La Audiencia Nacional pide 14.400 euros a un activista anti TAV para evitar la cárcel
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha impuesto el pago de una multa de 14.400 euros a uno de los cuatro miembros del movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! condenados por tirar una tarta a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en octubre de 2011, en un acto de protesta contra la construcción de las vías de alta velocidad en la región.
Tras celebrarse el juicio, la Audiencia Nacional condenó a tres de los cuatro activistas a dos años de cárcel y al pago de una multa de 900 euros –frente a los entre cinco y nueve años de cárcel que pedía para ellos la fiscal Blanca Rodríguez, la misma que impulsó la causa contra el concejal madrileño Guillermo Zapata–. Al cuarto le condenó a un año de cárcel a al pago de una multa de 300 euros, que se sumaría a 1.234 euros más a pagar entre los cuatro para sufragar las costas del juicios.
Después de que, en noviembre de 2014, el Tribunal Supremo rechazara el recurso contra la sentencia, se pagaron las multas y costas del juicio. Los abogados de la defensa solicitaron la suspensión de la pena para los cuatro encausados para evitar su ingreso en prisión. La suspensión de la pena se aceptó para tres de los condenados. En el caso de Julio Villanueva, la fiscalía entendió que, al tener antecedentes penales, no procedía la suspensión de la pena. Desde la defensa se pidió entonces la conmutación de la pena de cárcel por el pago de una multa.
En abril, el juez Grande-Marlaska accedió a esta petición, cifrando la multa a pagar para evitar el ingreso en prisión en 14.400 euros, suma que, según señalan desde Mugitu AHT, resultaría de multiplicar una multa diaria de 10 euros por cuatro años, el doble de los años de cárcel a los que estaba condenado. Desde la Audiencia Nacional han desestimado el recurso de súplica por el que solicitaban que la multa diaria fuera de 2 euros en vez de los 10 euros diarios fijados.
Desde Mugitu| Mugimendua y el grupo de apoyo a los tartalaris anti TAV consideran los 14.400 euros de multa como un “nuevo episodio represivo contra la oposición a esta infraestructura”. “Este proyecto despilfarrador, inútil, destructor y antisocial nos lo quieren imponer por la fuerza, reprimiendo y criminalizando a la oposición que se alza contra él”, señalan en una nota.