Arrancan las protestas por la reforma laboral
- Foto Alberto
La prometida reforma laboral con acuerdo entre sindicatos, patronales
y Gobierno, uno de los objetivos
principales del programa de José
Luis Rodríguez Zapatero, no termina
de arrancar. Sin embargo, pequeños
sindicatos de empresa y sectoriales,
o centrales alternativas con
presencia en todo el Estado, no han
esperado a que se apruebe para protestar
contra un proceso que significará,
en su opinión, nuevas medidas
precarizadoras del empleo.
La falta de información sobre las
negociaciones es una de las principales
críticas que estos grupos dirigen
contra quienes se sientan alrededor
de la mesa: CEOE y CEPYME
del lado empresarial, representantes
de Trabajo por parte del Gobierno, y
por último CC OO y UGT, a los que
un encuentro sindical celebrado en
Granada pidió en noviembre la retirada
de las conversaciones.
El 26 de enero, una concentración
frente a la sede barcelonesa de la patronal
catalana Foment del Treball
marcó el comienzo de una de las
campañas. Según informaba el portal
alternativo Insurgente, 300 personas
secundaron la acción, antes de
ocupar temporalmente un concesionario
de Volkswagen en protesta por
los despidos producidos en Seat, filial
de esta corporación alemana.
La coincidencia de ambas luchas
no es casual. Desde hace semanas,
las protestas contra la reforma laboral
no son el único espacio de confluencia
del sindicalismo crítico catalán:
el carácter simbólico de las luchas
en los dos centros de la compañía
en Barcelona ha facilitado que se
extienda la solidaridad fuera de los
muros de sus fábricas. La constitución
de un comité de apoyo a los despedidos
y la propia acción conjunta
del día 26 son prueba de ello. Que
ambas denuncias tengan como principales
destinatarios a las direcciones
de CC OO y UGT también ha
contribuido a la unión.
Luis Blanco, de la Intersindical Alternativa
de Catalunya (IAC), explica
que “al igual que la reforma laboral,
los despidos en Seat y otros conflictos
laborales responden a una política
general de la patronal que, con
el apoyo de CC OO y UGT, busca reducir
los costos laborales”. Esta central,
presente en la Administración
pública, la enseñanza y la sanidad
catalanas, es uno de los integrantes
de la campaña unitaria comenzada
el 26, en la que participan más
de 30 organizaciones, colectivos y
asambleas locales.
Del May Day a la reforma
En opinión de Laurentino González,
del sindicato Cobas (Comités de
Base), la composición de este pequeño
movimiento es “necesariamente
plural”, y pone como ejemplo el último
May Day o primero de mayo de
los trabajadores precarios celebrado
en Barcelona: “Ninguna organización
por separado habría juntado a
tanta gente”, con lo que “tiene mucha
importancia en estos momentos el
ser flexibles y el no pensar que cada
uno tiene la verdad y la voz única”.
Según González, para marzo la campaña
unitaria catalana puede estar
en condiciones de preparar una manifestación
más fuerte y organizada.
Sevilla fue la otra capital del May
Day en 2005, y estaba previsto que
su manifestación del día 29 fuera la
señal de salida para la campaña unitaria
andaluza. No obstante, divergencias
de última hora hicieron que
dos de sus convocantes iniciales, el
Sindicato Unitario de Huelva y la
Coordinadora de Trabajadores de
Andalucía, prepararan su propia
convocatoria para el día 28 en
Córdoba. El motivo de estas diferencias
fue que el Estatuto Obrero, un
programa para el cambio integral del
actual Estatuto de los Trabajadores,
no se incluyó finalmente en el manifiesto
unitario.
Como en Barcelona, el espacio
de oposición a la reforma laboral
en Sevilla se nutre tanto del May
Day como del encuentro sindical
de Granada, en una mezcolanza no
siempre idílica: en las últimas semanas
CNT, sindicato especialmente
activo en la capital andaluza,
se ha descolgado también de la
convocatoria. Entre quienes no
apoyan la iniciativa se encuentra
por otro lado el Partido Comunista
de Andalucía, que se ha manifestado
en contra de secundar una manifestación
crítica con lo que denomina
su “opción sindical”: Comisiones
Obreras.
La Confederación General del
Trabajo (CGT), que se puede considerar
la principal organización sindical
alternativa de ámbito estatal,
ha mantenido diferentes posturas
según sus federaciones locales. En
Andalucía se ha sumado a la convocatoria
unitaria de Sevilla, mientras
que en Barcelona se mantiene
al margen, como también ha sucedido
hasta el momento en Madrid.
CGT mantiene su propia campaña
confederal a través de ruedas de
prensa, actos públicos y asambleas
informativas en los centros de trabajo.
La organización ha editado
con este objetivo más de medio millón
de folletos informativos, 70.000
pegatinas y 12.000 carteles.
Una movilización convocada en
diciembre por CGT y la Coordinadora
Sindical de Madrid ha sido
hasta ahora la única cara visible
de la oposición a la reforma laboral
en la capital del Estado. Las
reuniones entre organizaciones
sindicales, sociales y políticas no
habían cristalizado, al cierre de esta
edición, en ninguna iniciativa
pública conjunta.
Pacto social: sin prisa pero sin pausa
Mientras la atención pública
sigue centrada en el Estatut y
en el País Vasco, el Ejecutivo
del PSOE va completando un
programa de gobierno con
importantes repercusiones
económicas: pasado el proceso
de regularización de inmigrantes,
a la Ley de Dependencia
se le suma ahora una
reforma fiscal que rebajará
progresivamente el impuesto a
los beneficios empresariales y
reducirá la capacidad de diferenciación
de rentas dentro
del IRPF (en camino hacia un
solo tipo impositivo para
todos los niveles de renta),
mientras quedan por concretar
los impuestos medioambientales
que deberán compensar
la reducción en las
recaudaciones.
Entre las tareas todavía no
alumbradas por el llamado
diálogo social -el gobierno
conjunto del Ejecutivo, las
patronales y los dos grandes
sindicatos- quedan pendiente
la reforma de las pensiones y
la reforma del mercado de trabajo.
En la primera hay coincidencia:
la óptica es la de un
menor gasto en pensiones en
relación a la cantidad de pensionistas.
La segunda permanece
estancada, pero hay signos
de entendimiento:
mientras se conocía que en
2005 sólo un 4% de los convenios
contempló medidas
para limitar la temporalidad, el
secretario general de CC OO,
José María Fidalgo, afirmó que
se pueden confiar los supuestos
objetivos de la reforma -reducir la tasa de temporalidad-
a esa misma negociación
colectiva. Estas declaraciones
suponen un intento por
distender las conversaciones
con el Gobierno. Implican una
rebaja de la posición inicial de
CC OO y UGT, que consideraban
inaceptable una reforma
sin medidas que limitaran el
abuso de la contratación
temporal. El año pasado se
cerró con una temporalidad
del 33,7%, según la Encuesta
de Población Activa: se
trata de un porcentaje idéntico
al de hace una década.
Mientras avanzan las negociaciones,
ya es definitiva la
firma de los acuerdos de
contención salarial para
2006, lo que supone otra
de las patas de ese mismo
diálogo social, del que,
dadas las circunstancias -alta inflación y altos beneficios
empresariales-, se
puede afirmar que goza de
buena salud.