Otro caso de violencia inmobiliaria en Castellón
En ocasiones, la presión especulativa
se expresa directamente con
toda su crudeza. Así ha ocurrido
en Castellón, donde el asedio sufrido
por una casa okupada ha llevado
a cerca de 300 jóvenes a salir
a la calle el 3 de marzo contra la
violencia inmobiliaria.
En la actualidad, el grupo de okupas
supone una de las últimas resistencias
frente al derribo de una antigua
granja de Roquetes de Castellón,
sobre la que se planea comenzar
a edificar pisos. Contra ellos, el
lunes 26 de febrero, un grupo de 15
personas entraban de madrugada
en la casa y la emprendía a golpes
con nueve habitantes que se encontraban
en el interior. Semanas más
tarde, varios de ellos aún padecen
secuelas de las heridas en cabeza,
cara y tórax. “Todos tienen heridas
tremendas en la cabeza”, asegura
Miguel, del grupo de apoyo a la casa
okupada. “Entraron diciendo que
eran la policía. Los okupas pensaban
que era un desalojo, y al salir a
uno le encañonaron en la cabeza y
se liaron a golpes”. Según la prensa,
la policía alcanzó a uno de los coches
de los atacantes que huían del
lugar. A bordo viajaban cuatro personas
de nacionalidad rumana, que
contaban en el interior del vehículo
con navajas, porras extensibles,
spray y una catana.
Sólo dos horas después, los habitantes
vivían un nuevo sobresalto. A
las ocho de la mañana, otras dos personas,
una de las cuales asegura ser
el propietario de la casa, se presentaron
acompañados por una excavadora
y amenazaron con derribar
el edificio con gente dentro. Al final,
la granja resiste, pero los ataques
continúan. La noche siguiente, varios
individuos lanzan cócteles molotov
contra las ventanas del edificio.
Desde FA Inmobiliaria se niega
implicación en las agresiones. En
cambio, para los ocupantes resulta
obvia la relación entre los intereses
especulativos y las agresiones que
han sufrido por “matones a sueldo”.
“Está claro que el dueño no tiene
los papeles en regla, porque si no
intentaría el desalojo por la vía legal
y no de forma mafiosa”, asegura
Miguel, quien señala la necesidad
de que estas agresiones se investiguen
para “averiguar quién está
moviendo todo esto”.
Según los ocupantes, al denunciar
el ataque con cócteles molotov, la
policía les llegó a decir que quien debería
denunciar sería el dueño de la
casa, ya que sólo hubo daños materiales.
Aún así, la denuncia ha seguido
adelante. Y de forma paralela se
dan las protestas en la calle. El pasado
sábado 3 de marzo se congregaron
al menos 300 personas. Mientras
tanto, para defender la casa,
decenas de personas y grupos de
apoyo hacen guardia cada noche ante
la amenaza de nuevos ataques.