Tiempo de apuestas en el País Vasco
- TREGUA. En las últimas semanas se especula sobre la posibilidad de que se abra un proceso de paz. / Amaia Zabalo
El enorme flujo de noticias diarias
llega a veces a ser tan vertiginoso
que satura la capacidad para separar
el grano de la paja en el proceso
que se está siguiendo en Euskadi.
La cuestión central se ha situado en
la posible y necesaria constitución
de dos mesas de diálogo-negociación;
una entre el Gobierno de
Rodríguez Zapatero y ETA, y otra
de los partidos políticos vascos sin
exclusiones. Los dos años que restan
hasta las elecciones generales
han presionado para agilizar los
contactos que pudieran dejar las
negociaciones iniciadas e incluso
‘blindadas’ socialmente antes de
esas fechas electorales.
Esta vez las expectativas son mayores
que nunca. Ha habido reuniones
y posicionamientos de muchos
sectores sociales vascos. Además
de los distintos partidos, se han expresado
demandas de los sindicatos,
las mujeres, organizaciones de
familiares de presos y presas y diversos
colectivos de víctimas que
apoyan el proceso de negociación
de Zapatero, todo ello con una pluralidad
y libertad mucho mayores
que hasta la fecha.
Incluso, hablando del ámbito estatal,
se han producido debates en
el Congreso que tuvieron como tema
la autodeterminación, así como
sobre Navarra y sobre el Concierto
Económico del País Vasco.
Por el momento existen en
Euskadi dos mesas de partidos políticos
centradas en la resolución del
conflicto. Una recientemente creada
por el Lehendakari Ibarretxe,
agrupa a las fuerzas del Gobierno
vasco tripartito (PNV, EA e IU-EB),
en la que no está el PSE.
La otra mesa es la que en diciembre
se decantó tras el largo proceso
de debate llevado a cabo por distintos
agentes sociales abertzales y de
izquierda desde 2003. En ella hay
siete partidos y siete sindicatos
(ELA, EHNE, STEE, ELB, ESK,
Hiru y LAB) y distintas organizaciones
sociales hasta los 55 firmantes
del llamado Acuerdo Democrático
de Base. En ella hay grupos tanto de
Euskadi Norte (Iparralde) como de
Navarra, pero tampoco está el PSE,
aunque se espera una aportación
oral o escrita por su parte, como las
ha habido del PNV, y de los Verdes
y la LCR francesa.
El parlamentario de IU-Esker
Batua en Gasteiz Oscar Matute admite
que estas mesas son deficitarias
por la ausencia del PSE y del
PP, o porque en ellas la participación
es a nivel personal, pero “cada
una puede ser complementaria hasta
que en alguna se den cita todos
los partidos políticos”.
Por otra parte Txutxi Ariznabarreta,
responsable de relaciones
políticas y sindicales de LAB,
también admite: “No somos la
Mesa, sino un espacio de trabajo
para crear condiciones para que
se dé”. Él habla como miembro
del Acuerdo de Base que tiene
una reivindicación central: “Toda
la ciudadanía de Euskal Herria ha
de ser consultada sobre su futuro
mediante el procedimiento consensuado
entre los agentes”.
La consulta popular
La tríada planteada de ‘diálogoacuerdo-
consulta’ no es aceptada
por el PSE, quien, de momento, parece
decantarse por no llevar acuerdos
vascos mayoritarios ya cerrados
a las negociaciones con el
Estado, según se presentó la semana
pasada en el Documento por la
Pacificación de su Comisión Ejecutiva,
tildándolas de “imposiciones
previas”. El Partido Socialista de
Euskadi se decanta por la Constitución
y el Estatuto que, según
su dirigente Patxi López, “deberá
tener un consenso igual o superior
al de Gernika”.
Discrepa por tanto de que el derecho
a decidir o la territorialidad
sean admitidos previamente. “El
principio de la mayoría absoluta sirve
para cuestiones de legalidad ordinaria,
pero no para aprobar algo
de tanta entidad como son las bases
que han de regir en el futuro la convivencia
política entre los vascos”,
insistió López.
Estas afirmaciones han tenido
su repercusión en la prensa vasca.
Iñigo Urkullu, portavoz de la dirección
del PNV, afirmó que “sería
perverso” que ningún partido tuviera
que renunciar a sus planteamientos
para hablar de política en
la mesa, y calificó la posición del
PSE como “bandazos”. Arnaldo
Otegi afirmó que están “mareando
la perdiz”, al tiempo que el portavoz
de Esker Batua lo calificó como
“derecho de veto”.
PRELUDIOS DE NEGOCIACIÓN
La anunciada tregua de ETA
ha sido una filtración que no
ha tenido confirmación real
como tantas otras veces que
salta al escenario mediático.
Sin embargo, la organización
armada sí hizo un comunicado
reciente en el que hablaba
de las condiciones políticas,
anterior al que versa sobre la
tregua en Cataluña. Arnaldo
Otegi, en unas declaraciones
a Catalunya Radio, restó
importancia a que el comunicado
de ETA no hiciera referencia
a una tregua. Dijo sin
embargo que el escrito manifiesta
que «existe un nuevo
tiempo» y que hay compromisos
de las fuerzas políticas y
sindicales para avanzar hacia
la paz. La organización hace -en su opinión- en el comunicado
«un llamamiento» para
que «todos», incluida ella,
tomen decisiones que «abran
el futuro a la paz, la justicia y
la libertad».
Josu Onaindi, secretario
general de CC OO de Euskadi,
entrevistado por DIAGONAL,
afirmó que el sindicato
ve la situación general con
optimismo y cautela a la vez
porque «la paz no se genera
en un día y ahora en el proceso
han confluido la situación
política y sindical». En
su opinión «hay que trabajar
en la convivencia en el país
desde la pluralidad, sin frentismos,
con un concepto
amplio de país».
El sindicalista reconoce que
fuera de Euskadi la gente
tiene «reservas por la presión
mediática y porque el PP ha
hecho de este tema el eje
fundamental de su política».
Onaidi cree que se magnifican
las palabras, «se habla
de vencedores y vencidos
pero cada palabra significa
una cosa sólo en su contexto.
El diálogo -explica-
puede ser ceder o que por
primera vez hablas con
alguien con quien encuentras
cosas que piensa como tú y
en la relación personal se
ven valles y no abismos».
El también sindicalista Txutxi
Ariznabarreta, de LAB, ve la
coyuntura con optimismo porque
«se reconoce la existencia
de un conflicto de carácter
político que antes se
calificaba desde los partidos
estatales como una acción
armada sin más, sin reconocer
la conculcación de derechos».
Ahora -concluye- «se
acepta que la resolución también
debe ser política».