La distribución comercial impone la política agraria
- EL COSTE DE LA PAC. La política agraria ha aumentado la precariedad en el campo. Las manifestaciones de pequeños agricultores y ganaderos se han repetido estos años. Foto: Edu León.
“Esta reforma es una mezcla de incoherencias
que intenta contentar a
todos y todas pero sólo contenta a
los mismos de siempre. Es una política
que es rehén de la industria,
que quiere materias primas baratas
y mayores importaciones; rehén de
la distribución comercial y de las industrias
de insumos (fertilizantes,
semillas y demás) cuyo objetivo es
que los agricultores y agricultoras
sigan comprándoles sus productos”.
Así explica Marta Soler, docente
del departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de
Sevilla, el futuro de la Política
Agrícola Común (PAC), cuya reforma
se hará efectiva en 2013. Un futuro
que estos días debaten y negocian
los 27 países de la Unión Europea
dirigidos por Dacian Ciolos, comisario
europeo de Agricultura.
Los grandes titulares de la Comisión
Europea (CE) sobre la reforma
hablan de apoyo a la producción local
o medidas de sostenibilidad, pero
desde numerosos sectores se ven
con escepticismo: “Sólo es la imagen
que quieren dar a la ciudadanía, pero
la apuesta no es por la agricultura
y ganadería local, ya que una de las
líneas principales de la PAC es financiar
producciones destinadas a la exportación,
sin tener en cuenta la
oferta y la demanda”, según afirma
Carme Freire, secretaria general del
Sindicato Labrego Galego. Soler corrobora
esta idea al asegurar que si
se quisiera fomentar la producción
local las ayudas irían destinadas a la
agricultura y ganadería local, “pero
la realidad no es ésa”.
La PAC es el marco legislativo
que regula la agricultura en la UE.
Según la Comisión Europea, la
PAC nació en los años ‘50 “en una
Europa occidental cuya población
estaba marcada por los años de
guerra y en la que la agricultura había
quedado paralizada y el abastecimiento
de alimentos no podía garantizarse”.
El objetivo principal
fue fomentar la mejora de la productividad
agrícola para que existiera
un suministro estable de alimentos
a precios asequibles y garantizar
a la UE un sector agrícola
estable. Este sistema se articuló reestructurando
la agricultura a través
de subsidios a determinados
cultivos, subvencionando las exportaciones
y favoreciendo el crecimiento
y la especialización de explotaciones
agrícolas. Para Marta
Soler, la idea de la PAC “era abastecer
a la nueva población urbana
para que el proceso de industrialización
que se estaba viviendo en
ese momento fuera rentable”.
En 1986, el Estado español entró
en el mercado común europeo aceptando
duras condiciones en algunos
sectores. Ése fue el caso del campo:
“En 1987, la agricultura española se
colocó en un mercado mucho más
amplio, se reforzó la orientación productivista
y el proceso de especialización
se fomentó a través de las
subvenciones, como es el caso del
olivar”, explica Soler.
Los precios de
los productos cuyo principal comprador
es la industria agroalimentaria
bajaron considerablemente y comenzaron
a generarse numerosos
excedentes que eran destruidos, almacenados
o exportados a otros países
a precios muy bajos con la ayuda
de subvenciones. Un proceso que se
denomina dumping y que acaba con
los mercados locales de los países
receptores. “Está claro que la entrada
en la Unión Europea aceleró y
profundizó la dependencia de la industria
agroalimentaria”, sentencia
Soler, “un ejemplo muy claro es
Castilla-La Mancha, donde han llegado
a existir 100.000 hectáreas de
viñedos con muy pocas salidas comerciales”.
Libre comercio en el agro
En 2003, la PAC sufrió una gran reforma.
Hasta la fecha se habían
fijado unos mecanismos de intervención
para los precios de los productos
agrícolas, algo que iba en
contra de los principios liberales de
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), ya que establecía unos
mínimos para los productos. Así, la
reforma de 2003 supuso un intento
de alinear la Política Agrícola
Común con este organismo internacional
surgido de las negociaciones
de la Ronda de Uruguay. “Se liberalizaron
las producciones agrarias y
se redujeron los aranceles como respuesta
a los intereses de la industria,
que va a tener productos agrarios a
precios más bajos en detrimento de
los ingresos de los agricultores, que
están sometidos a una competencia
internacional más fuerte”, comenta
Marta Soler.
