Represión penal contra acciones sindicales
- APOYO MULTITUDINARIO. Más de 700 personas
apoyaron a Luis el 7 de noviembre./David Fernández
Una vez más una manifestación o
concentración reivindicativa termina
con la comparecencia de un ciudadano
ante la jurisdicción penal.
El pasado 7 de noviembre, un sindicalista
comparecía ante la Audiencia
Provincial de Madrid para enfrentarse
a una acusación de lesiones
a cuatro agentes de policía por
la que la Fiscalía pide siete años de
prisión. Su delito, según los testigos
de la concentración en la que participaba,
fue ser apaleado durante
una carga policial cuando regresaba
después de ausentarse en una parada
para comer.
Luis Marcos Rivera acudió a una
concentración de apoyo a trabajadores
en huelga y despedidos de la
compañía de telecomunicaciones
Airtel el 4 de enero de 2000. “La concentración
se desarrolló con bastante
calma”, recuerdan fuentes de
CGT, sindicato convocante al que está
afiliado el acusado. Pero sin saber
bien cómo “Luisito es golpeado, trasladado
a comisaría y acusado él de
golpear a los policías”, señalan las
mismas fuentes. En un principio, no
se admitió la acusación contra la policía,
pero en el momento actual ya
figura la doble consideración de
agresor y agredido de Luis.
En el contexto de la campaña de
apoyo desarrollada, representantes
de CGT refieren contactos tanto con
la Audiencia Provincial como con el
Ministerio del Interior, pero estos representantes
y el propio encausado
se muestran tajantes a la hora de referirse
a posibles minimizaciones de
la pena: “Es completamente inocente
y no hay nada que pactar”.
Las crónicas más recientes señalan
una tendencia de la Fiscalía a llevar
al plano penal determinados hechos
cuando se producen en el transcurso
de actos con un claro contenido
de contestación social. Cabe recordar
las situaciones vividas por
Cándido y Morala en Asturias y por
los jóvenes “anti LOU”, acusados
desde el año 2001 (ampliamente reseñadas
en números anteriores de
DIAGONAL), así como otros casos
sin repercusión mediática. En la misma
causa de Luisito está imputada
otra persona que ha optado por mantenerse
al margen de los medios de
comunicación. Paradójicamente,
partes médicos similares pueden llevar
a que el hecho que los ha causado
se considere jurídicamente como
una falta o como un delito.
Movilizaciones
Las propias circunstancias en las que
se produjeron los hechos de enero de
2000 y la condición de Luis Marcos
de militante de la CGT han llevado a
esta organización sindical no sólo a
dar su apoyo, sino en cierta manera a
“devolver” a un compañero la solidaridad
que él mostró al asistir a la marcha
en la que fue agredido.
En los últimos días, con la proximidad
del juicio, las acciones se intensificaron.
Se han convocado concentraciones
de apoyo en diversas
ciudades del Estado español, incluso
en algunas ciudades europeas y embajadas,
que han contado con un
apoyo reseñable por parte de afiliados
y simpatizantes. El apelativo
Luisito se ha convertido en símbolo
de la acción antirrepresiva.
A pesar del aplazamiento del juicio
por la no comparecencia del
otro encausado, se mantuvo el plan
de acompañamiento previsto para
la mañana del 7 de noviembre. La
afluencia de un importante número
de personas al acto consiguió
emocionar a Luis Marcos, que se
mostró agradecido y con fuerzas
para seguir adelante con el difícil
proceso. Después acudió a una
concentración convocada por su
organización sindical.
CRONOLOGÍA DE
LA REPRESIÓN
1999
Cierre de la planta de Airtel en Barcelona
con eliminación de 400 puestos de trabajo
y comienzo de las movilizaciones, convocatorias
de huelga y acciones de apoyo por
parte de la CGT.
2000
Se convoca la concentración de apoyo en
el centro de Airtel (antecesora de
Vodafone) en Alcobendas y se producen
las cargas policiales y la acusación contra
Luisito por golpear a cuatro policías.
NOVIEMBRE DE 2007
CGT coordina movilizaciones solidarias de
apoyo en distintas ciudades bajo el lema
“si tocan a uno, nos tocan a todos”.
700 personas se concentran ante la
Audiencia Provincial de Madrid.
APLAZAMIENTO
La vista prevista para el 7 de noviembre
de 2007 ha quedado aplazada hasta
una fecha aún por determinar aunque
no por eso han cesado las acciones de
solidaridad.