Tragsa, acusada otra vez de cesión ilegal de trabajadores
- Foto: David Fernández
La empresa pública Tragsa, una de
las más grandes del Estado español
con sus más de 14.000 empleados,
ha sido denunciada por cesión ilícita
de trabajadores a la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid. La denuncia por
cesión ilegal se dirige a Tragsatec,
filial del Grupo Tragsa, y fue interpuesta
en febrero de 2011 por los
miembros del comité de empresa.
Al detectar una posible situación generalizada
de cesión ilícita en los
centros de Madrid, el comité de
Madrid decidió interponer la correspondiente
denuncia, algo que no
contó con el apoyo del sindicato
Comfia-CCOO ni de la sección estatal
delmismo en Tragsatec.
Según declara en un comunicado
del 8 de febrero de 2012 el comité de
empresa de Tragsatec, “la denuncia
se interpuso tras insistir a la dirección
de las consecuencias que sobre
la precarización del empleo tenía la
política de subcontratación que ha
estado llevando a cabo, especialmente
con la subcontratación de proyectos
estrellas que se habían realizado
siempre con trabajadores propios”.
Inspección de Trabajo se ha personado
en cuatro ocasiones (tres en
2011, de mayo a septiembre, y una
en enero de 2012) en los centros de
trabajo de Tragsatec, ubicados en la
calle Julián Camarillo y Valentín
Beato de Madrid, con el fin de verificar
la posible cesión ilegal que se
podría estar produciendo entre esta
empresa pública y una serie de empresas
subcontratadas en dichos
centros de trabajo.
En sus visitas, los
inspectores se entrevistaron con varios
trabajadores que realizaban trabajos
en los centros de trabajo de
Tragsatec. Según el oficio de
Inspección de Trabajo que comunica
la verificación de la cesión ilícita,
“las comprobaciones realizadas pusieron
de manifiesto la existencia de
una cesión ilegal de mano de obra
en la que las empresas cedentes
eran Avances Técnicos de
Desarrollo, Eikos Tecnology &
Consulting, Delaware Consultoría,
Gesfor, Idea Informática y Waibut,
y empresa cesionaria Tecnología y
Servicios Agrarios SA (Tragsa)”.
Inspección de Trabajo concluye
que las empresas cedentes carecen
de condición y autorización para
operar como empresas de trabajo
temporal, que la contratación mercantil
entre Tragsatec y el resto de
empresas no pasaba de ser una simple
formalidad, que las empresas cedentes
no pusieron sus propios medios
para desarrollar su actividad y
que el objeto de los contratos de servicios
entre estas empresas no va
más allá de unamera puesta a disposición
de trabajadores. Todo ello lo
considera constitutivo de infracción
laboral muy grave, ya que incumple
el artículo 43.1 del Estatuto de los
Trabajadores, por lo que se practicaron
sendas actas a las empresas cedentes
y cesionaria.
Contratos firmados en el coche
Raúl trabajó durante más de dos
años cedido ilegalmente en Eikos
Tecnology & Consulting, una de las
empresas denunciadas y a la que
Inspección de Trabajo ha abierto
acta. En el tiempo que estuvo trabajando
allí, comenta que la única relación
que tenía con la empresa que le
había contratado era un simple parte
de horas que tenía que enviar a la
empresa a fin de mes para que ésta
le pagara. V.Q N. estuvo más de un
año en la misma empresa como cedido,
y recuerda que no tuvo revisiones
salariales ni formación. Señala
que “lo que peor me sienta de la cesión
que llevo tantos años padeciendo
es esa sensación de ser un trabajador
de ínfima categoría, que para
recibir órdenes eres uno más, pero
para tener los más mínimos derechos
eres de otra empresa”. Ambos
ex trabajadores de Eikos coinciden
en que nunca supieron de la existencia
de ninguna oficina de la empresa,
y que firmaron sus contratos en el
vehículo privado del empresario.
