“La ministra Rosa Aguilar nos está tomando el pelo“
- EL MARGEN para los intermediarios y el precio final para la ciudadanía, debería también ser regulado. Foto: Establo Adam Franco.
DIAGONAL: El Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino,
impulsado por la Política Agraria
Común (PAC) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC), acaba de
presentar el borrador de un decreto
sobre las nuevas condiciones para el
sector lácteo. ¿En qué consiste?
CARME FREIRE: El nuevo borrador
pretende sacar un decreto que nos
obligue a firmar contratos homologados
con las industrias para venderles
la leche en función del precio que
ésta tenga en el mercado mundial.
Las explotaciones que no tengan firmados
estos contratos con las industrias
(contratos sin la posibilidad de
pactar precios que cubran los costes
de producción y el trabajo) no recibirán
una parte de las ayudas de la
PAC, concretamente a las que se
refieren en los artículos 68 y 69.
D.: ¿Qué consecuencias tiene para
el sector lácteo?
C.F.: Nos deja a merced de las multinacionales.
Las industrias van a
tener el abastecimiento asegurado
porque hay un compromiso mediante
el contrato de proveerlos y además
el precio van a seguir poniéndolo
ellas en función de lo que las
multinacionales de la distribución
les marquen. Con eso ya tienen el
círculo cerrado: el precio está asegurado
y saben que hay garantizada
una cantidad de producto mediante
ese contrato. Están listos, no sólo
las industrias, sino los grandes
poderes negociadores, especulativos
y financieros para entrar en lo
que se denomina el ‘mercado de
futuros’: poner la leche como un
producto que cotice, que entre en
un sistema de bolsa con el que se
pueda especular.
D.: ¿Se descarta nuevamente el establecimiento
de un precio mínimo?
C.F.: Efectivamente, no se fija ningún
precio mínimo, algo que se reclama
para el sector desde hace tiempo.
Hay otro aspecto muy grave en el
borrador del Ministerio: proponen
que haya una negociación de precios
de mercado. Esto es lo mismo que
no decir nada: si el mercado está al
alza, perfecto, pero si está muy bajo,
como se aventura, las consecuencias
puede ser terribles. Por eso los productores
y productoras insistimos en
que tiene que haber un suelo por
debajo para nosotras y un techo por
arriba para la ciudadanía. Es decir,
regulación del mercado para que ni
la leche ni ningún producto sean
objeto de especulación de la industria
o la gran distribución. El margen
para los intermediarios y el precio
final para la ciudadanía, debería también
ser regulado para que no haya
porcentajes de beneficio escandalosos
respecto a nuestros ingresos.
D.: ¿Quién llevaría a cabo esas negociaciones
de precios de mercado?
C.F.: Esa negociación de precios
mínimos y todo lo que conlleva no
la van a hacer las organizaciones
agrarias, sino lo que han llamado
Asociaciones de Productores Agrarios
(APAS). Son nuevas figuras
que no tienen nada que ver con la
representación que los propios
ganaderos y ganaderas hayan
escogido en sus elecciones, sino
grupos que, convertidos en APAS,
negocian estos precios para los
contratos. Esto quiere decir que
cada grupo, cada cooperativa,
cada APA, negociará sus precios.
¿Te imaginas qué negociación
puede haber cuando en un sistema
hay 40 negociadores a nivel
estatal, frente a cuatro o cinco
industrias, y tres o cuatro grandes
distribuidoras? Digo 40 por no
decir 200... Eso significa que se
fracciona completamente la capacidad
de negociación. Si además
no ponemos precio base, suelo,
significa que la negociación colectiva
no existe. Por lo tanto estamos
en la misma situación que ahora,
sólo que además tratan de convencernos
de que ya estamos negociando
y que, por tanto, no debemos
seguir quejándonos.
D.: ¿Cuándo está previsto que se
apruebe el borrador?
C.F.: La ministra Rosa Aguilar, que
acaba de ocupar su cargo, lo presentó
el 30 de noviembre y lo quiere
poner en marcha el 1 de enero. Imagina
las posibilidades que nos ha
dado para consensuar las cosas. Nos parece una tomadura de pelo.
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