La lucha anti TAV se planta contra la criminalización
- RUEDA DE PRENSA. Comparecencia ante la audiencia provincial de Pamplona. Foto: Ekinklik.
Las anunciadas obras de construcción
del corredor navarro de Alta
Velocidad darán inicio en unos meses
y cualquier oposición será erradicada
por la vía judicial. Este es el
mensaje implícito en las desorbitadas
peticiones de condena que, inicialmente,
solicitó el fiscal para los
cuatro activistas del movimiento anti
TAV, acusados de hacer pintadas
en una carretera de la localidad de
Zizur el año pasado en una vista oral
que se celebró el 8 de abril.
Tres de los cuatro activistas fueron
acusados inicialmente de un delito
de daños que se tradujo en una
petición de 20 meses de cárcel y
multas de 4.860 euros. La cuarta
persona imputada lo fue por un delito
de daños continuados –por, supuestamente,
realizar pintadas en
dos ocasiones– y la pena solicitada
subió hasta dos años de prisión y el
pago de 5.400 euros. Según la abogada,
Leire Martín, hasta ahora las
pintadas o el lanzamiento de pintura
se consideraban “faltas de deslucimiento”
ya que, según la propia
jurisprudencia de la Audiencia de
Iruñea, “es susceptible de limpieza”.
Por eso las peticiones son, para
los activistas, “completamente desorbitadas
y tiene como principal objetivo
amedrentar y ahogar económicamente
a la oposición. Más teniendo
en cuenta que este juicio es
el primero a la oposición al TAV en
Navarra y se da en un momento clave,
a escasos meses del comienzo
de las obras”. Respecto a las multas,
al estar los hechos calificados
como delito y no como falta, el no
pagarlas supone el ingreso inmediato
en prisión.
Desobediencia civil
Sin embargo, los y las activistas han
hecho una firme apuesta por la
desobediencia que ha pasado por
no reconocer la legitimidad del juez
para juzgar estos hechos así como
por acogerse a su derecho de no declarar
y atenerse a la última palabra.
Su estrategia ha sido, según
ellos, decir “vale, vosotros nos
echáis un órdago, pues nosotros lo
echamos más fuerte, y aquí se establece
un pulso”. Momentos antes de
la primera vista oral, que tuvo lugar
el 1 de abril y que tuvo que posponerse
hasta el 8 por la no comparecencia
de un testigo, el fiscal les propuso
rebajar las calificaciones de
delito a falta.
Los activistas consideraron
este cambio como “un caramelo
envenenado”. “Mantuvimos
la coherencia y la apuesta por la desobediencia.
Si nosotros no aceptamos
la figura del juez, tampoco vamos
a aceptar ninguna negociación”.
Una negociación en la
que ven un intento de reconducir el
proceso: “Se dieron cuenta de que
habían metido la pata, estas acusaciones
han supuesto, al menos, una
mínima alarma social. Pensamos
que ha habido un exceso de celo que
no les va a ser favorable”, dicen.
Finalmente,
en la vista del 8 de abril,
la fiscalía rebajó las peticiones y
calificó los hechos como falta. Ante
la audiencia provincial, el fiscal reclamó
3.600 euros de multa y seis
días de arresto domiciliario.
El juicio ha tenido lugar apenas
dos meses después de que la consejera
de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones del Gobierno foral,
Laura Alba, anunciara que las
obras de construcción del primer
tramo del Tren de Alta Velocidad en
Navarra, que unirá las localidades
de Castejón y Villafranca, comenzarán
este mismo verano. Para este
año está previsto que además liciten
la totalidad de los trabajos de construcción
del TAV en suelo navarro.
Para los activistas encausados la fecha
del juicio no es casual: “lo podían
haber dejado perfectamente
para más adelante, como ha sucedido
en otras ocasiones en las que el
juicio se ha celebrado dos o tres
años después de los hechos. Pensamos
que este proceso se plantea
ahora porque quieren dejar claro
que van a por todas y que no van a
permitir ni una a la oposición contra
el TAV.
Prácticamente nos niegan
la palabra; no nos dejan poner
carteles, tenemos acumulados unos
5.000 euros en multas por poner
carteles con celo; no nos dejan repartir
panfletos en mercadillos ya
que nos los quita la Policía Municipal,
no nos dejan recoger firmas;
hemos pedido en varias ocasiones
permisos y nos los deniegan... Se
nos imposibilita expresarnos y lo
único que se difunde entre la opinión
pública de la oposición contra
el TAV es que tenemos un juicio. La
intención está clara, quieren estigmatizar
nuestros argumentos”.
Según los activistas, “como movimiento
igual no tenemos la fuerza
ideal, pero no somos nada cómodos
para el poder”. Creen que hay una
mayoría social que no está a favor
del TAV, aunque “otra cosa es que
luego proteste” matizan. “La prueba
es que, quitando la propaganda hueca
de toda la vida de que el TAV es
necesario para lograr la modernidad...
es muy raro el técnico o la persona
capacitada que esté públicamente
a favor del TAV, más bien al
contrario” señalan. “Gente de cámaras
de comercio o de asociaciones
empresariales, nada sospechosos
de antidesarrollistas, están poniendo
en tela del juicio el que el
TAV sea una obra prioritaria”.
Ese
discurso, creen, cala en las 45.000
personas en paro que hay en
Navarra: “¿qué estamos haciendo
en plena crisis gastando 3.000 millones
de euros previstos, que pueden
llegar a los 6.000 millones en
los diez o quince años de obras, qué
es este despilfarro?”, concluyen.
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