El no tan nuevo campo andaluz
El conjunto de la producción de
Andalucía supone menos de 14% del
total de la producción estatal. La región
tiene menor participación en el
PIB estatal del que le correspondería
en función de su volumen de población
(7,83 millones de habitantes),
tiene el segundo PIB más bajo entre
las diferentes comunidades, siendo
inferior únicamente el de Extremadura
(el PIB por habitante andaluz
es el 75% de la media del Estado).
La economía andaluza ha experimentado
grandes transformaciones
en las últimas décadas, pasando de
un modelo básicamente agrario a
otro en el que los servicios tienen cada
vez más importancia. A pesar de
ello, la estructura productiva andaluza
mantiene una muy desigual distribución
de la propiedad de la tierra, y
una fuerte especialización en el sector
primario, con un peso del 6,1%
de este sector sobre la producción total,
lo que supone dos veces más que
la media del conjunto del Estado.
Este proceso tiene como característica
el declive de las economías
agrarias tradiciones y su sustitución
por un modelo agrícola comercial.
Se está implantando un modelo
agroindustrial intensivo en capital y
energía no renovable que ha propiciado
una gran especialización y segregación
de espacios, y la pérdida
de diversidad ha caracterizado la actividad
agraria anterior, más vinculada
a la naturaleza original.
La agricultura andaluza tiene dos
partes diferenciadas: una que va deteriorándose
(cereales, girasol, algodón
y viñedo), la cual vive gracias
a las subvenciones, y otra, la
nueva agricultura, muy concentrada
en espacios reducidos del litoral.
Se compaginan así el 80% del olivar
y más del 90% del algodón español
con la tercera parte de la producción
de hortalizas de la UE.
Con estas transformaciones se ha
producido una pérdida progresiva
de empleo en el sector agrario, lo que
ha provocado paro, precariedad y
emigración. En el mundo rural andaluz
encontramos hoy un alto índice
de paro, cuyo efecto queda amortiguado
por una fuerte inversión de dinero
en forma de subsidios.
Los fondos europeos
La Política Agraria Común (PAC)
constituye el marco de regulación general
de la agricultura europea. Sus
objetivos iniciales fueron la autosuficiencia
del continente y el aumento
de producción, llevando a la UE a
convertirse en el segundo exportador
mundial de productos agroalimenticios.
En los ‘90 se reforma la
PAC, intentando hacer convivir una
agricultura competitiva, orientada a
los mercados exteriores, con una
agricultura extensiva, respetuosa
con el medio ambiente y sustentada
en las explotaciones familiares, que
contribuyese a la articulación territorial.
En 2003 se aprueba una nueva
reforma de la PAC, alineada con las
medidas de (des)regulación de los
mercados agroalimentarios instaurada
por la OMC.
Aun así, el concepto de agricultor
europeo es muy diferente a la realidad
andaluza. La concentración de
propiedad de la tierra hace que las
ayudas con origen en la PAC recaigan
en manos de pocos propietarios,
convirtiéndose así en ayudas poco
útiles para los territorios, si el objetivo
es mantener vivo el medio rural.
La Unión Europea ha definido
para Andalucía un modelo agrícola
mediterráneo intensivo, de cultivos
“forzados”. El sistema de regadíos
extensivo tradicional ha dejado de
ser competitivo dentro del mercado
agrario europeo. Mientras el sector
primario del norte se centra en cultivos
industriales, carne y leche,
Andalucía deriva cada vez más hacia
el desarrollo de productos hortofrutícolas,
dentro de una agricultura
hiperintensiva en el uso de
energía, capital y trabajo, que aprovecha
la precariedad del jornalero
andaluz y la aún más barata mano
de obra inmigrante.