El urbanismo salvaje de la Junta de Castilla y León
La ocurrencia del Ayuntamiento
de Riaza de pretender
autorizar a dos terratenientes
una promoción
en la pedanía de Aldeanueva
del Monte, de 776 viviendas con
su campo de golf de 18 hoyos, nos
hace retroceder a un tiempo anterior
en el que los pelotazos urbanísticos
se imponían dentro de un
modelo de desarrollo que la crisis
económica, energética, social y
ambiental y los tribunales de Justicia
se están ocupando de arrinconar
como modelos fracasados
del urbanismo especulativo.
La Estrategia Territorial Europea
y la Ley de Suelo de 2007 han
reconocido los graves inconvenientes
de la urbanización dispersa y
desordenada: fuerte impacto ambiental,
segregación social e ineficiencia
económica por los elevados
costes energéticos, de construcción
y de mantenimiento de infraestructuras
y de prestación de servicios
públicos. Por eso niegan lo que el
alcalde de Riaza propone: la urbanización
dispersa frente a la ciudad
compacta, el crecimiento difuso
frente a la regeneración de los
pueblos y de las ciudades existentes,
el derroche del agua y del suelo
frente a su economía, olvidando
que el suelo es un recurso natural,
escaso y no renovable.
En el caso de Aldeanueva del Monte, llama la atención el excesivo celo de la Consejería de Fomento, que impidió en 2009 la reclasificación a rústico de las 170 hectáreas de suelo declarado urbanizable en 1993, protegiendo un modelo de urbanismo depredador del medio ambiente que ha caracterizado a la Junta de Castilla y León (PP) durante sus 24 años de Gobierno. Valgan como muestra, en Segovia, la condescendencia culpable con el cáncer urbanístico de Los Ángeles de San Rafael; Pinar Jardín, en Marugán, o Monte Los Cortos, en Duruelo todas ellas con un denominador común: la ocupación de las mejores zonas de bosque mediterráneo natural, encinares, pinares y sabinares de la provincia.
La Consejería de Fomento no sólo ha utilizado artimañas propias de un trilero para boicotear la legítima clasificación de suelo rústico de Aldeanueva en 2006 por el Ayuntamiento, fabricando argumentos en abierta contradicción con tres informes: los de su propia asesoría jurídica, los de la jurista de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia y los del secretario municipal, que no apreciaron tacha alguna de ilegalidad, sino que ha ejercido una competencia, la de resolver recursos contra los planes de urbanismo, que sólo corresponde a los tribunales de Justicia, según una jurisprudencia consolidada anterior a la resolución de la Consejería. Por ello, desde Ecologistas en Acción de Segovia y la Asociación de Vecinos de Aldeanueva del Monte hemos solicitado la revisión de oficio de la Orden de 2009 que remata el suelo rústico y consolida el urbanizable.
Impacto social y ambiental
El entorno de Aldeanueva del Monte mantiene desde hace siglos una armonía entre un rico ecosistema natural y una explotación agropecuaria del territorio en simbiosis perfecta. La urbanización provocaría fuertes impactos sociales y ambientales, pues Aldeanueva se encuentra envuelta por una gran masa de pinar, encinar y robledal,
aportando sus cultivos de secano, los cursos de agua, las cárcavas y los relieves fuertes notas de diversidad en el paisaje, en su fauna y en su flora. El peligro de incendios, la fragilidad de los suelos, el daño a la biodiversidad y la falta de recursos hídricos constituyen, junto con la pérdida del paisaje, los impactos más potentes de este proyecto.
El cáncer urbanístico de Los Ángeles de San Rafael; Pinar Jardín, en Marugán, o Monte Los Cortos, en DurueloLas alcaldesas y alcaldes de nuestros
pueblos vienen siendo proclives
a recibir la visita de espabilados
inversores madrileños y extranjeros,
los ‘mercados’, que ofrecen un
mar de desarrollo insostenible, como
aquel proyecto de un fondo de
inversión que pretendía crear una
universidad americana y construir
una ciudad para 10.000 estudiantes
en un pueblo, Valdeprados, de cien
habitantes. Más tarde se propuso el
mismo proyecto en otros pueblos
de la Sierra de la Mujer Muerta, sin
éxito. Ofrecen chollos y bicocas que
después se convierten en migajas y
poco a poco en graves problemas
ambientales y sociales para el municipio
receptor.
Que Riaza, centro comarcal de
2.500 habitantes, se deje tentar,
aunque su alcalde esté vinculado a
la construcción, nos parece incomprensible
en la época del pico del
petróleo, de la vivienda
embargada
y de la revuelta social contra los políticos
aprovechados.