“Nos enfrentamos a esa vieja oligarquía que no quiere cambiar nada”
- OLLANTA HUMALA. El líder del Partido Nacionalista Peruano en su última visita a Madrid en julio de 2009 / Fernando Molina
Si tuviéramos que elegir un país latinoamericano
donde un político que
acaba de fundar un partido y se presenta
a unas elecciones tuviera más
opciones de llegar a la presidencia,
ese país sería Perú. En las pasadas
elecciones presidenciales de 2006,
Ollanta Humala creó el Partido
Nacionalista Peruano (PNP) y se
presentó casi como un desconocido.
El 30% de los electores apostó por su
propuesta de cambio en la primera
vuelta, aunque finalmente se impuso
en la segunda vuelta el actual presidente,
Alan García. Para el analista
Carlos Tapia García, miembro de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación,
que investigó el conflicto armado
con Sendero Luminoso, el éxito
repentino de la candidatura de
Ollanta Humala se debió a que canaliza
“la ira y el rencor de los sectores
excluidos, que creen que los políticos
se benefician personal y colectivamente
de la democracia”.
En estos últimos tres años, las movilizaciones
sociales, las protestas
sindicales, los conflictos mineros y
los últimos levantamientos de las comunidades
indígenas para defender
sus territorios, que desembocaron
en los sucesos de Bagua, parecen indicar
que el descontento con el sistema
político se está poniendo más de
manifiesto en la calle.
Para los grupos de poder económico,
los grandes empresarios
exportadores y las multinacionales
asentadas en territorio peruano, el
discurso nacionalista de Humala
asusta, pues apuesta por reforzar el
papel del Estado en la economía.
Para la población más humilde, sobre
todo de origen rural, la propuesta
nacionalista es una nueva esperanza
de cambio político que quizá
redistribuya mejor la riqueza y tenga
más en cuenta las necesidades de los
ocho millones de peruanos que viven
bajo el umbral de la pobreza.
DIAGONAL: Algunos de los nuevos
presidentes latinoamericanos, como
Evo Morales o Lula Da Silva, tienen
un pasado político ligado a las luchas
de base. ¿Qué tiene que decir a aquellos
que dicen que usted y su partido
no tienen un pasado político y una
base social, que no son más que fruto
del oportunismo consecuencia de
la crispación que existe en Perú por
los gobernantes que ha tenido?
OLLANTA HUMALA: Entré en política
porque se dieron las circunstancias
así. Yo no quería ser político, sino
comandante general del Ejército
peruano. He servido al Ejército en
las zonas de emergencia [las regiones
donde más intenso era el conflicto
con la guerrilla de Sendero Luminoso].
Allí me di cuenta que en
esas zonas de la sierra y la selva no
había Estado, no había nadie que administrara
la justicia. El Estado se
quedaba en la costa. En estas zonas
los ciudadanos son de segunda categoría,
el país no les brinda oportunidades.
Así es como descubrí que yo
estaba defendiendo a un Estado que
había estafado a la población. Allí es
donde surge mi visión del país distinta
y contestataria.
D.: Usted comandó un levantamiento
militar en el año 2000 cuando era
comandante de una unidad del Ejército,
durante el gobierno de Fujimori.
¿Qué le llevó a tomar esa decisión?
O.H.: En el año 2000, Fujimori pretendía
convertir en la práctica el
Ejército en un partido político. Como
comandante de una unidad militar,
me veo ante la disyuntiva de, o bien
aceptar esta disposición, o bien rebelarme
contra eso. Opté por lo segundo.
Decidí hacer un levantamiento
militar, no para interrumpir un proceso
democrático, sino más bien para
restituir el orden constitucional de
la República, que había sido roto por
Fujimori. Este levantamiento me costó
mi carrera militar. Pude salir en libertad
porque el nuevo Congreso
constituido sacó una ley de amnistía.
