El BBVA posee más de 25 sociedades en paraísos fiscales
- FRANCISCO GONZÁLEZ. El presidente del BBVA sucedió a Emilio Ybarra.
En la historia económica española
queda la incógnita de hasta qué punto,
cuando en 1999 decidieron fusionarse
los bancos BBV y Argentaria,
los directivos de este último eran
conscientes de la dimensión que alcanzaban
las cuentas secretas del
que sería su nuevo socio. El ‘banco
dentro del banco’ que poseía el
BBVA quedaba al descubierto años
más tarde tras una investigación de
la Audiencia Nacional en 2002. En
total, la caja B, abierta en 1987 en
Jersey (Islas del Canal) y ampliada
en 1991 en el paraíso fiscal de Liechtenstein,
sumaba unos 37.343 millones
de pesetas (224 millones de euros)
de los cuales 3.500 se invirtieron
en 22 fondos de pensiones a nombre
de ex consejeros del BBV, pertenecientes
a la élite económica del país,
entre quienes se incluía al entonces
presidente, Emilio Ybarra.
Desde entonces, la asociación
mental de ideas entre BBVA y áreas
de dudosa reputación fiscal ha sido
un problema de imagen especialmente
combatido por las campañas
de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) del banco. Así, a propósito
de estos paraísos, en 2005 el director
de la Responsabilidad Social del
BBVA, José Ángel Moreno, señalaba
“el compromiso de la dirección del
BBVA de ir reduciendo nuestra presencia
en los mismos”.
Desde entonces, las cifras ponen
en duda la puesta en práctica de ese
compromiso. El pasado mes de mayo,
la revista Capital señalaba una
lista de 27 sociedades del BBVA con
sede en conocidos paraísos fiscales
como Jersey o las Islas Caimán, o
países como Luxemburgo o Suiza,
que ofrecen un trato fiscal bastante
ventajoso. Con ello, junto a Telefónica
y Repsol, el Bilbao Vizcaya Argentaria
se sitúa entre las tres empresas
españolas del Ibex 35 con mayor
presencia en estas áreas.
Lejos de cualquier control
Sin preguntas sobre el origen del dinero,
con legislaciones fiscales laxas,
cuando no inexistentes, y lejos
del control de las administraciones,
las ventajas de mantener estas cuentas
superan con creces el daño que
pueda causar a la imagen del banco.
Ante estas prácticas también las
autoridades españolas miran hacia
otro lado. Según denunció en 2006
el Grupo de Acción Financiera Internacional,
la legislación no establece
prohibición alguna para mantener
relaciones comerciales con las sociedades-
pantalla. Tampoco el Gobierno
español cuenta con una estimación
sobre las sociedades que sirven
de pantalla a las empresas españolas
en paraísos fiscales. El motivo de la
falta de control lo explicaba la investigadora
de Economía Bibiana Medialdea
(DIAGONAL nº 15): “La función
de los paraísos fiscales no es
una consecuencia indeseada del funcionamiento
del sistema, vinculada
con la delincuencia y el blanqueo de
capitales. La existencia de los paraísos
fiscales es consustancial y necesaria
para la lógica de las finanzas”.
En esa línea, el pasado marzo se
hacía visible cómo los pecados fiscales
del BBVA no han de temer duras
represalias judiciales. Después de
cinco años la Audiencia Nacional resolvía
el escándalo de las cuentas secretas.
El fallo del tribunal declaró la
nulidad de las actuaciones y el archivo
del caso de las “cuentas secretas”
por la “inexistencia de perjudicados”.
Los sí beneficiados, ex consejeros
con fondos de pensiones millonarios
procedentes de paraísos fiscales,
respiraron con alivio.