Para compensar el impacto
y correspondiente ajuste en el
sector agrícola, como medida compensatoria,
se crearon las ayudas
desacopladas o Pago Único, es decir,
el cobro de una ayuda por parte
de agricultores o agricultoras sin necesidad
de que se tenga actividad
productiva. Para calcular el pago
único a percibir, el sistema presentado
en 2003 por la Comisión
Europea contempla las subvenciones
que hasta la fecha ha recibido
el agricultor o la agricultora en función
de su productividad. De esta
manera, las ayudas se concentran
entre los que históricamente han
producido más ya que cuentan con más superficie de cultivo. Este sistema
genera grandes desigualdades:
según esta docente de la
Universidad de Sevilla, “la reforma
de 2003 no logra romper el sesgo
productivista y de concentración
de ayudas”. Uno de los puntos
que se quieren modificar para
2013 es esta ayuda desvinculada.
Las subvenciones son la clave
Sin las ayudas de la PAC, el sistema
actual de producción no podría
existir. Así lo confirma Marta Soler:
“Acabamos de hacer un estudio del
cultivo de la remolacha en Andalucía
y hemos calculado los márgenes
de beneficio en ausencia de subvenciones
y según los precios
mundiales. El margen neto es nulo
o negativo. Es decir, sin las ayudas
europeas el cultivo de remolacha no
sería viable”.
Para Carme Freire, la PAC, además,
acaba con las pequeñas y
medianas explotaciones, ya que
no existe un sistema de adecuación
entre la oferta y la demanda.
“Se generan producciones enormes,
por ejemplo, de leche, de manera
que las industrias y la gran
distribución tienen cantidades ingentes
de producto”, dice esta
representante del Sindicato Labrego.
“Su discurso –prosigue
Freire– es el siguiente: ‘Como tenemos
mucho de esto en el mercado,
tenemos que bajar los precios
y ustedes, ciudadanía, pueden
comprarlo mucho más barato,
porque si aquí no encuentro el
precio que quiero lo traigo de
otros países’. En estos casos, la
gran distribución es la beneficiaria
porque a través de sus ofertas
con marcas blancas de productos
o sus 2x1 “extorsiona a los productores
amenazándoles con no
comprar”, sentencia Freire. Esto
supone la desaparición paulatina
de familias productoras de alimentos
que, como afirma la secretaria
del Sindicato Labrego
Galego, “sustentan no sólo económicamente
a un país, sino que
también lo hacen medioambiental,
social y culturalmente”.
Mecanización del campo
Pese a la retórica verde, el modelo
que se sigue proponiendo como dominante,
según Soler, es el dependiente
de los fitosanitarios y la mecanización,
“lo que conlleva graves
problemas de viabilidad económica
porque los precios de mercado han
bajado, los ingresos se reducen y
los costes se incrementan debido a
la subida del precio del petróleo”.
Algo que beneficia a las grandes industrias
de insumos. “La PAC se
vende como una política para la
agricultura y la ganadería y es una
política para el sistema agroalimentario,
que a su vez es una política
fundamental para el sistema económico”,
denuncia esta docente de
la Universidad de Sevilla. De hecho,
para evitar conflictos dentro
de la Unión Europea, se ha evitado
cualquier posicionamiento claro en
torno a los transgénicos, ya que la
Comisión Europea se ha manifestado
a favor, pero hay algunos países,
como Austria, donde existe una
moratoria sobre su cultivo. Aunque
sí se está incentivando la importación
de, por ejemplo, piensos modificados
para el ganado.
Frente a la insostenibilidad del
sistema actual, muchos agricultores
y agricultoras están apostando
por la producción agroecológica o
los canales cortos. Desde el
Sindicato Labrego Galego defienden
un cambio radical de la política
actual a través de la propuesta
de soberanía alimentaria de la Vía
Campesina, “decidir qué queremos
producir, cómo queremos hacerlo
y qué queremos comer. Algo
que en Galicia, por ejemplo, era
posible hace unos años”.
Ayudas al gran capital
En 2009 [el Estado español
ocupó el tercer puesto en el
ránking->http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/los_pagos_de_la_pac_en_esp... de receptores de
fondos agrícolas comunitarios,
por detrás de Francia y
Alemania. Recibió un total
de 7.487 millones de
euros, de los cuales 5.586
fueron destinados a medidas
de mercado como los
pagos directos. Pero los
beneficiarios de estas ayudas
no son sólo los agricultores,
agricultoras o grandes
terratenientes como la
duquesa de Alba; entre sus
receptores se encuentran
grandes empresas y filiales
de multinacionales como
Kraft, Cadbury, Nestlé o la
farmaceútica Abbott.