La banda ancha española cara, lenta y ahora ¿limitada?
La recomendación que hizo la comisaria al Gobierno de España para que reflexionara sobre el hecho de que quizás no este actuando según el interés de sus economías y sus ciudadanos, ha sido muy mal encajado por Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que acusó a la mandataria de europea de “tergiversar los datos”.
En vez de afrontar esta grave situación de retroceso de la banda ancha española, el secretario de Estado, nos sorprendió una vez más. Saltó al ruedo mediático para incomprensiblemente animar a los operadores de telecomunicaciones agrupados en Redtel y a la industria audiovisual a que continúen las conversaciones sobre la futura regulación de las descargas en la red tras “el punto de inflexión” alcanzado en sus negociaciones. Olvidando que las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España han estimado en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable módem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel y las sociedades de gestión de los derechos de autor (abanderadas por la Sgae) para que en España se den tres avisos antes de que las operadoras de telecomunicaciones proveedoras de los servicios de Internet desconecten o ralenticen la conexión a Internet por usar redes P2P.
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 ("Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario") y 11 ("Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación") de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras tanto, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la Fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft.
Protestas, el 24 de mayo
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento. Por eso no puede extrañar que los internautas tengamos que salir a la calle el domingo 24 de mayo para defender lo que el Gobierno no nos garantiza: la defensa de los derechos civiles, la universalidad y la neutralidad de la red.
Pero hay más razones para las protestas. A primeros de mayo recibíamos la noticia de que España cayó este año tres puestos en la lista de 134 países con mayor implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (ICT) elaborada por el Foro Económico Mundial, en la que pasa a ser el número 34. Otra oportunidad perdida, porque el estudio destaca que las tecnologías de la información han demostrado ser claves para el progreso socioeconómico y para impulsar la productividad y el crecimiento económico.
Mientras tanto el Gobierno español no hace nada por cambiar esta tendencia negativa. Su concepto de banda ancha desde hace 10 años se sitúa en unas prestaciones mínimas de 256kbps/128kps. Sin embargo, la recomendación I.113 de ITU-T (el sector de estandarización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), encuadra dentro de banda ancha a las técnicas capaces de transmitir más rápido que un acceso primario de RDSI, es decir, como mínimo 2 Mbps.
Pero por si estos datos no fueran concluyentes para desarmar el injustificado triunfalismo del Gobierno en esta materia, en el mes de febrero de 2009, según datos aportados por la CMT, el número de líneas de banda ancha aumentaron en 56.128 líneas lo que supuso un decremento del 49,28% menos respecto a las 110.652 altas de febrero de 2008, consolidando Se consolida la tendencia de descenso del crecimiento, de la banda ancha en España respecto a los años 2007 y 2006.
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