Ya en libertad, comencé a denunciar
a todo el cuerpo de generales del
Ejército, pues habían firmado y
escondido un acta de sucesión con
Fujimori. La respuesta de ellos fue
invitarme al retiro y sacarme del
país. Es ahí donde yo entro en política.
D.: Tuvo varios procesos penales...
O.H.: Antes de entrar en política no
había tenido ningún proceso penal,
pero, curiosamente, una vez en política,
durante la campaña electoral,
he tenido acusaciones de todo calibre.
Se me abrieron 11 procesos penales
de los que he salido inocente.
Se me ha acusado de recibir dinero
de Chávez, de ser antisemita, han dicho
que quiero fusilar a los homosexuales,
que postulé por un partido
que no era el mío, de violador de los
DD HH, de narcotraficante... No me
fui del Perú como hicieron otros dirigentes
(Alan García o Fujimori)
cuando se les procesó. Afronté los 11
procesos penales y he salido libre de
todos ellos.
D.: ¿Y por qué un partido llamado
‘nacionalista’?
O.H.: Ignacio Ramonet me dijo durante
un almuerzo en Uruguay: “Oye
Ollanta, deberías cambiar el nombre.
El término nacionalista va a generar
problemas en Europa”. Yo le dije que
a lo mejor generaba problemas en
Europa, pero los que van a votar son
los peruanos. Y en el Perú el nacionalismo
tiene otra connotación. En
Perú nadie discute que sea bueno
que EE UU sea nacionalista. Yo creo
que también España y otros países
son nacionalistas a su manera. Unos
nacionalismos buscan autonomía,
otros buscan la integración, hay nacionalismos
del primer mundo y los
hay del tercer mundo. Nuestro nacionalismo
es del tercer mundo, pues
lo que busca no es lo que buscaban
las corrientes nacionalistas en el siglo
XX en Europa, sino lograr construir
el Estado nacional peruano.
Desde la óptica latinoamericana, la
vieja contradicción entre izquierda y
derecha pasó a un segundo plano
con la caída del muro de Berlín, dando
paso a una nueva contradicción,
que es la globalización capitalista
que venció en la guerra fría, frente a
los procesos de conformación de los
Estados nacionales. Creemos que esta
nueva globalización no reconoce
identidades ni soberanías. Y nosotros
no estamos de acuerdo con eso.
Y por eso somos nacionalistas.
D.: ¿Cuál es vuestra posición con respecto
a los procesos de integración
latinoamericana?
O.H.: Nuestro nacionalismo es integrador
porque busca integrarse con
Latinoamérica, porque cree que
países como Bolivia, Ecuador o Perú
no tendrán mucho futuro si no nos
unimos. Creemos en un proceso a
largo plazo de integración de todos
los países latinoamericanos. En algunos
países lo llaman ‘socialismo
del siglo XXI’, en otros lo llaman movimientos
indigenistas o movimientos de izquierdas. En el Perú es el
movimiento nacionalista. El denominador
común es que buscamos un
cambio y que nos enfrentamos a esa
vieja oligarquía que no quiere cambiar
las cosas. Por tanto, creemos
que hay algo que nos hermana.
D.: ¿Qué propone su partido con respecto
a uno de los temas centrales
en la política actual latinoamericana:
los recursos naturales?
O.H.: Con la Constitución neoliberal
que tenemos, elaborada por el Gobierno
de Fujimori, el Estado renuncia
a la propiedad de los recursos
naturales, que es la principal fuente
de ingresos del país. La Constitución
dice que los recursos naturales pertenecen
al Estado cuando están en
el subsuelo. Pero estos derechos de
propiedad se pierden a favor de
aquél que los extrae. Como en el
país no hay nadie que tenga capacidad
económica para extraerlos, el
Estado renuncia a estos derechos y
los cede a las empresas trasnacionales.
