Familias de agricultores luchan contra la especulación
La excusa es un canal de remo y
piragüismo. Su construcción se
contemplaba como parte de las instalaciones
de Madrid 2012. Y aunque
las olimpiadas no llegaron, la
recalificación ha seguido adelante.
La construcción de esta instalación
deportiva ha servido para que el
Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)
invoque el “interés general”
como escudo ante cualquier crítica
contra el Plan de Actuación Urbanística
(PAU) de Las Cabezadas.
No obstante, los intereses en este
caso van más allá del espíritu olímpico:
2,5 millones de metros cuadrados
por recalificar, la edificación de
más de 7.000 viviendas y los planes
para construir un complejo industrial
y otro hotelero y comercial. En
conjunto, un ambicioso plan urbanístico
cuyos ingresos ascienden a
450 millones de euros.
La legalidad de este proyecto ha
sido muy cuestionada. El modo de
llevar a cabo el plan (expropiando
42 fincas rurales propiedad de un
centenar de familias dedicadas a la
agricultura) recibió duras críticas
por parte de los afectados, que se
negaron a aceptar que se confiscase
su suelo para dárselo a la empresa
beneficiaria, Isolux. También desde
2002 denuncian dudas sobre la legalidad
y la escasa transparencia del
concurso para otorgar las obras.
Irónicamente, algunas de las críticas
más duras que se oyeron fueron
pronunciadas por parte del actual
alcalde, Jesús Dionisio. En 2002, el
entonces jefe de la oposición por el
PSOE declaraba que “el desarrollo
del PAU de Las Cabezadas es simple
y llanamente un pelotazo urbanístico
que redundará muy poco en
beneficio de los ciudadanos de
Aranjuez y sí lo hará en el de las empresas
adjudicatarias”.
En 2003, tras la subida al poder de
una coalición entre IU y el grupo
municipal socialista, la posición beligerante
no duró demasiado. A los
pocos meses, la empresa constructora
se reunía con el alcalde y éste
daba vía libre al PAU. Desde entonces,
según denuncian los propietarios,
el alcalde les ningunea y se
niega a recibirles. Todo ello les ha
llevado a presentar cuatro recursos
contencioso-administrativos que esperan
cambiar el plan, actualmente
paralizado por su dudosa legalidad.
Los campesinos no saben cuál será
el resultado. Como señala Fernando
Mora, portavoz de la Asociación de
Propietarios del PAU de las Cabezadas:
“nos dedicamos a la agricultura,
no a la especulación”.