¿Qué hay de nuevo?
El
efecto político de esta medida ha
sido ambivalente: se ha dado cauce
visible al estado de excepción
económico tocando, sin el más mínimo
ritual de Estado, un texto
que, hasta ahora, había sido la pieza
mayor de la teología de la transición.
Y, por otro lado, aunque la
medida ha generado una fuerte
oposición, sobre todo conceptual,
las propias características “de urgencia”
que han impedido una movilización
consistente han generado
un ambiente de ‘muerte de la
constitución’ –un texto que ha sido
mucho más utilizado como dique
de contención que como potenciador
de demandas democráticas que
bien podría ser un clavo más
en el ataúd de la Cultura de la
Transición y provocar que las demandas
ciudadanas, animadas por
el 15M, se sitúen en terrenos de
mayor contenido material.
Es previsible que las elecciones
del 20N vuelvan funcionar como
catalizador de la enorme fuerza
destituyente del 15M y que el movimiento
se vuelva a acoplar al ciclo
electoral trayendo una de las temporadas
de agitación social más intensas
de la historia reciente. En
términos electorales, el principal
damnificado va a ser el PSOE, un
partido lanzado hacia un desplome
electoral de unas dimensiones que
sus responsables no parecen prever.
El ‘arma’ que el marketing
electoral del partido cree tener es
orientar la campaña hacia la política
fiscal. Un campo en el que, por
ahora, todos los gatos son pardos.
Por un lado, es difícil para los no
expertos calibrar el alcance real de
las medidas fiscales. Por otro, de
forma más esencial, permite una
maniobra de agrupamiento de las
posiciones que reflejan el “buen
sentido común” del capitalismo
productivo, que pide políticas anticíclicas
para salir de la crisis; con
demandas emergentes de transformación
que aspiran a utilizar las
herramientas fiscales como parte
de un programa de reducción de las
desigualdades. Pero los niveles de
erosión de la política parlamentaria
son tan altos, que este intento de
manipulación simbólica –común a
toda la socialdemocracia occidental–
va a ser insuficiente.
Del otro
lado, el PP, sin que probablemente
cuente con ningún avance cuantitativo
en su apoyo electoral, recogerá
los frutos del descalabro e intentará
mantener convenientemente alineados
a sus bloques de poder locales
y regionales hasta que se pongan
en marchas nuevos, y más brutales,
programas de austeridad y
privatizaciones. Estos bien podrían
llegar a abrir grietas en unas élites
económicas de ciudades y comunidades
autónomas que, vinculadas
al ciclo de revalorizaciones patrimoniales,
han estado acostumbradas
a vivir tranquilamente de distintas
formas de transferencia de
recursos públicos, y a las que ahora
va a tocar someterse a una nueva
jerarquización dictada por el capital
financiero transnacional.
Pero los efectos más inmediatos
de los recortes y la austeridad se van
a sentir sobre todo por abajo, entre
aquellos que hacen un uso más intenso
de las capacidades públicas
básicas para la reproducción social.
En este sentido, las luchas por –y en–
los recursos públicos serán decisivas
para articular la contestación a
los fuertes programas de ataque a
que se preparan para después del
20N. Por ejemplo las movilizaciones
en la enseñanza pública en la comunidad
de Madrid: lo que podía haber
sido una reivindicación sectorial
acerca de condiciones laborales se
está convirtiendo en un tipo de lucha
institucional, impensable antes
del 15M, que une a profesores,
alumnos y padres en una experiencia
comunitaria de reapropiación de
la riqueza colectiva que se sitúa con
fuerza allí donde tienen puestos sus
intereses económicos los bloques de
poder locales y regionales. En la extensión
de este tipo de luchas se juega
la capacidad del 15M para articular
su potente deseo de redistribución
en estrategias novedosas de lucha
de clases capaces de construir la
contraparte al nihilismo social del
capitalismo financiarizado.