Campaña para evitar la extradición de los refugiados políticos italianos
- LA JUSTICIA EXTRADITA. La Corte de Apelaciones de Versalles (París) se pronunció a favor de la extradición de Marina Petrella en diciembre de 2007.
La refugiada italiana Marina Petrella
lleva ocho meses encarcelada en
la prisión parisina de Fresnes a la
espera de una decisión del Gobierno
francés sobre su suerte. Su caso
refleja el de cientos de militantes políticos
italianos que desde principios
de los ‘80 encontraron refugio en territorio
francés pero que ahora pueden
ser extraditados por acusaciones
de hace 20 años.
Petrella fue detenida el 21 de
agosto de 2007 al ir a la comisaría
de su barrio para arreglar una formalidad:
tenía pendiente una demanda
de extradición de Italia. Esta
demanda se remontaba a los ‘90, pero
había sido reactivada en 2004.
En 1982 ya había sido detenida
en Italia y pasado ocho años en una
cárcel. Superado el plazo legal de
prisión preventiva, quedó en libertad
provisional hasta que, en 1993,
los tribunales italianos, todavía bajo
el peso de ‘los años de plomo’, la
condenaron a cadena perpetua. Había
sido acusada de haber participado
en todas las acciones del grupo
armado Brigadas Rojas entre 1979
y 1982. Petrella abandonó entonces
Italia para refugiarse en Francia,
donde encontró refugio al amparo
de una política ya estable de acogida
de los ‘refugiados’ italianos.
El peso de los años de plomo
Según Rossalinda Scalzone, miembro
del colectivo de solidaridad con
Marina Petrella e hija de Oreste
Scalzone, fundador de Potere
Operaio, muchos italianos huyeron
a Francia en un contexto de auténtica
caza contra los militantes de los
grupos armados y revolucionarios.
Enfrentaban pesadas condenas de
cárcel fruto de una legislación endurecida
para todos los actos de naturaleza
política –castigados, por
ejemplo, al amparo de figuras como
los delitos de tentativa de insurrección
contra el Estado o de banda armada–.
De los más de 6.000 presos
políticos italianos, un millar pasará
por Francia. Ahí, la consigna “asilo
para todos y cada uno” lograría encontrar
un eco favorable e imponerse.
Francia consideraba que la actividad
de estos militantes, aunque
hubiera tomado formas extremas,
era fruto de un movimiento social,
por lo que no había que detenerse
en la acusación concreta de cada caso.
En ese contexto se produjeron
numerosas batallas políticas para
que fuera reconocido el carácter de
excepción y el enorme peso del ‘clima
de terror’ que contaminaban los
procedimientos judiciales italianos.
Hubo también batallas para hacer
valer el peso del movimiento social
y político ahí donde la justicia hacía
recaer responsabilidades, que paradójicamente
ésta misma definía como
colectivas, individualmente sobre
cada imputado. Las decisiones
judiciales italianas también eran denostadas
por su lentitud y por los
efectos perversos sobre los procedimientos
de las leyes especiales.
Francia había decidido entonces
no entrar en distinciones entre buenos
y malos refugiados y apostó por
aplicar una política de acogida, que,
aunque nunca fue escrita, se traducía
en hechos. Hasta 2001 no se produjo
ninguna extradición, y eso incluso
aunque un tribunal se hubiera
pronunciado a favor de la misma.
Mitterrand, a la sazón presidente de
la República francesa, prefirió, para
evitar el riesgo de ‘importar’ la agitación
italiana, encontrar una salida
más política: abrió las puertas a los
italianos permitiéndoles salir de la
clandestinidad. Poco a poco los refugiados
fueron consiguiendo permisos
de residencia, algunos incluso
fueron naturalizados, y pudieron
rehacer sus vidas aunque fuera lejos
de Italia. Mitterrand, que nunca
desautorizó a la justicia italiana, declaraba
entonces que la política de
acogida ayudaría a Italia a salir de
un período difícil de su historia y a
reencontrar un clima sosegado.
Esta política se interrumpió en
2002 con la extradición de Paolo
Persichetti. Pero esta ruptura estaba
más ligada a un contexto político
concreto que al cambio de la opinión
pública respecto a los “refugiados
italianos”. Algunos meses antes,
el conservador Balladur, entonces
primer ministro, había firmado
–en pleno agosto– el decreto de extradición
de Persichetti como insolencia
hacia Mitterrand. Entregado
a la policía italiana, Persichetti fue
encarcelado en la prisión romana
de Rebibbia. La gran movilización
que provocó esta extradición formó
una nueva protección en torno a los
refugiados. Pero ésta saltó por los
aires de nuevo en 2005 con el arresto
y entrega de Cesare Battisti.
El caso de Battisti ejemplificó un
cambio de actitud: esta vez se produjo
un movimiento a favor de la
extradición. Francia abandonaba
dos decenios de política de acogida
y dejaba en una total incertidumbre
al centenar de refugiados
políticos italianos que todavía residen
en su territorio. Porque en
Italia, el período llamado de los
‘años de plomo’ nunca ha sido objeto
de una solución política con,
por ejemplo, medidas de amnistía.
Así, ante el desarrollo de sistemas
conjuntos de policía (Europol) y de
justicia que avanza a grandes pasos
entre Francia e Italia, los refugiados
políticos corren el riesgo de
ser el anunciado objetivo de un goteo
de extradiciones.
En vilo ante
la extradición
_ Marina Petrella, que ya lleva
ocho meses encarcelada en la
prisión parisina de Fresnes, fue
hospitalizada en abril en un servicio
de psiquiatría, víctima de
una grave depresión nerviosa.
Refugiada política italiana, madre
de dos hijas, Petrella vive en
Francia desde 1993, donde trabaja
como asistente social. La
concesión por Francia de un permiso
de residencia de diez años
era, en la práctica, la concesión
del asilo político. Ahora vive a la
espera de una decisión del
Gobierno francés sobre su suerte.
Su estado de salud, ante la
amenaza de ser entregada para
cumplir una cadena perpetua,
es cada vez más frágil. La movilización
para conseguir su libertad
continúa en Francia y en Italia
con actos, reuniones y una recogida
de firmas para reclamar su
liberación. Más información en:
www.paroledonnee.info.