Nuestro sector energético, un lastre para la economía
Acaba de ser aprobada la última reforma --ya llevamos tres en año y pico de Gobierno-- del sector energético con la eliminación del Déficit de Tarifa en el centro de la preocupación del Ejecutivo. Era la oportunidad para acometer una profunda y verdadera reforma empezando por una auditoría de costes tan necesaria y reclamada por gran parte del sector. Después de conocerla hay que decir que no hay nada nuevo bajo el sol. A medida que han ido pasando los meses han quedado muy bien iluminadas las verdaderas intenciones de este Gobierno en lo que a política energética se refiere. Para ser justos, hay que admitir que los Gobiernos anteriores también sucumbieron a la erótica del poder energético.
Nos han precedido más de diez años de expansión inversora tanto en fuentes de generación renovable como en no renovable, como los son las centrales de ciclo combinado, en un escenario de ausencia de planificación y de la consecuente e insostenible sobrecapacidad de sistema. En los últimos años nos hemos posicionado como el país de la zona euro donde más se ha encarecido la factura y, paradójicamente, donde más ha aumentado el déficit de tarifa.
Según un estudio reciente presentado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA): la demanda de gas natural de las centrales térmicas de generación de electricidad fue, en 2008 de 187.534 Gigavatios hora (GWh); en 2009, 160.888; en 2010, de 135.625; en 2011, 109.875; y en 2012, 84.634 GWh. Más aún --como apunta la Fundación Renovables (FER) en otro documento presentado en mayo--: “en los dos primeros meses de 2013, la demanda de gas ha descendido un 9,6%”. Mientras el parón de la demanda aumentaba, “en 2012 continuaron incrementándose las importaciones de gas (…). La explicación está en los contratos de aprovisionamiento take or pay que obligan a pagar el gas al suministrador extranjero independientemente de que se consuma o no”. A rebufo de esos contratos-hipoteca –señala la FER-, se han seguido instalando centrales de gas en España. En este sentido, el Gobierno ha estado fomentando esa idea con incentivos, denominados “a la inversión“, cuya cuantía incrementó hasta los 23.400 euros/Megavatio(MW)-año durante diez años (ese incentivo estaba en 20.000 euros en noviembre de 2011). La dependencia del gas argelino, apunta el estudio, se ha elevado en 2012 hasta el 45% mientras que los denominados Pagos por Capacidad --que reciben las centrales de gas-- han crecido un 402% desde 2008.
Los dos actores que apostaron por estas centrales de ciclo combinado --consumidoras de gas-- fueron Iberdrola, que tiene más de 6.000 MW de gas instalados en España, y Gas Natural Fenosa, con otros 7.000 MW. Y, en la trastienda de todo ello y de la política energética española, los fondos árabes: Oman Oil, en Enagas; el fondo soberano de Catar, en Iberdrola; Abu Dabi, en Cepsa y Sonatrach (Argelia), en Gas Natural Fenosa.
Los hechos se suceden uno tras otro y van enseñándonos la verdadera cara de nuestros gobernantes. El pasado 29 de marzo se derrumbó un mito del sector eléctrico al ordenar Red Eléctrica de España que las centrales nucleares redujeran potencia para adaptarse a la escasa demanda prevista para ese día y a la abundante generación de la hidráulica y la eólica. Todas las plantas en funcionamiento, salvo Ascó, bajaron un 20% su producción entre las 13:30h y las 22h.
La mentira que ese día se venía abajo no era otra que el que “las nucleares en España no se podían regular ya que no están acondicionadas para ello y, por tanto, hacerlo podía suponer un riesgo importante”. Eso es lo que se había argumentado durante los últimos quince años y especialmente desde hace ocho, cuando empezaron a llevarse a cabo recortes a la producción eólica cuando el Operador del Sistema consideraba que ésta “no cabía”. Han sido cientos de millones de euros lo que la energía eólica ha dejado de producir estos años para que las centrales nucleares siguieran quemando uranio y generando unos residuos que serán radioactivos durante miles de años.
El autoconsumo
En abril de 2012 concluyó el plazo que establecía el Real Decreto 1699/2011 para que se regulara el autoconsumo con balance neto. Llevamos, por tanto, más de un año de retraso para aplicar una norma que dispararía las expectativas de sectores como el fotovoltaico y la minieólica. Algo que contrasta con la velocidad a la que ha sometido este Gobierno la aprobación de la cobertura legal --en apenas quince días de marzo un anteproyecto de ley-- para regular el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los sondeos de gas de esquisto (fracking).
Este Gobierno ha dicho en Bruselas no a la Directiva Europea de Eficiencia Energética y ha abandonado el consejo que gestiona la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Las directivas europeas de Eficiencia Energética 2012/27/UE y de Eficiencia de Edificios 2010/31/UE son citadas en los preámbulos de los recientes decretos de renovación urbana, de certificación energética y en el proyecto de ley de rehabilitación pero se ignoran en el articulado. Se usan como adorno pero no las incorporan al texto de la norma, que es lo que tiene valor jurídico.
Queda poco más de un año para que finalice el plazo de trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética que establece compromisos y plazos concretos de rehabilitación energética de edificios públicos, compromisos de ahorro a las distribuidoras, contadores de balance neto y acceso de los consumidores al ahorro energético y en realidad lo único que se hace diez años después y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que condenó a España en 2011 por tan injustificado retraso.
En abril entró en el Senado el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que suprime los organismos reguladores de la energía, la competencia, mercado audiovisual, de las telecomunicaciones, aeropuertos, ferrocarriles, correos y juego. La independencia de la Comisión Nacional de la Energía queda absorbida directamente por los ministros. Incluso la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, amenazó al ministro Soria con abrir un procedimiento de infracción a España por esta ley. Se trata de una ley que perpetúa el atraso de nuestra estructura económica y que, al impedir una mayor apertura de los mercados, no va a aportar nada a la recuperación del crecimiento y del empleo.
Y es que mantener un sistema energético vertical y centralizado, como pretende la patronal UNESA con el respaldo de este Gobierno, frente a un nuevo modelo distribuido exige cerrar la competencia cargando a los consumidores los mayores costes de un modelo sin competencia.