Seis meses para recoger 500.000 firmas y llevar al Congreso la dación en pago retroactiva
- Dación en pago
- Presentación de la iniciativa de ILP por la dación en pago en Barcelona el 18 de abril.
Foto: Albert García
En una presentación que tuvo lugar en Barcelona y hoy se repetirá en el Ateneo de Madrid, el grupo promotor indicó que en los próximos seis meses espera recoger no solo las 500.000 firmas necesarias para llevar la propuesta de ley al Parlamento, sino “millones” de adhesiones, porque “se trata de un clamor popular".
En la mañana de ayer, en el mismo momento en que las asambleas de barrio del 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid conseguían paralizar tres desahucios en tres puntos distintos de la capital, uno de ellos in extremis, su homóloga catalana presentaba en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona la campaña que persigue elevar al Congreso de los Diputados una propuesta que atenúe esta problemática.
Tras una larga espera, motivada por bloqueos de diverso tipo, por fin, la PAH de Barcelona, junto a la Mesa del Tercer Sector (que agrupa a unas 7.000 entidades catalanas), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), CCOO y UGT, organizaciones que conforman el grupo promotor, dieron el pistoletazo de salida a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social.
Tras esta puesta de largo oficial, que hoy se repetirá en Madrid con la participación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, amén de portavoces de la comisión promotora, el próximo lunes, una vez distribuidos en todo el Estado los pliegos para tal fin, se iniciará la campaña de recogida de firmas.
A partir de ese día, los colectivos impulsores tienen hasta el 31 de octubre para recopilar las 500.000 rúbricas que exige la ley para presentar la ILP ante el pleno de la Cámara Baja. Pero esperan recoger muchísimas más, con objeto de incrementar una legitimidad social que las plataformas de afectados y el 15M refuerzan día a día con acciones como los stop desahucios. "Para empezar hemos impreso tres millones de papeletas, pero esperamos agotarlas en los próximos meses e imprimir muchas más", aseguró ayer Ada Colau, portavoz de la PAH, ya que, explicó, en la calle existe un auténtico “clamor popular para detener esta barbarie”. En el caso de no llegar al número de firmas preceptivo, los promotores de la ILP podrían solicitar una prórroga de otros tres meses.
El secretario general de CC OO en Cataluña, Josep María Álvarez, hizo un llamamiento a participar de forma masiva en la campaña, para que los gobernantes y la banca “reciban una gran bofetada y el Congreso no pueda esconder en un cajón las firmas y entre a resolver uno de los problemas más graves en España". Una “barbarie” que afecta a una media de 200 familias al día y que se concreta en las 349.438 ejecuciones hipotecarias que se han producido en toda España desde el inicio de la crisis, en 2007, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El código de Guindos, una "tomadura de pelo"
Ante este fenómeno, que está arrojando a la exclusión social a decenas de miles de hogares en todo el Estado, lo más ambicioso que ha hecho el Gobierno central hasta el momento es aprobar, mediante el Decreto Ley 6/2012 de 9 marzo, su código de buenas prácticas de la banca para clientes con pocos recursos, una auténtica “tomadura de pelo” para los colectivos promotores de la ILP de la dación en pago retroactiva.
“Por un lado, establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados”, han indicado estos en un escrito. Requisitos como que todos los miembros del hogar se encuentren desempleados, la hipoteca carezca de avalistas o esta sea inferior a 200.000 euros si la vivienda se encuentra en una gran ciudad y de menos de 120.000 euros si se halla en una localidad menor. “Por otro lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido desahuciadas”, indican.
“Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna” sostienen las organizaciones sociales, antes de explicar el contenido de su iniciativa legislativa: “Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler”, aclaran.
Tras reunir en estos meses cerca de un millar de fedatarios (personas que darán fe de la autenticidad de las firmas), las PAH, junto a colectivos vecinales, sindicales y el movimiento 15M, entre otros grupos, se lanzarán ahora a recoger adhesiones en una campaña que persigue trasladar el debate sobre la dación en pago y la “anacrónica ley hipotecaria española” a todos los rincones del Estado. Para ello, establecerán jornadas públicas de recogida de firmas ante los bancos, las administraciones y otras entidades que tienen o han tenido que ver en la actual crisis de la vivienda, entre otras acciones de denuncia. Cada cierto tiempo, además, realizarán convocatorias públicas para hacer entrega de las firmas “legales” en el Congreso. Las rúbricas de los ciudadanos y ciudadanas que no forman parte del último censo electoral y que por tanto la Junta Electoral no considera válidas, se entregarán en un organismo que tenga responsabilidades en materia de inmigración y extranjería.