La Generalitat anuncia ‘el fin de la impunidad’
Las cargas, el desalojo ilegal y la
identificación masiva de los 418
manifestantes que participaban
en una asamblea en la Casa de la
Vaga [Casa de la Huelga] para
preparar la huelga del 27 de enero
y tras una marcha contra el recorte
de las pensiones, han dado por
estrenada la llegada a Interior del
convergente Felip Puig. El operativo
ha sido bautizado por el nuevo
titular como el fin de la impunidad
de los antisistema; “que nadie
piense que las ocupaciones de
propiedades privadas o alterar el
orden público puede ser el paisaje
habitual de Barcelona y Catalunya”,
ha dicho Puig.
El anuncio del fin de la impunidad
se produjo sólo 72 horas después
que el nuevo gobierno de
CiU, presidido por Artur Mas, remitiera
un escrito a los juzgados
solicitando la no imputación de
Ángel Colom y Daniel Osacar, tesorero
de la CDC de Mas, por su
implicación en el cobro de comisiones
ilegales en el llamado ‘caso
Palau’. Según los informes emitidos
por la Agencia Tributaria,
Osacar estaría directamente implicado
en el cobro de comisiones
ilegales a cambio de la adjudicación
de obra pública a la empresa
Ferrovial. Las obras comisionadas
serían la construcción de la línea
9 del metro o la nueva Ciutat de la
Justícia. Las adjudicaciones las
firmaba, a principios de la década,
el propio Felip Puig, entonces
consejero de Política Territorial y
Obras Públicas.
La decisión gubernamental de
proteger a sus compañeros de partido
coincide, contrariamente, con
la decisión del juez Juli Solaz, instructor
de la causa, de abrir una
pieza separada por los indicios
acreditados de financiación ilegal
en CDC. Para el abogado Jaume
Asens se trata de una muestra del
sesgo clasista que rememora “los
tiburones impunes y las sardinas
culpables de los que hablaba Rosa
Luxemburgo”.
- ENCAPUCHADOS. Según informo en su último número la ‘Directa’, todos estos encapuchados son agentes de los Mossos durante el desalojo de la Casa de la Vaga. Llibert Clua / Directa
Sin orden judicial
Respecto al desalojo del antiguo
Palacio del Cine, pese a las numerosos
personas heridas, Puig informó
de que se había producido de forma
“impecable” y con “discreción”,
aunque se realizara sin orden judicial,
con 40 furgones policiales, 350
agentes antidisturbios sin número
de placa –aún cuando es obligatorio
desde 2009– y decenas de grupos de
agentes de paisano con la cara cubierta
en la mayoría de los casos.
Sólo ante el cine ocupado, esta “discreción”
se concretó en 17 furgones
policiales, que cortaron la Vía
Laietana desde las 8 de la tarde hasta
las tres de la madrugada. El dispositivo
habitual del Camp Nou,
una vez finalizado el partido del
Barcelona, también se añadió al
despliegue que ocupó policialmente
el centro de la ciudad.
El consejero aprovechó las declaraciones
a la prensa para agradecer
la buena “colaboración con el estamento
judicial”. De hecho, fue él,
personalmente, quien llamó al juez
de guardia de incidencias José
Antonio Cruz de Pablo –número 32,
la noche del 22 de enero– para imponer
su tesis represiva. Interior recurrió
a la trampa de presentar la
ocupación como un falso delito flagrante
acabado de cometer. La operación,
comandada por el intendente
Antoni Antolín, omitió deliberadamente
que la ocupación se había
consumado el 18 de enero, cinco días
antes. Llamaron a la acaudalada
familia Balanyà, propietaria de
unos cines que llevan vacíos desde
hace ocho años (y que, desde entonces,
lucen el cartel de ‘próxima reforma’)
y ejecutaron el desalojo por
un delito flagrante inexistente. En
este sentido, una carta abierta a
Puig de la Asamblea de Barcelona
–espacio que agrupa diferentes sensibilidades
sociales y sindicales y
que promovió la ocupación del cine–,
le ha recordado que “los desalojos
de inmuebles ocupados los
deciden los jueces y no el
Gobierno”. Cabe añadir que los intentos
reiterados de abogados y delegadas
sindicales para abrir vías
de diálogo, incluso a los niveles más
elevados, fueron en balde. El juez
de guardia tampoco atendió a razones.
