La degradación del Mar Menor, un problema europeo
El colapso del Mar Menor en Murcia, sufrido y denunciado desde hace años por vecinos, organizaciones ecologistas y grupos políticos de la oposición, ha llegado al Parlamento Europeo. Una delegación con representantes parlamentarios, concejales, pescadores, agricultores y grupos ecologistas culmina hoy una visita de dos días mediante la que esperan que el Parlamento Europeo ponga en marcha diversas medidas de supervisión y control de las políticas desarrolladas por las autoridades locales para hacer frente al deterioro de las aguas de esta laguna salina.
La delegación quiere que el pleno del Parlamento apruebe una declaración conjunta que sitúe el problema de contaminación en el Mar Menor “como un problema de toda Europa”. La rápida degradación de las aguas en la zona -que para la delegación se trata de una "emergencia ambiental"- ha hecho que la consejería autonómica de Medio Ambiente anunciara poco antes de este verano un plan urgente para su descontaminación, que vino acompañado de mensajes tranquilizadores sobre que las aguas eran aptas para el baño.
Pese a que el conjunto de medidas adoptadas sólo este año por las distintas administraciones –desde el ministerio de Medio Ambiente hasta la consejería autonómica, pasando por la Confederación del Segura- es numeroso, la delegación se presenta en Bruselas con el mensaje de que falta una planificación y gestión efectiva de los espacios naturales y de que las iniciativas para una gestión integrada de la laguna y su cuenca han resultado frustradas.
Según diferentes expertos, las raíces de este deterioro se encuentran en la sobreexplotación de la zona debido al turismo y, sobre todo, en la multiplicación de las hectáreas de regadío en la cuenca del Segura. Las sustancias derivadas del abono y los pesticidas de la agricultura se han ido depositando en la laguna –a fin de cuentas, un mar cerrado- para alterar de manera drástica su composición y producir pérdida de biodiversidad, proliferación de algas y medusas y mayor turbiedad de las aguas. Organizaciones como Ecologistas en Acción llevan años denunciando los efectos del regadío en la disponibilidad y calidad del agua, también en las zonas costeras.
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Desde mayo existe un plan en proyecto, impulsado por la consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional (PP), para que este territorio sea declarado Zonas Especiales de Conservación y para la aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000 del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. El plazo de alegaciones para el proyecto terminó en agosto tras sólo dos meses de exposición, y la delegación considera una constante la “omisión de deberes de difusión y participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la laguna”.
La delegación, agrupada en la Plataforma por el Mar Menor, se reunirá con europarlamentarios españoles y con representantes de tres comisiones: la de Peticiones, la de Medio Ambiente y la de Transportes. La plataforma quiere que representantes del Parlamento Europeo visiten la zona y elaboren un informe. En la misma línea, pedirán a la cámara representativa europea que interceda ante la Comisión Europea –el equivalente a un Ejecutivo comunitario- “para que brinde asistencia en el análisis y conocimiento de eventuales incumplimientos de Derecho comunitario, en relación a procedimientos de infracción ya iniciados o por iniciar”. El objetivo, que el hermano mayor europeo de un toque a las autoridades españolas antes de que sea demasiado tarde.
De momento, el comsiario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha anunciado que el Ejecutivo comunitario tomará "medidas adecuadas" si concluye que España ha vulnerado la normativa ambiental europea en el caso del Mar Menor. En respuesta a la eurodiuputada de Podemos, Lola Sánchez Caldentey el 19 de septiembre, Vella explicó que "si la investigación en curso apuntara a un posible incumplimiento de la legislación pertinente de la UE, la Comisión Europea, como garante de los Tratados, adoptaría las medidas adecuadas, entre las que podría incluirse la apertura de procedimientos formales de infracción".