Para
nosotros la actuación sanitaria no
solamente consiste en la atención
médica, sino en atacar las causas
de la mala salud: la mala alimentación
de los pibes, la falta de educación
sexual, el alto número de embarazos
de chicas jóvenes -14 o 15
años-, anemias, la insalubridad de
muchas viviendas, insuficiencia
alimentaria...”.
Para Eddie, todo el trabajo desarrollado
a la fecha de hoy, tras tres
años y medio de la existencia de la
asociación, “es sólo una muestra de
lo que es posible cuando los vecinos
y vecinas participan, proponen, debaten
y se organizan para concretar
los sueños colectivos”.
La Nueva Orleans austral
Santa Fe, de más de
400.000 habitantes y
capital de la provincia,
vivió el 28 de abril de
2003 la crecida del río
Salado, que inundó casi la
mitad de la ciudad. Veintitrés
personas murieron.
Días antes se había inaugurado
un muro de contención
de aguas sobre el
río Salado, donde se dejó
un paso abierto de casi un
kilómetro de amplitud
para la circulación de los
vehículos 4x4 de las clases
adineradas que practicaban
el golf en un campo
cercano al río. Investigadores,
meteorólogos, ecologistas
y periodistas alertaron
sobre el riesgo de graves
inundaciones, pero los
funcionarios los ignoraron
y se produjo la peor catástrofe
de la historia del
lugar. Aparte de las muertes
producidas por la inundación,
las pérdidas de
cosechas, mercaderías y
obras de infraestructura se
calcularon en 300 millones
de dólares.
El gobernador provincial,
Carlos Reutemann, y el
intendente de la capital,
Marcelo Álvarez, negaron
haber recibido alerta de la
catástrofe. Pero la Universidad
del Litoral, el Instituto
Nacional del Agua y el Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA)
afirmaron lo contrario. Ningún
político se ha sentado
en un banquillo para dar
explicaciones sobre lo
ocurrido, contra lo demandado
por la Asamblea
Barrial de Guadalupe.