Aviso de tormenta
Una maniobra sorprendente, porque tanto los tonos como las intenciones que se habían manifestado hasta aquella fecha hablaban de un futuro gobierno en el que a una presencia parlamentaria adelgazada del Partido Nacionalista Vasco, le iba a compensar que el abandono de las propuestas soberanistas características del gabinete Ibarretxe se verían compensadas por un apoyo indirecto del grupo socialista o incluso por la formación de un posible gobierno de coalición.
Así de grises se presentaban las cosas durante la campaña electoral, en la que ninguna de aquellas fuerzas mayoritarias, quería avivar las pasiones encontradas que el frentismo entre españoles y vascos había encendido en las elecciones de 2001.
Tan sólo los extremos de ese frentismo (Eusko Alkartasuna y el Partido Popular) seguían girando sobre el eje independentista o integrista, mientras que la opción abertzale del voto nulo (esta vez a la marca Democracia 3 miloi) era descabezada por la política represiva implacable del ministro Rubalcaba, desplegada con toda su crudeza desde 2007 tras su ruptura de la tregua con ETA. Esta intolerable práctica policial pasó objetivamente poca factura mediática y política, traduciéndose también en movilizaciones muy disminuidas con respecto a situaciones pretéritas parecidas. Las opciones de la izquierda de la socialdemocracia, tanto la federal de IU como la abertzale de Aralar, nadaban y guardaban la ropa, a sabiendas de que una política de grandes declaraciones no podía corresponderse con su mediocre aspiración a un pobre pacto.
Durante la noche de las anodinas elecciones las declaraciones del líder regional socialista, afirmando que iba a optar a la lehendakaritza sonaban aun a las obligadas declaraciones de victoria de los políticos profesionales tras cualquier resultado electoral. La izquierda abertzale ilegalizada mantenía su peso relativo, y si bien era la primera convocatoria en la que no se le dejaba tener presencia parlamentaria, parte de sus votos había fluido hacia su escisión Aralar. La opción independentista del saliente gobierno vasco, EA, acababa de descalabrarse, los chicos del PP seguían a la baja; para cualquiera, la opción de un gobierno nacionalista desbravado de aventuras soberanistas era aun el caballo favorito.
Sin embargo, las secciones vascas del Partido Socialista volvieron a romper todo pronóstico cuando demostraron los días siguientes que estaban dispuestos a pactar con el diablo con tal de besar el sillón presidencial vasco. Una maniobra desconcertante, que se corresponde con la actitud diametralmente inversa que llevaron a cabo en 2007 en Navarra, cuando todas las expectativas se depositaban en un previsible vuelco institucional que iba a desalojar a la derecha navarrista mediante un pacto de progreso entre socialistas navarros y nacionalistas de distinto pelo, pacto por el que se les otorgaba ya las riendas del nuevo Parlamento Foral junto con la alcaldía de la capital navarra.
Nada de esto tuvo lugar, porque la disciplina socialista española pudo más que las querencias locales también en aquella ocasión. Y en este marzo, la derrota por goleada en las autonómicas gallegas colocó en manos de los socialistas vascos la patata caliente de formar un gobierno a cualquier precio, con tal de que ese revuelo político y mediático debido a su ascensión al poder institucional vascongado, borrara la sensación de debacle que el fracaso de la gestión en Galicia proyectaba sobre el debilitado gobierno Zapatero. La única vía consistía entonces en reavivar la política frentista española, aparcada desde los tiempos ZP, y haciendo de estas premisas idea-fuerza, conseguir el apoyo de los sulfurados chicos vascos del PP.
La imposición de los intereses españoles sobre las secciones socialistas locales explican entonces cómo de aquella gris campaña se ha pasado en menos de dos meses a hablar del inicio de una nueva época, de un cambio sociológico a la altura del que ha supuesto la investidura de Obama, de la “conclusión de la transición” y otras sandeces fabricadas para alimentar un bluff político que relance la imagen electoral del proyecto socialista en suelo español.
Durante más de veinticinco años de gobiernos bajo la dirección del PNV, la política que se ha ido generando no ha variado en lo sustancial con el proyecto neoliberal, si bien el elevado nivel de renta local ha posibilitado que esta variante vasca de la democracia cristiana haya mantenido unos relativamente altos servicios asistenciales (que han ido atrayendo incluso a su vera a sectores socialdemócratas como la sección vasca de IU), consolidando una fórmula de gobierno netamente capitalista pero suavizada con medidas correctoras que posibiliten un cierto bienestar social. Tras los intentos de asalto frentistas españoles de finales de los noventa, sus declaraciones de intenciones soberanistas y sus desmarques (sólo nominales) para con los prácticas judiciales y policiales menos presentables para con el proceso de ilegalización progresiva contra todas las representaciones y organismos de la izquierda abertzale, le habían permitido mantenerse en un cierto equilibrio tanto en lo social como en lo eminentemente político.
