Una partida en ligas distintas
- Autor: José BG
En su respuesta al cuestionario enviado por este periódico, el Ateneu La Torna del barrio de Gracia de Barcelona ponía por delante una precisión: “Consideramos Catalunya, sin más, como una nación”. Se trata de una afirmación que, con toda seguridad, podrían aplicar a sus propios territorios los demás encuestados. Más allá de esta constatación, la pluralidad de percepciones sobre el momento político actual, las oportunidades que abre o que cierra el proceso de reforma territorial del Estado, la cuestión de las identidades y de la autonomía de los movimientos para definir cómo se construye la política y, sobre todo, quién construye la política; todas estas visiones resultan entre los movimientos sociales tan plurales como su propia composición interna.
“Nuestra definición de nación tal vez es más coloquial, nada dada a esencialismos patrioteros”, continuaba el Ateneu La Torna en su respuesta. Este centro social se define como un “espacio autónomo donde se entrelazan los principios de los movimientos sociales alternativos, de la izquierda independentista extramuros y del movimiento vecinal”. Las paredes de los parlamentos quedan, para este colectivo, alejadas por entero de sus debates cotidianos: “Este ha sido un proceso completamente diseñado ’desde arriba’, piramidal, dirigido por la elite del país en lo referente a la arquitectura institucional, la subsidiariedad y la gestión de recursos”, afirman, en alusión a la reforma del Estatut de Catalunya.
Otras visiones no se enfrentan a este tipo de procesos. Para Diego Gómez García, presidente de la Federación de Asociaciones en defensa del valenciano “Escuela Valenciana”, la reforma del estatuto de esta comunidad “significaba una segunda oportunidad para corregir el principal error” del actual, “la falta de participación real y efectiva de la sociedad valenciana en su elaboración”. La Federación aglutina a 19 asociaciones distribuidas por todas las comarcas, en lucha desde hace más de 20 años por la normalización del catalán valenciano “como elemento normal de comunicación, como instrumento de estudio y medio de riqueza intelectual y cultural”.
Para esta federación, los acuerdos entre el PP y el PSPV “han desmontado todas las ilusiones y expectativas” de los colectivos que en su día firmaron la declaración Compromiso por el Estatuto, en el que parte de la izquierda social y nacionalista valenciana quiso impulsar recientemente un proceso más abierto, pausado y democrático para delimitar la reforma, con el acento en los derechos sociales y el autogobierno.
El peso de la política
Cierta indiferencia y énfasis en la autoorganización (La Torna), frente a ilusiones frustradas y acento en la participación en el proceso (Escuela Valenciana). La situación es muy diferente para Gorka Irasuegi, profesor en una ikastola de Estella-Lizarra, en Navarra. Miembro durante años de AEK, asociación que surgió de los movimientos populares para impulsar la enseñanza del euskera en adultos, Irasuegi insiste en hablar a título personal. “Debemos desvincular la enseñanza en euskera de cuestiones políticas, a las ikastolas no van sólo hijos de nacionalistas”, afirma.
Admite, sin embargo, que poner la reivindicación cultural en primer plano tiene sus limitaciones cuando desde los poderes centrales y los medios de comunicación se llega a vincular a la enseñanza en vasco con “el entorno de ETA”. La política lo acaba impregnando todo: desde Estella hacia la zona sur de Navarra, el euskera no está reconocido como lengua oficial, lo cual supone según explica Irasuegi “estar en tierra de nadie”, sin ningún tipo de subvención o reconocimiento institucional. Incluso en Pamplona, zona mucho más euskaldinizada, el ayuntamiento de UPN decidió retirar las subvenciones a las escuelas de adultos en euskera. Así las cosas, Irasuegi concede que en País Vasco y Navarra, mucha gente percibe que “el sistema constitucional no es del todo válido”. Así, percibe que “en los últimos años las cosas han cambiado un poco, parece que el PSOE tiene otra actitud al menos de palabra, pero sigue asustando la cerrazón del PP” en todo lo relacionado con la llamada ‘cuestión nacional’.
Mirando al sur, la perspectiva de una entidad como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) sobre estas misma cuestiones resulta llamativa. Su concepción sobre Andalucía está impregnada de una fuerte conciencia de clase, como explica su secretario general, Diego Cañamero: “aquí también hay debate con el Estatuto, lo que pasa es que el PSOE quiere vaciarlo de contenido, por ejemplo con la reforma agraria”. Para el SOC, hablar en Andalucía de reformas sin aludir a la cuestión del campo, a ese 50% de los terrenos en manos del 2 % de la población, resulta una pérdida de tiempo. “Recuperar el debate político sobre los estatutos nos puede venir bien a todos, pero está el peligro de caer en la artificialidad y quedarse sólo en los símbolos”, insiste. Estatuto y cuestión nacional, por lo tanto, como sinónimo de control sobre el agua, de reforma agraria y de independencia frente a los criterios de Bruselas y las multinacionales para regir el campo andaluz.
Conscientes de que con frecuencia la crítica social ha servido a la izquierda ‘españolista’ como excusa para negar toda cuestión nacional, desde La Torna la sitúan en otro nivel. “Nos queda”, afirman, refiriéndose al papel de los movimientos, “demostrar con hechos que las cosas ya son diferentes en nuestros espacios”. Las relaciones libres entre pueblos libres “se expresan mejor en el ámbito de las relaciones horizontales que podamos mantener con el Madrid autónomo, con las marinaledas andaluzas, con la minería asturiana”. Y, también, resaltan la necesidad de denunciar el carácter de todos los “papelotes” -en referencia al Estatut- que no reconocen “el derecho irrenunciable del pueblo catalán a decidir por sí mismo”.