Los abogados y abogadas estudian
ahora emprender acciones legales
por la vulneración del derecho
de la defensa y de la tutela judicial
efectiva, puesto que los 418 manifestantes
identificados y retenidos
durante cuatro horas no han cometido
ningún delito.
Ficheros ilegales, otra vez
El estreno de Puig como consejero
ha ido acompañado de una nueva
evidencia de la existencia y uso de ficheros
ilegales por parte de los
Mossos d’Esquadra. En estas bases
de datos se controla y se procesa la
adscripción ideológica de la ciudadanía
crítica. Sólo así se puede entender
que Interior haya filtrado que, de
las 418 personas identificadas, “126
son antisistema, 39 independentistas
y 13 anarquistas”. Esta clase de ficheros
–como los BDT o el Investor,
excluidos de todo control de la
Agencia Catalana de Protección de
Datos– ya se hicieron patentes a raíz
de la causa judicial por la quema de
fotos del rey en Girona en 2007.
Los informes de la policía autonómica
también han querido destacar
que “el 15% de los identificados eran
extranjeros”, factor que Felip Puig
ha definido, sin más explicación adicional,
como “un síntoma de cierta
voluntad de organización y proyección”.
Por justificar la operación, el
consejero se refirió en todo momento
al precedente de la ocupación del
antiguo edificio de Banesto, en los
días previos a la huelga general del
mes de septiembre de 2010. Puig
volvió a ocultar que la causa contra
las 19 ocupantes de aquel edificio
–también desalojado sin orden judicial–
fue finalmente archivada porque
los Mossos fueron incapaces de
demostrar la vinculación causal alguna
entre la okupación y los enfrentamientos
producidos en la calle.
Para Puig, su llegada no ha cambiado
las directrices policiales, pero
sí la “determinación política” para
proceder con contundencia. Cabe
señalar que la identificación masiva
de activistas se volvió a repetir durante
la jornada de huelga en
Catalunya: centenares de persones
fueron retenidas e identificadas desde
primera hora de la mañana por el
mero hecho de repartir octavillas.
EL CONSEJERO FELIP PUIG, EN EL HURACÁN DEL 3%
Escuchar a Felip Puig hablar del
fin de la impunidad delictiva no
deja de ser un sarcasmo de
hemeroteca. Felip Puig y Godes
(Barcelona, 1958), ex consejero
de Medio Ambiente y Obras
Públicas con CiU y que llegó a
copar hasta 41 cargos consecutivamente,
estuvo en el centro de
la tormenta política generada por
Pascual Maragall en el hemiciclo,
cuando éste denunció que el problema
de CiU «era el 3%». La
cifra se refería al presunto cobro
de comisiones ilegales en ADIGSA,
que dependía del departamento
controlado por Puig, en un
sumario que, cinco años después,
aún colea judicialmente.
Puig no está imputado, aunque sí
lo están cargos de su confianza,
en un proceso en el que los constructores
han declarado que la
trama corrupta llegó a tarifar
comisiones de hasta el 20%.
Mientras Puig anunciaba, el 23
de enero, su doctrina particular
contra la impunidad y criminalizaba
el malestar social contra los
recortes sociales, no deja de ser
paradójico que el portal mossosdesquadra.
com, el principal foro
del cuerpo policial en Internet,
tuviera como primera noticia el
manifiesto contra el recorte de
las pensiones promovido, precisamente,
por las personas que
ocupaban pacíficamente la Casa
de la Huelga el sábado 22 de
enero. Más sintético era el
comentario de un agente de paisano
durante el desalojo del cine:
«Cómo se nota el cambio de
Gobierno».