Calma tensa en la frontera de Colombia y Ecuador
El 20 de diciembre el presidente Rafael Correa recibió en Quito al Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR),
el ex presidente portugués
Antonio Guterres, con el fin de analizar
la temática de los refugiados colombianos
en suelo ecuatoriano.
Ecuador es el país con mayor número
de refugiados en América
Latina, el registro oficial asciende a
cerca de 53.000 personas colombianas
con ese estatus, lo que supone el
98% de los refugiados en el país, tras
un proceso acelerado de registro desarrollado
por el Gobierno de Correa
entre marzo de 2009 y abril de 2010
denominado Sistema de Registro
Ampliado. Sin embargo, diversos estudios
desarrollados por organizaciones
no gubernamentales estiman
que el número de refugiados se eleva
en realidad a unas 135.000 personas,
lo cual indica que, a pesar de los esfuerzos
gubernamentales, aún faltaría
más de la mitad de refugiados por
regularizar, dado que el proceso tan
sólo se desarrolló en las tres provincias
fronterizas del norte del país.
Se estima que el 60% de la población
refugiada en territorio ecuatoriano
vive en las ciudades –aproximadamente
40.000 en Quito– y la
mayoría del 40% restante permanece
cerca de la frontera con Colombia,
en regiones poco desarrolladas y aisladas,
con limitados servicios básicos
y carentes de infraestructuras.
Según ACNUR, la situación empeora
paulatinamente, dado que se registra
un flujo creciente de entrada
de población refugiada, unas mil personas
al mes, por la frontera con
Colombia. Es por ello que Antonio
Guterres ha levantado la voz de alarma
ante los propios refugiados colombianos
en su visita a la frontera
norte: “Quiero apelar a la comunidad
internacional para que dé más
apoyo para mejorar vuestra vida”.
Problemas en la frontera
La migración forzosa de miles de colombianos
que todos los meses escapan
de la guerra, los secuestros, los
“falsos positivos” y los abusos de grupos
armados y del Ejército, ha llevado
a que el Estado ecuatoriano se vea
desbordado a la hora de cubrir las
necesidades básicas de este colectivo,
a pesar de una política voluntarista
en ese sentido.
Consultado por DIAGONAL, el
ministro saliente de Seguridad Interna
y Exterior ecuatoriano, Miguel
Carvajal, declara que la ecuatoriana
“es una política de brazos abiertos,
pero implica gastos en salud, educación
y energía. Calculamos que, por
año, sólo en lo que tiene que ver con
refugiados, Ecuador invierte entre
39 y 50 millones de dólares”.
Al problema de los gastos que acarrean
los refugiados se le suma el
problema de seguridad interna que
implica para Ecuador su situación
fronteriza con Colombia, 700 kilómetros
de frontera de los cuales el
80% es zona selvática de difícil control.
Los gastos en seguridad y equipamiento
militar han aumentado
sustancialmente desde que en marzo
de 2008 el país fuera atacado en
una operación militar colombiana
contra un campamento clandestino
de las FARC en Angostura, zona selvática
a 1.800 metros de la frontera
con Colombia. En la llamada
Operación Fénix, el operativo militar
colombiano con apoyo logístico de
EEUU asesinó a 22 guerrilleros insurgentes
mientras dormían, entre
ellos a Raúl Reyes, segundo comandante
en rango de las FARC colombianas.
Según Carjaval, desde entonces
Ecuador mantiene una presencia
militar de diez a once mil efectivos,
lo que significa al menos cien millones
de dólares al año. “La frontera
norte de Ecuador” explica Carvajal
“ha visto cómo se han agravado los
problemas de seguridad, el tráfico de
armas, el narcotráfico, porque hay
cerca de 30.000 hectáreas de cultivos
de coca frente a Ecuador, y su procesamiento
requiere de laboratorios,
muchos de los cuales están instalados
a ambos lados de la frontera”.
Oswaldo Padilla, refugiado colombiano
ubicado en el poblado fronterizo
de Mataje, ha explicado a este periódico
que los refugiados viven en
un territorio que, “a pesar de ser
Ecuador, sufre el azote de la guerra
civil existente en nuestro país”.
Padilla refiere que la frontera es frecuentemente
violada por los grupos
armados –FARC, ELN y paramilitares–
que se disputan el control del territorio
en el sur del departamento
colombiano de Nariño. “A pesar de
la inseguridad a la que seguimos sometidos,
el documento de identidad
de refugiado ha sido una bendición
para nosotros; ahora se lo podemos
enseñar a la policía ecuatoriana para
que vea que somos legales en este
país y respeten nuestros derechos”
concluye Padilla.
Violencia contra los refugiados
A pesar de ello, el Comité contra la
Tortura de la ONU denunció en un
dictamen presentado el 19 de noviembre
en Ginebra, “continuos abusos
y actos de violencia contra la población
civil –en particular solicitantes
de asilo y refugiados de nacionalidad
colombiana– por parte de grupos
armados ilegales y miembros de
las fuerzas de seguridad ecuatorianas
y colombianas”, en zonas de
frontera. En el ámbito de responsabilidad
de Ecuador, el informe da
cuenta de “agresiones sexuales a refugiadas
y solicitantes de asilo, presuntamente
cometidos por miembros
de las fuerzas de seguridad del
Estado y las Fuerzas Armadas ecuatorianas”;
y, aunque reconoce que
no es la política impulsada desde el
Gobierno, en la práctica mujeres y
niñas, en su gran mayoría de nacionalidad
colombiana, son acosadas
sexualmente y amenazadas por los
uniformados ecuatorianos.
- Foto: Presidencia de la República de Ecuador
- ÁLVARO URIBE. El ex presidente de Colombia junto al ecuatoriano Rafael Correa.