Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’
- PABLO ESCOBAR. Uribe utilizó su helicóptero para ir al entierro de su padre / Jnemes.warlock ! www:flickr.com
El mandatario colombiano fue recibido
entre otras personalidades por
el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno
José María Aznar y Felipe
González, así como por el líder de la
oposición Mariano Rajoy.
Pero como si el apoyo de los líderes
españoles fuera poco, también
Javier Solana, ministro de Relaciones
Exteriores de la UE, quiso dejar
constancia de cómo se sitúa Europa
en el conflicto colombiano: “Todas
las ideas que ponga Uribe en la mesa
serán apoyadas por la UE. Tenemos
plena confianza en él… y tiene
todo nuestro apoyo”.
La relación del Estado español y
la UE con el actual Gobierno colombiano
está siendo cuestionada
por el conjunto de organizaciones
sociales y defensoras de los derechos
humanos del planeta, y de manera
especial por las que actúan y
sufren la represión sobre el terreno.
Este respaldo, además, viola todas
las cláusulas internacionales
que los países de la UE tienen establecidas
para no colaboración con
Gobiernos implicados en el tráfico
internacional de estupefacientes.
Narcoparamilitarismo y Uribe
La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo
y el narcotráfico viene
de lejos. A principios de los ‘80, cuando
el actual mandatario colombiano
ejerció durante 28 meses como director
del Departamento de Aviación
Civil, apoyó con múltiples licencias
aéreas, hangares y pistas de aterrizaje
en fincas privadas a diferentes capos
del narcotráfico, entre los que
destaca Jaime Cardona (considerado
el número dos del cártel de Medellín
en aquella época), según denunció el
escritor colombiano Fabio Castillo
en su libro Los jinetes de la cocaína.
Los negocios turbios en su entorno
tampoco son nuevos. El periodista
Nelson Sánchez Abaúnza escribió
una documentada crónica en la revista
Cromos, en la que señaló cómo
se había extraído 43 millones de pesos
(aproximadamente unos 550.000
dólares) del Departamento de Aviación
Civil, a través de la firma de un
“contrato fantasma” que Uribe estableció
con la entidad Colasesores, la
cual meses antes había sido embargada
por el Banco Real de Colombia.
Otro episodio alarmante de la biografía
de Uribe tuvo lugar el 15 de
junio de 1983: cuando falleció su padre
(Alberto Uribe Sierra, un conocido
especulador de fincas y caballos,
muy bien relacionado con los líderes
del narcotráfico en Antioquia
y que murió en un tiroteo con las
FARC), el actual presidente colombiano
se desplazó a la finca Guacharacas,
lugar de los sucesos, en un helicóptero
propiedad de Pablo Escobar.
Preguntado por este hecho,
Uribe se limitó a decir que fue fruto
de la casualidad. Sin embargo, en el
sepelio de su padre, destacaban entre
los invitados tanto Pablo Escobar,
líder del cártel de Medellín, como
el clan de los Ochoa.
En su libro Mi confesión, el difunto
líder narco-paramilitar, Carlos Castaño,
jefe de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), afirma que “la
base social de las Autodefensas lo
considera [a Uribe] su candidato presidencial”,
y prosigue: “Es el hombre
más cercano a nuestra ideología y filosofía”.
Castaño describe: “Como
gobernador de Antioquia, Uribe
Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas
de seguridad con las cuales
nunca estuve de acuerdo (las Convivir).
No voy a negar que a las Autodefensas
les sirvió, pero no tanto se
avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon
fueron los traficantes, que
se dedicaron a montar pequeñas
Convivir en sus fincas. Era habitual
ver cinco camionetas Toyota, con un
‘narco’ adentro escoltado de manera
impresionante y sus guardaespaldas
portando armas amparadas por el
Estado”.
Uribe fue el autor de la fórmula
Convivir: cooperativas de seguridad,
agrupación de ciudadanos, un comité
coordinador y una central privada
de comunicaciones, todo ello con
dotación de armas. Se crearon 690,
de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron.