Otro trabajador, José Manuel, está
actualmente contratado por Waibut
SA. y sufre las consecuencias de la
cesión ilegal de su empresa mientras
presta servicios en Tragsatec. Dice
que todos los medios que utiliza para
su trabajo los pone Tragsa, empresa
a la que tienen que solicitar todos
los trabajadores externos las vacaciones
y de la que reciben todas
las órdenes para sus tareas. “A veces
dudo de si me van a pagar a fin de
mes, ya que nunca puedo tener la
certeza de quemi empresa siga existiendo”,
recuerda José Manuel.
Reconoce que tampoco ha recibido
nunca la información legal necesaria
para pasar los reconocimientos
médicos a los que obliga la ley.
No es el único caso de irregularidades
en el que está implicada la empresa
Tragsa, ya que contra ella se
han cursado denuncias por fraude
en la contratación de becarios;
el Juzgado de lo Social nº 1 de
Santiago de Compostela dictó en
agosto de 2011 que existía cesión ilícita
de una trabajadora; en noviembre
se dictó sentencia en A Coruña
dictaminando que la empresa
Tragsa tenía trabajadores cedidos
ilegalmente en la Xunta de Galicia, y
desde 2010 sus trabajadores están
advirtiendo una privatización encubierta,
ya que se ha cedido el 50%
del negocio de Tragsa a la empresa
privada Tecniberia.
La trabajadora
E.M. estuvo trabajando para
Tragsatec desde septiembre de 2004
hasta junio de 2011, aunque estuvo
cedida a la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
E.M., comenta: “desde que entré
nos hacían contratos por obra y servicio
el día 1 de enero de cada año.
Pero a partir de 2007 cambió la situación
y nos hicieron un único
contrato por obra y servicio que nos
iban prorrogando hasta que nos
echaron en junio de 2011”. “Cuando
nos echaron porque decían que
éramos muy caros”, prosigue esta
trabajadora “denuncié a la empresa
por despido improcedente para
que se me reconociera la antigüedad.
Tuve suerte y me lo reconocieron
en el acto de conciliación.
Actualmente sigo ejerciendo en el
mismo puesto de trabajo pero con
una beca que sacó la Agencia para
poder pagarnos menos, porque así
se evitan a la empresa intermediaria”,
concluye.
LA CEOE QUIERE
PRIVATIZARLA
La dimensión de Tragsa fue el
ejemplo que escogió el Gobierno
para justificar la reducción del
35% del salario base de los directivos
de empresas públicas anunciado
el 17 de febrero. Así, a partir
de abril se reducirán de 22 a 15
los consejeros del grupo, provenientes
de distintos ministerios,
de los dos sindicatos mayoritarios
y otros organismos como la Sociedad
Española de Participaciones
Industriales. En 2010, el grupo
facturó poco menos de mil millones
de euros y obtuvo un beneficio
de 14 millones. Esto no ha evitado
que la Asociación Española de
Empresas de Parques y Jardines,
patronal formada por Acciona,
FCC, Eulen o Urbaser, entre otras,
haya pedido a través de la CEOE
su privatización. Algo que, en
diciembre de 2011, desaconsejó
la ex presidenta, quien considera
clave que Tragsa siga siendo estatal
para garantizar la gestión de
emergencias, cooperar con el
Gobierno en el exterior y ayudar a
las empresas privadas de ingeniería
en el extranjero.
«NUESTRO COMPROMISO. EL TUYO. EL DE TODOS». EL GRUPO TRAGSA EN CUATRO APUNTES
- ¿QUÉ ES TRAGSA?
El Grupo Tragsa es un holding empresarial
de capital público. Tragsa nació en 1977
a partir del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario. La filial Tragsatec se
creó en 1989.
- ¿QUIÉN LO DIRIGE?
En febrero, el Gobierno del PP ha nombrado
presidente del consejo de administración
a Miguel Giménez de Córdoba
Fernández-Pintado, que procede de empresas
públicas de la Comunidad de Madrid.
- ¿QUÉ HACE TRAGSA?
Interviene en la construcción de infraestructuras
y tecnologías para el aprovechamiento
del agua, actuaciones forestales, gestión
de recursos pesqueros, en la ordenación y
control de las explotaciones ganaderas, etc.
- ACCIONES DE TRAGSA
El 51% de las acciones las posee la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales,
dependiente de Hacienda. El resto se lo
reparten el Fondo Español de Garantía
Agraria, Patrimonio y las autonomías.