Colectivos de la memoria histórica: un movimiento que desentierra ideas
- REGRESO A LA REVOLUCIÓN. Junto a las investigaciones sobre lo ocurrido, se reivindican valores y acciones políticas de movimientos perseguidos durante décadas. En la
imagen, un grupo de jóvenes emula en las calles de Barcelona a los milicianos que llevaron a cabo la colectivización del transporte en julio de 1936. / Toni Arnau
Spain is different. A diferencia del
resto de países europeos, sólo la
Transición española estableció una
democracia parlamentaria sin romper
legalmente con la dictadura.
Tampoco se inició ningún juicio por
los asesinatos del Franquismo. Y
sus símbolos aún persisten en cientos
de calles y miles de edificios.
Actualmente, mientras se debate
en el congreso la actual ley de la
memoria, las asociaciones de familiares
y víctimas de represaliados se
indignan al pensar cómo continuarán
estás anomalías. La ley, denuncian,
no anula las sentencias franquistas,
ni obliga a retirar los símbolos,
ni establece la obligatoriedad
del estado de investigar lo ocurrido.
Mientras, la rehabilitación social
de los represaliados está todavía lejos
de llegar. Por poner un dato: según
los estudios, los cuerpos de
30.000 personas continúan enterrados
en cunetas, montes o bosques.
Uno de los familiares de aquellas
víctimas es Emilio Silva, actual presidente
de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH). En el año 2000, Silva
publicaba un artículo en un periódico
de León. “Soy nieto de un desaparecido.
Mi abuelo se llamaba
Emilio Silva Faba”, escribía. “Lo
mataron a tiros junto a otras 13 personas
y lo abandonaron en una cuneta,
a la entrada de Priaranza del
Bierzo. Todas sus honras fúnebres
consistieron en un agujero y unas
palas de tierra bajo las que todavía
hoy están sus restos”.
Con el título de Mi abuelo también
fue un desaparecido, el texto
explicaba el camino seguido para
informarse sobre lo ocurrido hace
64 años en el Bierzo y encontrar los
cuerpos de las víctimas. Aquella fue
una de las primeras exhumaciones,
pero en seguida se generó un enorme
eco social. Se iniciaron nuevas
exhumaciones. Se formaron grupos
de la memoria histórica en decenas
de puntos, que se unieron a
colectivos que llevaban décadas
agrupando a víctimas de la represión:
ex presos, exiliados, niños de
la guerra... En total, se calcula que
existen ya más de 150 asociaciones.
Emilio Silva no duda en hablar
del fenómeno como una explosión.
“Las primeras excavaciones fueron
una señal para mucha gente que estaba
esperando el momento de poder
hacer lo mismo”, explica. Y esa
señal llegó a cientos de personas
dispuestas a mirar con menos miedo
al pasado. “Somos una generación
que no hizo la Transición, ni
está de acuerdo en cómo se hizo,
que no apoyó los pactos que se hicieron,
ni apoyó la Ley de Amnistía,
ni pensó que era fundamental para
el establecimiento de la democracia
condenar al olvido a todas las víctimas
de la dictadura”.
Los nietos de los vencidos
Para Arturo Peinado, de la Federación
de Foros por la Memoria, la
idea se resume con una expresión:
“los nietos de los vencidos”. La Federación
nacía en 2002 con el objetivo
de dar a conocer lo sucedido
tras el golpe del ‘36. Comenzó como
una comisión de la memoria ligada
al Partido Comunista. Con el
tiempo, sin embargo, se sumaron
personas de otros ámbitos, se abandonó
el vínculo con el PC y se pasó
a una federación estatal.
Arturo se muestra convencido de
que las investigaciones han de ir
acompañadas de una explicación
política. “No solamente estamos
desenterrando cadáveres, estamos
desenterrando ideas”, asegura. Según explica, el rigor científico ha
de ir acompañado de un rigor social.
“En los pueblos donde ha habido
crímenes explicamos qué han
supuesto esos crímenes. Nos fundamentamos
mucho en la legislación
internacional. Se cometieron
crímenes contra la humanidad. Por
eso hay que conseguir pruebas, demostrar
que el Franquismo supuso
un genocidio político planificado”.
En todo caso, advierten las asociaciones,
las exhumaciones no son
un fenómeno tan reciente. Un movimiento
similar se vivió tras la
muerte de Franco. “A finales de los
‘70 se comenzaron a abrir fosas, sobre
todo en La Rioja y Navarra. La
gente se llegó a manifestar ante los
asesinos”, apunta Silva, quien recuerda
cómo todo eso se acabó de
golpe la noche del 23-F. “El grito de
‘quieto todo el mundo’ se entendió
a la perfección. El golpe triunfó psicológicamente.
Consiguió la impunidad
social del Franquismo.”
Romper el tabú social
Actualmente, a 70 años del estallido
de la guerra, las asociaciones
aún se sorprenden al ver cómo ese
miedo social persiste en las pequeñas
poblaciones. En ocasiones, comentan
desde la Federación de
Foros, los equipos que trabajan en
las excavaciones han llegado a encontrarse
en los pueblos con los
asesinos de los fusilados. En municipios
donde todos los vecinos se
conocen, las exhumaciones han
servido para romper el tabú de familiares
de desaparecidos que no
se atrevían a reconocerlo.
En la ARMH se recuerda el caso
concreto de Antonia Parra, hija de
un fusilado. Hace dos años, Antonia
acudía a un acto en homenaje
de los represaliados y se asustó en
el momento en que vio una bandera
republicana. Según reconocía,
pensaba que estaba en un acto clandestino
y podría acabar en la cárcel.
Hoy la vida de Antonia Parra ha
cambiado. Preside la Asociación de
la Memoria Histórica en Marchena.
El 1 de mayo inauguró un monumento
a los más de 150 asesinados
en esa localidad y no deja de acudir
a conferencias sobre la represión.
En opinión de Silva, estos casos
demuestran que es en los pueblos
donde mejor se ve la utilidad de estas
acciones. “Personas que antes
estaban anuladas, que jamás habían
hablado sobre estos temas, están
empezando a hablar de esto con
naturalidad. Para mí, esto es una
revolución social”.
Incautados por Franco
_ Como una de las actividades
historiográficas
más ambiciosas, a
finales de noviembre
se celebra en Madrid
el macro congreso
sobre la Guerra Civil.
Impulsada por el
Gobierno, la cita espera
sacar las conclusiones
con las que poner
fin al llamado 'año de
la memoria'. Las asociaciones
de la memoria,
no obstante, critican
el contraste entre
el interés historiográfico
y el desinterés jurídico,
al no anularse las
sentencias franquistas.
Según protestan, uno
de los motivos de no
hacerlo es el de evitar
que los legítimos propietarios
podrían reclamar
sus bienes. Con
esa intención, en 2005
se fundó la Asociación
de Perjudicados por la
Incautación del Gobierno
Franquista (APIGF).
Con información registrada
de 800 familias,
los bienes perdidos se
cifrarían hoy en 14
millones de euros.