Incertidumbre para la educación de 0 a 3 años en Madrid
Plantillas, pequeñas empresas, cooperativas y asociaciones de madres y padres de alumnos se concentran mañana miércoles frente al Ayuntamiento de Madrid por la incertidumbre del futuro inmediato de las escuelas infantiles. En agosto termina el contrato de 48 escuelas de 0 a 3 años –de un total de 52– en la ciudad de Madrid, y esta comunidad educativa no sabe todavía con exactitud qué condiciones regirán los próximos pliegos de contratación de las escuelas infantiles.
Las reuniones con el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento (Ahora Madrid) se están sucediendo, la última de ellas esta misma mañana, para llegar a una solución, pero a día de hoy los educadores están pendientes de que un informe técnico de los servicios jurídicos municipales valore la posibilidad de 'retener' un año los nuevos concursos. De lo contrario, en junio tendrán que salir los nuevos pliegos de condiciones. Y con ellos, la batalla por presentar un proyecto que garantice la calidad del servicio y sea competitivo.
El centro del conflicto es, según explica a Diagonal la dirección de una escuela infantil en el centro de Madrid, la precarización de las condiciones de los pliegos tal y como los presenta el Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP). El peso de las condiciones económicas para optar al concurso hace que las grandes empresas como Clece (de Florentino Pérez) o Grupo Cinco presenten ofertas más competitivas que lentamente van apartando a las asociaciones, cooperativas y pequeñas empresas que hasta hace una década dominaban este sector. “Hoy sólo somos el 30% de las empresas”, explican desde este centro.
Lo que quieren precisamente las asociaciones –o su planteamiento de urgencia– es que el Ayuntamiento saque los pliegos “con mejores condiciones de las que ofrece la Comunidad” o, en su defecto, que estos pliegos no salgan hasta el año que viene. La Asamblea de Madrid redujo levemente el peso de los aspectos económicos en los criterios de concesión, pero estos siguen representando un 35% de los puntos (antes era un 45%), frente a un 50% el proyecto educativo y un 15% las mejoras de personal.
Durante la campaña electoral que la llevó a la alcaldía, Manuela Carmena hizo de la educación de 0 a 3 una de sus banderas, en una ciudad donde la liberalización introducida en la práctica por el PP en 2008 no ha contribuido ni a bajar los precios ni a mitigar la carencia de plazas. Pese a la bajada de precios del 20% aprobada por el Gobierno regional este año, las tasas siguen siendo mucho altas que antes de la liberalización de facto que supuso la entrada de los criterios económicos: si con anterioridad había una cuota cero más el comedor, hoy la cuota mínima es de 80 euros más el comedor. De ahí para arriba. Dado que el sistema de acceso a las plazas penaliza de hecho a los hogares con uno de sus miembros en paro –por entenderse que tienen más tiempo para sus hijos–, ni siquiera puede hablarse de déficit de plazas en todos los distritos: “En algunos la gente directamente ha huido”, cuenta la dirección del centro, que señala que en el relativamente acomodado distrito de Arganzuela las peticiones sobrepasan en unas 700 plazas a las 200 existentes.
Revertir esta situación se ha demostrado complicado una vez Ahora Madrid llegó al poder: el 60% de la financiación de estas escuelas infantiles las aporta la Comunidad de Madrid, lo cual convierte al Gobierno municipal en relativamente dependiente de los criterios marcados desde el Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes (PP).
De hecho, la propuesta inicial de la concejalía de Marta Higueras era sacar ya los pliegos y por sólo un año de duración, frente a los 5 años que piden las asociaciones. Los motivos para preferir periodos más largos van desde la calidad del propio proyecto educativo hasta las previsiones de que, año tras año, la puja por los contratos se vuelva más dura. En cuanto a lo primero, dos concursos en apenas un año pueden suponer, para un mismo niño, pasar por tres equipos distintos de educadores en sus tres años de educación infantil, en el caso de que la licitación cambie de manos. Y según recuerda la dirección del centro consultada por Diagonal, “las escuelas están ya bastante deterioradas y algunas han tenido que bajar su oferta económica hasta un 20%” para poder competir.
En la reunión celebrada entre los sindicatos, la federación madrileña de asociaciones de madres y padres de alumnos (FAPA Giner de los Ríos) y el área presidida por la concejala Higueras, ésta ha manifestado su voluntad de llegar a una solución. Según ha podido saber Diagonal, la intención comunicada por el Ayuntamiento a largo plazo es actuar con criterios distintos a los de la Consejería de Educación regional: un precio fijo de concesión del servicio y, a partir de ahí, unos baremos que sólo tengan en cuenta aspectos técnicos y de proyecto educativo.
Mientras tanto, los servicios jurídicos municipales estudiarán la viabilidad de prorrogar un año más la salida de nuevos pliegos, algo complicado debido a la ley de Contratación Pública marca plazos estrictos para la licitación de servicios públicos una vez terminado un contrato. Pero ha pasado un año desde la llegada del nuevo ayuntamiento y ya habrá denuncia pública en la calle: mañana miércoles a partir de las 6 hay concentración de Ameigi (la asociación que junta a las pequeñas emproesas y cooperativas), CC OO, UGT y Fapa Giner de los Ríos.