La apuesta de la izquierda abertzale
En un ambiente de gran expectación,
la izquierda
abertzale presentó en
Bilbao su nuevo proyecto
político, Sortu. El movimiento abertzale
y las izquierdas vascas estuvieron
allí, apoyando con su presencia
la demanda de legalización del nuevo
partido. Sólo faltaron los representantes
de la UGT y del PSE, aunque
su presidente Egiguren mostró
en público su apoyo a la legalización
de Sortu, afeando la conducta del
Gobierno de Zapatero, que no se
atreve a dar ese paso por miedo a la
presión que ejerce la derecha española
y sus medios de comunicación.
La lectura de los estatutos del
nuevo partido produjo una satisfacción
colectiva pues están elaborados
desde el distanciamiento crítico
de la violencia ejercida por ETA hasta
el presente. Todos los comentaristas
políticos han destacado este
aspecto. Algunos sugieren un horizonte
de rupturas y escisiones en
ETA y en la vieja Batasuna. Otros
insisten en “la política del engaño”
para cumplir las exigencias de la
Ley de partidos, estar en las elecciones
y ocupar parcelas de poder en
las instituciones públicas. Tampoco
faltan quienes quieren ver en este
cambio de estrategia los primeros
síntomas de la claudicación política
de la izquierda abertzale ante el
Estado.
Llama la atención que se hable
de “renuncia expresa a todas las
violencias, incluida la violencia de
ETA”; que se afirme la voluntad de
independencia organizativa “para
impedir su instrumentalización por
organizaciones que practiquen la
violencia”; que el nuevo partido se
oponga a “cualquier subordinación
o tutela externa que pretenda convertirla
en una organización vicarial
de quienes practiquen la violencia”;
o que se sancionará con la expulsión
del partido “a quienes fomenten,
amparen o legitimen los actos
de terrorismo”.
Estas expresiones
cumplen al detalle las exigencias de
la Ley de partidos (algo que no cumplen
ni el PSOE en su relación con
los GAL, ni el PP en su relación con
el terrorismo de Estado antes y después
de la dictadura franquista), y
aunque hayan sido formuladas así
para cumplir ese trámite, no hay
que olvidar que vienen a decir lo
mismo que se dice en los documentos
de Batasuna donde se teoriza el
final del ciclo de la lucha armada y
la apuesta por las vías pacíficas y
democráticas de acción política.
No hay que olvidar que este cambio
de estrategia fue adoptado hace
un año por las bases militantes de
Batasuna después de un largo debate,
y que con posterioridad hemos
asistido a una cascada de pronunciamientos
y declaraciones de todas
las organizaciones de la izquierda
abertzale ratificando el cambio.
Tampoco se debe olvidar que hasta
la misma ETA parece decidida a secundar
la nueva estrategia política,
aunque conlleve su desaparición y
por más que sus comunicados nos
parezcan todavía insuficientes.
La ruptura de la que se habla en
los estatutos de Sortu no es una ruptura
o escisión entre las organizaciones
que estructuran ese movimiento
político, o entre ellas y ETA,
sino una ruptura política de todas
ellas con la estrategia político-militar
del pasado. Nada tiene de extraño
por tanto que semejante unidad
de criterios se refleje en los estatutos,
y que en ellos se diga alto y claro
que no se aceptará el tutelaje de
ETA –lo que viene a demostrar fehacientemente
que el liderazgo de
la izquierda abertzale ha pasado a
sus organizaciones civiles–, o que se
sancionará con la expulsión del partido
a quienes fomenten, amparen o
legitimen los actos de terrorismo.
Sortu puede decir eso con la solemnidad
que la ocasión requiere porque
sabe bien que no queda nadie
en la izquierda abertzale que defienda
las viejas tesis de la “acumulación
de fuerzas político-militares”.
Que nadie piense tampoco que
estamos en presencia de un giro
político hacia la derecha como hicieron
en el pasado Euskadiko
Ezkerra y ETA Político-Militar.
Lejos de eso, el cambio de estrategia
que se propone no pretende legitimar
el Estado liberal, la
Constitución española o la economía
de mercado, sino luchar contra
ellas por métodos democráticos
porque se tiene la firme convicción
de que sólo ellos permiten conquistar
las mayorías sociales y las
alianzas políticas necesarias para
promover el cambio democrático
que aún está pendiente desde la reforma
del Franquismo. Los estatutos
de Sortu son coherentes con este
proyecto. La nueva formación
política promoverá el fin de la violencia,
el replanteamiento de la
cuestión vasca en términos democráticos
de ruptura con el sistema
de la transición, y la regeneración
ética y política de la izquierda vasca.
Habrá quien piense que este
cambio llega tarde, pero lo importante
es constatar que ha llegado, y
que la izquierda española puede
encontrar en él un segundo aliento
en que apoyarse para llevar a cabo
su propia recomposición política.
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