Un mantero detenido por la Guardia Urbana termina en el CIE de Zona Franca
Issa Seye, un ciudadano senegalés que, desde hace diez años, se dedica a la venta ambulante en las calles de Barcelona, fue detenido el sábado al mediodía en el pasillo de acceso a la estación de metro de Drassanes. Seye descansaba sobre su fardo, en compañía de una decena de compatriotas, en espera de que los agentes de la Guardia Urbana abandonaran la parte baja de la Rambla. Pero, de repente, una veintena de agentes –mitad antidisturbios, mitad de paisano– bajaron al suburbano y los rodearon. La policía centró su interés en Seye, a quien esposó e introdujo en un coche patrulla.
Según detalló telefónicamente a La Directa, Seye estuvo entre quince y veinte minutos en las dependencias de la policía municipal de la Rambla y, después, pasó una revisión médica en el centro de salud Peracamps. A continuación, lo trasladaron a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española situada en el barrio de la Verneda, donde está la sede del departamento de extranjería.
El mantero pasó la noche en los calabozos y el domingo fue trasladado hasta la Ciudad de la Justicia. El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha acordado su internamiento durante un máximo de sesenta días, mientras espera que el Grupo Operativo de Extranjeros del CNP señale el día de su "devolución" a Senegal. "Estoy aquí encerrado en unas condiciones lamentables; la comida es muy mala y, de noche, nos atacan los mosquitos. Sólo somos ocho personas encerradas en el CIE ahora mismo", explicó Seye desde su celda, donde actualmente se permite la posesión de teléfonos móviles. "Yo no puedo vivir en estas condiciones durante dos meses. Si me quieren deportar a Senegal, que lo hagan rápidamente, por favor, o que me dejen libre", es el mensaje que ha pedido a La Directa que difunda.
SOS Racismo ha hecho pública la situación esta mañana a través de un comunicado, en el que denuncia la persecución policial que sufre Seye desde hace tiempo: "De las cinco denuncias que le llevamos, en dos de ellas ha sido absuelto después de que se comprobara que eran falsas y las otras tres se han archivado", apunta la entidad, que lamenta el hecho de que "el Estado, a través de los cuerpos policiales, no sólo utiliza la vía penal para castigar la marginalidad y la inmigración, sino también la ley de extranjería para deshacerse de aquellos que no tienen miedo de defender sus derechos ".
"Le hemos visitado esta mañana en el CIE y nos hemos comprometido a batallar para que no lo deporten, por eso ya hemos presentado un recurso", nos adelanta Alicia Rodríguez, responsable del Servicio de Atención y Denuncia para las Víctimas de Racismo y Xenofobia (SAID) de SOS Racismo. "Nos sorprende ver que el auto de internamiento hace referencia a 41 detenciones policiales, cuando sabemos que todas ellas tienen relación con la actividad de la venta ambulante", se queja Rodríguez.
La juez, además, justifica el procedimiento de expulsión en que Seye "ha vulnerado la prohibición de entrada a todo el espacio Schengen durante cinco años" dictada el 19 de octubre de 2015 después de una detención, también por parte de la Guardia Urbana de Barcelona. Aquella orden fue recorrida por los servicios jurídicos de SOS Racismo, que nunca obtuvieron respuesta, según denuncian.
Por su parte, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, en otra nota enviada a los medios de comunicación, hace hincapié en la incongruencia que para la organización representa el hecho de que episodios como el de Seye pasen al mismo tiempo que la Ayuntamiento de la ciudad haya puesto en marcha una campaña de apoyo a las refugiadas, que incluye un contador que actualiza el número de personas muertas intentando cruzar el Mediterráneo. "Hoy se hablará de las personas que dejan su vida intentando cruzar el mar, pero de lo que no se hablará es de los inmigrantes que sobrevivimos al viaje y hoy vivimos en Barcelona", señala el comunicado, que concluye: "hoy la ciudad refugio guarda un vergonzoso silencio ante la detención de un compañero mantero que ha terminado en el CIE, y que está a la espera de ser expulsado, por el único delito de vender en la calle ".
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La historia de un mantero estigmatizado
Seye ha sufrido una persecución policial especial durante años. Los antidisturbios UPAS (Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad) lo llamaron "el mandíbula· y con este apodo apareció en medios como La Vanguardia, que el año pasado la señalaba como líder de la resistencia contra las intervenciones policiales. Este senegalés fue atropellado por una motocicleta de la Guardia Urbana en la pasarela del Moll de la Fusta el 29 de mayo de 2012.
Una resolución judicial consideró probado el atropello, pero, en un litigio posterior –de reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Barcelona– instado por SOS Racismo, se desestimó una indemnización de 15.000 euros, entendiendo que el agente que conducía la motocicleta le había lesionado "de manera involuntaria". Seye fue uno de los protagonistas del documental Vuelos de deportación emitido por TV3 el 3 de abril de 2016 en el programa 30 minutos.
Un mantero de Salou también ingresa en el CIE
El ingreso de Seye parece haber abierto de nuevo el flujo de entrada de vendedores ambulantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Según ha podido confirmar la Directa, esta mañana de jueves ha ingresado en el CIE un vendedor ambulante detenido en Salou a principios de semana. Con él ya serían nueve los migrantes cerrados en el recinto de la Zona Franca. En paralelo a esto, de madrugada las unidades de investigación de Mossos de los distritos de Ciutat Vella y el Eixample dirigían una operación contra manteros en un piso particular de la calle Calabria.
Agentes del ARRO Barcelona, capitaneados por el subinspector Jordi Arasa, han reventado la puerta del inmueble poco después de las seis de la mañana. Se han llevado esposado –en calidad de detenido– a Lamine Sarr, uno de los portavoces del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, y en otros seis senegaleses con quien compartía vivienda. Según los Mossos, han encontrado al inmueble miles de productos para la venta, material para la falsificación y dinero en metálico, y la acusación es por un presunto delito contra la propiedad industrial.