Según la Secretaría de
Derechos Humanos y Libertades:
“Estas organizaciones se convirtieron
en bandas de maleantes y asesinos,
transformándose en grupos punitivos,
que terminaron asesinando
y secuestrando. Fueron utilizadas
por los terratenientes y narcotraficantes
para aplicar la política contrainsurgente
de ‘tierra arrasada’ en
numerosas zonas campesinas y en
la misma capital de Antioquia”.
Según la ONG internacional Pax
Christi: “Significó la plasmación
práctica de una visión fascista del
Estado, con fundamental aplicación
en las zonas de cultivo ilegal”.
En muchos casos, la relación de
Uribe con el narcotráfico y la parapolítica
se ha dado a través de intermediarios.
Destaca en ese sentido
el papel del senador Mario
Uribe, primo hermano del mandatario.
Fue amigo incondicional de
Pablo Escobar: lo visitó en la represa
del Peñol cuando el capo estaba
“en la clandestinidad”, y lo previno
en alguna oportunidad para
que lograra eludir la acción de la
Justicia. Mario Uribe es el líder
fundador del partido uribista Colombia
Democrática y en la actualidad
se encuentra investigado
junto a otros 40 congresistas por
vínculos con la “parapolítica”.
El ‘entorno’ de Uribe
Con Uribe están alineados políticamente
la mayoría de los congresistas
y políticos vinculados al ‘Proceso
8.000’. Aunque se trata de individuos
a quienes las autoridades
judiciales han dejado fuera de la política,
muchos de ellos han expresado
en diversas formas su respaldo
al presidente de la República.
El primero de todos es Fernando
Botero Zea, quien ha asesorado a
Uribe en temas específicos de su
campaña electoral. Botero estuvo
implicado en el robo de millones de
dólares girados por el cártel de Cali
a la campaña de Ernesto Samper,
que él desvió hacia sus cuentas en
el exterior. En la actualidad vive
exiliado en México, aunque se sabe
que entra en Colombia cada vez
que Uribe lo requiere.
También destaca el apoyo de
Alberto Santofimio Botero, el ex
controlador Rodolfo González
García, los ex parlamentarios César
Pérez García, Tiberio Villareal,
Fuad Char y el empresario Carlos
Náder. Santomifio, Pérez García y
Villareal pasaron varios años en la
cárcel por sus vinculaciones con el
narcotráfico. González García fue
absuelto en un caso similar por
“razones de tipo técnico”, pero jamás
demostró su inocencia. EE
UU retiró la visa a la familia Char
y los introdujeron en la famosa
‘Lista Clinton’ (personas relacionadas
con el narcotráfico), cuando
comprobaron que estaba implicado
en lavado de dinero producto
del narcotráfico. Uribe sigue
apoyando a estos personajes.
Recientemente indicaba que
“Fuad Char es un hombre respetable
en su vida pública y privada”,
a la vez que apoyaba a su hijo
Alex (gran especulador inmobiliario)
en su candidatura a la
alcaldía de Barranquilla.
El empresario Carlos Náder,
también en la ‘Lista Clinton’, tampoco
puede entrar en territorio
norteamericano. Sobre él recae
una condena de seis años de prisión
por tráfico de drogas. Tanto
su esposa como él mismo, brindan
alojamiento en sus casas particulares
de Miami y Madrid respectivamente
cuando el mandatario se
desplaza a estos territorios.