Los sucesos de Bagua suponen
la confrontación de dos visiones del
país. Por un lado, la visión del Gobierno
y los grupos económicos según
la cual se crea valor en el Perú
vendiendo los recursos naturales y
el problema es que aún hay muchas
tierras y concesiones que no se están
vendiendo. Y por otro lado, la
visión de los nacionalistas y diferentes
organizaciones sociales y comunales,
que creemos que el valor se
crea con la industrialización del
país, que fue el camino seguido por
todos los países desarrollados.
En el trasfondo de este conflicto
está la discusión sobre el concepto
de la propiedad de los territorios comunales.
Se está produciendo un
proceso de reterritorialización de la
tierra en Perú. Se conforman latifundios
para la explotación de gas, petróleo
y de biocombustibles. Detrás
de esto está la discusión sobre de
quién es el Perú: de las multinacionales
o del pueblo peruano. El
presidente actual lo ha dicho en dos
artículos titulados El perro del hortelano,
en los que dice que estas comunidades
nativas son el perro del hortelano
porque no comen ni dejan
comer, no quieren desprenderse de
la propiedad pero tampoco dejan que
se invierta, que produzca la propiedad.
Por eso el presidente dice que
las comunidades nativas no pueden
ser los propietarios del territorio, porque
no tienen educación ni capacidad
de inversión. Esta propiedad debe
ser de las trasnacionales, pues
ellos sí tienen la tecnología y la capacidad
económica de invertir. Frente
a esa visión, las comunidades dicen
que el territorio es suyo desde antes
que existiera la República, desde sus
ancestros. Estas dos visiones son las
que han colisionado en los sucesos
de Bagua. Respecto a este conflicto
nosotros proponemos que lo primero
que se debe reconocer es que, tal
y como dice el convenio 169 de la OIT
que Perú firmó, la propiedad de la
tierra es de las comunidades. En segundo
lugar, se debe consultar a las
comunidades antes de iniciar una explotación
de recursos. En tercer lugar,
las comunidades deben participar
en calidad de socias de ese aprovechamiento
de los recursos. Debe
asegurarse también de que las multinacionales
que inviertan van a ganar.
Que ambas partes ganen. De este
modo, se consiguen mecanismos
de crecimiento que, sin escalas, favorezcan
el desarrollo. Es justamente
lo que el modelo económico neoliberal
no ha logrado.
Nuestro proyecto cree que hay
que corregir, mejorar y fortalecer la
democracia, para que ésta le sirva a
la mayoría de la población. En estas
condiciones de pobreza, todavía se
sigue pensando que es necesario favorecer
a las multinacionales para
que inviertan y que esas inversiones
van a favorecer por ‘chorreo’ a la población.
El resultado es que el bolsillo
de la población más desfavorecida
nunca se llena.
D: ¿Qué mecanismos de democracia
participativa e inclusiva proponéis
en vuestro proyecto?
O.H.: Creo que más bien hay que hablar
de los mecanismos para erradicar
la corrupción. La corrupción va
ligada al poder y se extiende cuando
no hay unas reglas claras. En mi
país, el presidente escribe una carta
a los empresarios para que inviertan
en Perú. Los que deciden invertir en
el país, en lugar de ir a alguna institución
a realizar la inversión de modo
formal, van al palacio presidencial
y el presidente les recibe con una
cena como jefes de Estado y les reciben
todos los ministros, cada uno haciendo
cola para ver qué negociar.
Los ministros llaman a un lobbista,
que apunta en un papel de qué manera
se va a invertir. Y después se
arreglan las comisiones. Hacen lo
que les da la gana, porque el presidente,
los gobernantes y los congresistas
son irrevocables. Nosotros intentamos
que nuestros congresistas
no se corrompan. Queremos una reforma
parlamentaria en la que quede
claro que el pueblo es el dueño
del escaño, que el partido político
que puso al congresista es el garante
de que ese congresista va a ser consecuente
con lo que se prometió al
pueblo que le votó, y que el congresista
no es dueño del escaño, sino inquilino.
Este mecanismo de control
es un mecanismo de participación y
de fiscalización. Otro mecanismo es
el referéndum revocatorio, que permita
destituir a un presidente.