Su estrategia en política autonómica se había ido basando sobre un programa que tocaba cuatro áreas simbólicas y en las que se podía demostrar un cierta impronta nacionalista, las políticas en Educación, el ente público audiovisual EITB, el área de euskera y la creación de la Ertzaintza. Impulsando en estas áreas directrices mediocres para una verdadera construcción nacional y tendentes a garantizar su gestión del poder en términos neoliberales, sus veinticinco años de desarrollo han favorecido una fachada de gestión nacionalista.
Remozar esta fachada con tintes rojo y gualda es el precio que al PSE le va a tocar pagar por haber accedido al poder autonómico de la mano de la derecha española; desmontar estas políticas y que su desmonte parezca en España un éxito político. Mientras tanto y en lo social, seguir garantizando el trasvase de fondos públicos al sector privado por la vía de la construcción de grandes infraestructuras, seguir financiando con los recursos autonómicos las EREs a las grandes empresas, insistir en la demencial espiral de la edificación y compra mediante endeudamiento bancario de viviendas, permitir un mercado laboral flexibilizado y con un fuerte componente informal a cargo de la mano de obra inmigrante, una sociedad terciarizada y dependiente de la captación de servicios, exenciones a las empresas trasnacionales con sede fiscal en el País Vasco… características clave también de un proyecto que socialistas y PNV desarrollaron conjuntamente durante sus pactos y gobiernos en coalición 85-91, y que ahora el PSE se ocupará de mantener incólumes.
Aun existe un cierto desconcierto sobre cuáles van a ser las medidas concretas en estas áreas básicas del andamiaje político nacionalista, medidas que tendrán que corresponderse con tonos incendiarios y presentarse en el marco de un proyecto antivasquista. Entre estas áreas peligran unos insatisfactorios impulsos a la reeuskaldunización con las políticas de Educación y en el terreno más cultural de la lengua, pero que aun siendo insuficientes se encuentran a años luz de las medidas recesivas promulgadas en tierras navarras.
Desde las valoraciones de esta nueva situación de tinte más político se insiste en la deslegitimación de un parlamento que construye sus nuevas mayorías en función de la exclusión de la legalidad de la izquierda abertzale, sin embargo este argumento (que ahora es asimismo arma en manos nacionalistas) chirría con unos ayuntamientos gestionados desde idénticas bases. En el ambiente de calle lo que se respira es rabia desde unos sectores en conflicto que ven que los nuevos aires que se imprimirán a la Ertzaintza el redoble de las prácticas punitivas y que, en resumen, se nos devuelva a los peores tiempos del Pacto de Ajuria Enea, una alianza que utilizó el ente audiovisual autonómico como una implacable arma mediática al servicio del aislamiento de los sectores en rebeldía y como cobertura de los excesos de las prácticas judiciales y políticas. Y la seguridad de que con el cambio de gobierno finalizarán a su vez los apoyos a los encausados en los sumarios más flagrantes del ciclo de ilegalización, apoyos nominales del todo ineficaces pero que contribuían a la ampliación de la base antirrepresiva y a contener querencias policiales y judiciales que pueden extenderse a otros sectores activistas. Una sociedad vasca que tras 25 años de desmadejamiento planificado de su tejido social asociativo cuenta con escasos recursos para el rechazo.
Detrás de esa rabia por el chaparrón que previsiblemente nos espera se encuentran también contradictorias alegrías por la expulsión de la costra jeltzale. Paradojas de un cambio puede constituir también una oportunidad para atraer hacia el ascua del conflicto a sectores de la izquierda social acomodados en una supervivencia basada en la organización subvencionada de eventos mixtos institucionales y movimentistas. Un nuevo escenario que necesariamente nos obligará a repensar estrategias de resistencia y de movilización en estos tiempos en los que el proyecto capitalista, común a nacionalistas y socialistas, se resquebraja. Estrategias liberadoras más allá de convocatorias subordinadas aun a la lógica de reproducción sindical y política, como está siendo la convocatoria de huelga general para el 21 de mayo, y que consigan arrebatar territorios a la par que producir en ellos y subvertir desde ellos nuevas relaciones sociales.