Pero el caso más complejo de las
personas que apoyan a Uribe es el
de su segundo de abordo en la gobernación
de Antioquia, Pedro
Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente
en accidente de avión
el 24 de febrero de 2006). En 1997 y
1998 agentes de la DEA decomisaron
50 toneladas de permangánato
de potasio. Las investigaciones demostraron
que estos insumos, suficientes
para fabricar 500 toneladas
de hidroclorato de cocaína, con un
valor de 15 millones de dólares en
el mercado, fueron importados por
la empresa GMP Productos Químicos,
con sede en Medellín, propiedad
de Moreno Villa. Según denuncia
Joseph Contreras, corresponsal
de Newsweek y autor del libro
El Señor de las Sombras – Biografía
no autorizada de Álvaro Uribe
Vélez en agosto de 2001, Donnie
R. Marshall, jefe de la DEA, denunció
que “GMP fue el más grande
importador de permangánato de
potasio en Colombia”. Según
Marshall, “quien controle el mercado
de permanganato de potasio
en Colombia, controla el tráfico
global de cocaína procesada”.
Según la DEA, 200 toneladas fueron
vendidas por la compañía
GMP en el tiempo en que Moreno
era secretario de gobierno de
Uribe en Antioquia.
De igual manera, el actual presidente
de Colombia fue relacionado
con el narcotráfico durante su
desempeño por tan sólo cuatro
meses, como alcalde de Medellín.
Según Joseph Contreras, su salida
del cargo fue debida a que el entonces
presidente Betancur detectó
su presencia en una cumbre (finales
del 1982) de los cuatro grandes
del cártel de Medellín (Pablo
Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter
y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los
servicios de inteligencia detectaron
varios testigos, y para colmo
Uribe incluso fue llevado a esa reunión
clandestina en un helicóptero
propiedad de los capos. Al presidente
no le quedó otro camino que
ordenar que lo sacaran sigilosamente
de la alcaldía.
El 11 de marzo de 1984, un año
después de que Uribe dejara de ser
alcalde, y en plena campaña electoral
al Senado, durante un operativo
de las autoridades antinarcóticos,
se decomisó un helicóptero
Hughes-500, modelo 369D, con matrícula
HK 2704-X. El 21 de abril,
Uribe se entrevista con Enrique Parejo,
en aquel momento ministro de
Justicia, para explicarle que su familia,
propietaria del helicóptero,
no estaba implicada en el narcotráfico,
y que simplemente “lo habían
prestado a un amigo”.
ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977
_ El Gobierno de Uribe representa
la necesidad de centralizar el
poder ejecutivo para lograr una
unidad de mando en la guerra
contra la insurgencia y contra
cualquier tipo de oposición
popular que se genere. Su
modelo económico se caracteriza
por una gran acumulación y
concentración de capital y tierras
en pocas manos, mientras el
capital financiero controla las
arterias vitales de la economía.
Hoy, el 50% de los colombianos
viven por debajo de la línea de
miseria, y el 10% en condiciones
de indigencia. Mientras tanto,
unos pocos concentran en sus
manos una altísima proporción
de la riqueza. Tan sólo en los
dos primeros años de su mandato,
dos de los más grandes grupos
económicos del país ya
habían triplicado su riqueza.
Según denuncian las ONG de
derechos humanos en Colombia,
su proyecto de Estado es fascista,
sustentado en elementos
como centralización del poder
ejecutivo, el control y disminución
del Congreso, el fortalecimiento
del aparato militar, el
desarrollo de la estructura paramilitar
y la negación de las libertades
democráticas. Según la
Asociación de Familiares Desaparecidos
(Asfades) se supera
la cifra de 7.300 desaparecidos
en Colombia desde 1977. Sin
embargo Gloria Gómez, directora
de esta asociación, indica que la
cifra real podría superar los
15.000, dado que en muchas
ocasiones las familias no denuncian
por miedo a las posibles
represalias. Para Asfades, el principal
actor represivo en Colombia
es el paramilitarismo, seguido
por el Ejército y de lejos la
insurgencia. Uribe ha extraditado
a delincuentes comunes y a presuntos
guerrilleros hacia EE UU,
pero se comprometió a no extraditar
a los paramilitares, es decir,
a los más peligrosos miembros
del crimen organizado.