Los casos de corrupción acorralan a Lula
- // PACO ARJONA
Los últimos meses han sido duros
para el partido de gobierno en
Brasil. Las propias manifestaciones
a favor del presidente Lula da Silva
durante este último mes, cuyo Gobierno
está paralizado por las denuncias
de corrupción, exigen cambios
en la política económica. “Contra
la desestabilización y la corrupción”,
“Cambios en la política económica”,
“Reforma política ya”,
decían las pancartas desplegadas
por los manifestantes convocados
por la Coordinación de Movimientos
Sociales, que agrupa organizaciones
no gubernamentales y
sindicales.
Según Paulo Cesar Pittinini, uno
de los portavoces de los 10.000 manifestantes
del pasado 16 de agosto
en Brasilia, “la derecha en Brasil no
tiene autoridad moral para hablar
de corrupción, está aprovechando
las denuncias para desestabilizar al
Gobierno. Nosotros estamos aquí
para decirle al presidente Lula que
tiene nuestro apoyo, pero también
tiene que cambiar su política económica
y cumplir sus promesas de
campaña que hicieron que fuera elegido
por 53 millones de votos”.
En Brasil se encuentra la mayor
flota privada de helicópteros del
mundo, utilizados por hombres de
negocios para trasladarse desde sus
residencias a sus oficinas del centro
de Sao Paulo y Río de Janeiro y eludir
así el intenso tráfico y las favelas,
villas miseria que se ramifican alrededor
de las ciudades. En ellas habitan
25 millones de personas que viven
en la más absoluta miseria y son
víctimas de una violencia que provoca
48 asesinatos por cada 100.000
habitantes al año, una cifra siete veces
mayor que la registrada en
Nueva York.
Brasil es un país muy rico, con un
PIB de 600.000 millones de dólares.
Los números de la economía brasileña
son buenos, y está previsto que
al acabar el año el superávit de la
balanza comercial alcance los
36.000 millones. Está anticipando
los pagos de su elevada deuda externa
(280.000 millones de dólares)
al FMI y recibiendo importantes inversiones
extranjeras.
Esta riqueza en medio de tanta
pobreza explica que Brasil sea
también el país con mayor concentración
de renta del mundo. Para
el senador del Partido de los
Trabajadores (PT) Cristovam
Buarque, “la deuda mayor, la contraída
con los pobres brasileños,
aun no ha sido cancelada”. El gobierno
de Lula no ha presentado
en 30 meses un programa para
abolir la exclusión social y hacer
de Brasil una nación integrada, sin
embargo la renta del sector público
brasileño permitiría esa medida
sin provocar rupturas en los pilares
de la política económica.
Las críticas que desde sectores
internos del PT se hicieron a la política
claudicante con el FMI de
Lula se saldaron con expulsiones y
destituciones. Así, el partido creador
del “presupuesto participativo”
no demostró en los hechos que se
hubieran renovado las prácticas
políticas tradicionales. El sueño de
ofrecer una alternativa al pensamiento
único y al modelo neoliberal
había desaparecido.
Las revelaciones hechas por
Duda Mendoza, publicista de las
campañas electorales de Lula, de
que el PT le había pagado 10 millones
de reales en el paraíso fiscal de
la Bahamas, son letales. No sólo
porque un nuevo escándalo de corrupción
se suma a la trama del llamado
en Brasil mensalao, el pago
de sobornos a diputados de la oposición
para que se pasasen a los partidos
aliados al Gobierno. De acuerdo
con la ley, los partidos no pueden
tener cuentas en el extranjero,
y esto podía provocar incluso la disolución
del PT.
Hasta ahora ha sido habitual que
cuando la izquierda llega al
Gobierno, las necesidades de la gestión
desplacen las propuestas ideológicas.
Esta práctica ha sido aplaudida
por los medios y los partidos
conservadores, que se alegraban de
que el principio de pragmatismo se
impusiera sobre las pretensiones de
cambios políticos y sociales. Pero el
PT ha quedado atrapado por esa realidad.
No sólo ha adoptado diversas
prácticas corruptas de los partidos
tradicionales sino que al carecer de
un programa de cambios realistas,
que al mismo tiempo atienda la relación
de fuerzas y avance en la consolidación
de una democracia igualitaria,
corre el riesgo de perpetuar también
las políticas tradicionales y perder
sus bases de apoyo.