Transgénicos: malos compañeros de piso
- // La pera de agua
Según datos del informe
anual del 2004 del Servicio
Internacional para la Adquisición
de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas (ISAAA, en inglés)
la superficie de maíz transgénico
Bt (maíz transgénico único cultivado
en Europa para ser comercializado
y cultivado sólo en el Estado
español) cultivada en el Estado español
sigue creciendo año tras año
de manera exponencial. De las
25.000 hectáreas sembradas en
2002 se pasó a 32.000 en 2003 y a
58.000 el año pasado,16.000 de las
cuales estarían en Cataluña. La espectacular
expansión que ha protagonizado
la agricultura transgénica
en el Estado se explica sólo teniendo
en cuenta el trabajo que han realizado
de manera coordinada la industria
biotecnológica y las instituciones
autonómicas y estatales.
Estos actores han impuesto una política
de hechos consumados basada
en dos líneas principales de trabajo.
Impulsar, por un lado, la rapidísima
penetración por la puerta de
atrás de los cultivos modificados genéticamente-
MG en adelante- en el
territorio peninsular (secuestrando,
a la vez, la opinión pública local del
intenso debate de que era objeto la
aplicación agrícola de esta nefasta
tecnología en el ámbito europeo). Y
desarrollar, en paralelo, una práctica
sistemática de prevaricación,
ocultismo y coacción por medio de
la cual se ha tratado de esconder,
como fuera, la contaminación genética
que ha generado la mencionada
penetración de cultivos MG. Es importante
destacar que la contaminación
genética del medio ambiente y
de los cultivos no transgéncios es un
hecho inalienable a la adopción de
la agricultura MG y que es esencialmente
distinta a todas las otras formas
de contaminación que hayamos
podido conocer con anterioridad.
Contrariamente a todas las demás,
la contaminación genética tiende a
autoreproducirse y por tanto a aumentar
en el espacio y el tiempo en
vez de tender a disiparse. Durante
los últimos años se han verificado
casos de contaminación en la producción
ecológica navarra (2002),
catalana (2003) y aragonesa (2004).
Ante la evidencia de los hechos, el
fiscal de Medio Ambiente de Madrid,
Emilio Valerio, hizo público a finales
de noviembre del 2004 que había
abierto una investigación sobre el
anterior Gobierno del Partido
Popular por permitir y no controlar
los cultivos MG y con relación al presunto
trato de favor dado a las multinacionales
que producen y comercializan
las semillas transgénicas
(concretamente a la multinacional
norteamericana Monsanto y a la helvético-
británica Syngenta-Novartis).
La fiscalía explicitó que presuponía
la existencia de dos delitos de
contaminación, dos de prevaricación
y otro de incompatibilidad. Por
último, cabe destacar que los respectivos
cambios de gobierno en el
ámbito catalán (octubre 03) y estatal
(marzo 04) sólo sirvieron para
confirmar el manifiesto y entusiasta
continuismo protransgénico de las
políticas agrarias impulsadas desde
las administraciones.
Sirva como ejemplo, Salvador
Puig (director general de Producció,
Innovació i Indústries Agroalimentàries
del Departament d’Agricultura
de la Generalitat de Catalunya)
asegurando que la agricultura MG
“no implica ningún riesgo para la
seguridad alimentaria” (El Segre,
14/04/05); o las de su superior, Antoni
Siurana, conseller d’Agricultura,
denunciando “la demonización
de los organismos modificados genéticamente
por parte de la izquierda
radical antisistema” (El País,
25/04/05).
Resistencias a la
imposición transgénica
En octubre del 2003 nació en el
ámbito catalán la Plataforma
Transgènics Fora!. Un espacio de
acción política particularmente
amplio y diverso (agrupa colectivos,
entidades y personas de toda
Cataluña, del mundo rural, del ámbito
académico, del de la ecología
social y la cooperación para el desarrollo,
cooperativas de consumo y
producción ecológica) caracterizado
por el intento de compaginar la
autonomía de los grupos con la articulación
de una campaña conjunta.
Ésta ha pretendido, por un lado,
alertar a la población catalana sobre
la preocupante y, en general,
desconocida situación generada alrededor
de los OMG agrícolas; y,
por el otro, tratar de recuperar,
reinventar y popularizar vías de intervención
política que, mediante
la desobediencia civil y la acción
directa, procurasen dañar los intereses
y la estrategia de los actores
protransgénicos.
Nos vemos actualmente obligados
a confrontar una situación que
puede ser tan irreversible como dramática
y desesperada. Dramática,
porque entendemos que no parar y
revertir ahora la expansión de los
transgénicos dentro del territorio
peninsular significará sentenciar el
resto de formas posibles de producir,
de comer, de relacionarnos con
el entorno, de vivir. Y desesperada,
especialmente teniendo en cuenta
la inminente aprobación por parte
de la Generalitat de Catalunya del
decreto que supuestamente tiene
que regular la coexistencia entre la
agricultura ecológica, la transgénica
y la convencional; un decreto que
en la práctica abrirá la puerta grande
a la invasión transgénica vistiéndola
del velo legitimador de la legalidad.
Sin embargo, ante la urgencia
y la magnitud de la situación apuntada
es preciso que el grueso de la
sociedad tome conciencia de que
tratar de reformar el mencionado
decreto implicaría aceptar la coexistencia
y con ella la contaminación
genética a gran escala del medio
ambiente y la cadena alimentaria.
La obviedad del despropósito suicida
y biocida que representan los
transgénicos deviene una oportunidad
casi única para oponer nuestros
cuerpos y nuestras mentes al avance
destructor del progreso convertido
en desastre tecnológico. Acabemos
pues ahora o nunca con los
transgénicos y con el resto de necrotecnologías
de la dominación. Ni
éste ni ningún otro decreto de coexistencia
son posibles.